Cuando al finalizar la primera década del siglo XXI la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer su informe sobre el estado que guarda el combate a la pobreza en América Latina las esperanzas eran respaldados por los números: en aquel momento 30.1% de la población latinoamericana se encontraba viviendo en pobreza, pero casos emblemáticos como Brasil y Bolivia hacían crecer el optimismo de que era posible reducir es porcentaje. Sin embargo, resulta que hace apenas unos días la CEPAL dio a conocer su nuevo informe, titulado Panorama social para América Latina, y anuncia un ligero retroceso (30.8% de población en pobreza, lo cual representa unos 6 millones de personas) y una tendencia hacia el crecimiento del número de personas viviendo en condición de pobreza en toda América Latina (se puede consultar Aquí).
Hablando puntualmente: en los últimos cuatro años, 6 millones de personas pasaron de una condición de no-pobreza a pobreza; y una cantidad similar pasó de ser pobres a vivir en pobreza extrema. Los países que más contribuyeron a ese crecimiento son –dice el informe de la CEPAL– Brasil y Venezuela. Pero al momento de presentar dicho informe la CEPAL hizo, además, una advertencia a todos los países de la región sobre la actual condición: “Es muy preocupante y enciende fuertes señales de alerta, en especial en un contexto regional marcado por el bajo crecimiento, emergencia climática, aumento y mayor complejidad de la migración, y profundas transformaciones en la demografía y el mercado de trabajo”
En números redondos, el informe publicado por la CEPAL dice que en la región latinoamericana (la más desigual del mundo) al cierre de este año hay unos 191 millones de personas viviendo en situación de pobreza, lo cual contrasta con los 185 millones de su informe anterior (2015). La región cerrará 2019 con 27 millones de personas pobres más que en 2014. Casi todas ellas —26 millones—, en situación de carestía extrema.
En el multireferido Informe se analiza que “el fin del auge de las exportaciones de materias primas y la consiguiente desaceleración [económica] cambió la tendencia a partir de 2015. [Pero] el proceso se agudizó por la disminución del espacio fiscal y las políticas de ajuste que afectaron a la cobertura y la continuidad de las políticas de combate a la pobreza y de inclusión social y laboral” ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que la región está a expensas de las dinámicas de la economía globalizada, mismas que hace unos años compraban a esta región gran cantidad de productos básicos, pero hoy ya no y, para mantener “los equilibrios macroeconómicos y la disciplina fiscal”, como dictan los mandamientos de la economía de libre mercado, los gobiernos de la región han decidido recortar presupuesto a los programas sociales, dejando a millones de personas en una situación de absoluta vulnerabilidad económica y social.
No debe perderse de vista que para cuando la CEPAL dio su informe del año 2015, en el que anunció una disminución del número de personas en pobreza en la región latinoamericana, en varios países de la región llevaban ya algunos años en el gobierno personajes como Lula da Silva, Evo Morales, Cristina Fernández, Jose Mujica, Michelle Bachelet y otros, a los que se les identifica por haber puesto en la agenda pública de sus países el combate a la pobreza, la reducción de la desigualdad social, la inclusión y la redistribución de la riqueza como temas prioritarios.
Luego de algunos años, en varios países de esos países ha sobrevenido un cambio hacia regímenes más bien identificados con las políticas neoliberales, cuyos recortes a los programas sociales empiezan a tener consecuencias. Hay muchos más datos interesantes en el Informe de la CEPAL, pero baste subrayar por el momento que se está advirtiendo con base en los números y las tendencias que no sólo Latinoamérica es la tierra de la desigualdad, sino que el combate a la pobreza sigue siendo prioritario, lo cual no sólo exige crecimiento económico (el cual se ve ahora muy complicado debido al entorno mundial), sino que el mismo debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas (que transfieran recursos de las capas más ricas de la población a las menos favorecidas, vía la recaudación de impuestos). A la luz de esto es que deberíamos analizar el conjunto de medidas, políticas, programas y decisiones que está tomando el gobierno federal.
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