¿En qué consiste el Plan de Austeridad de AMLO?

Toluca, México; 13 de julio de 2018. El Plan de Austeridad Republicana de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, ha sido una de las banderas de su campaña y hoy es una moción que espera pronto ser aprobada por el Congreso de la Unión. A pesar de que en medios de comunicación se han divulgado algunas de las directrices del plan, que contempla la reducción de salarios a los altos funcionarios y el recorte de privilegios, el plan está compuesto por al menos cincuenta puntos con los que se establecerá el presupuesto para el 2019. Además de los
julio 13, 2018

Toluca, México; 13 de julio de 2018. El Plan de Austeridad Republicana de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, ha sido una de las banderas de su campaña y hoy es una moción que espera pronto ser aprobada por el Congreso de la Unión. A pesar de que en medios de comunicación se han divulgado algunas de las directrices del plan, que contempla la reducción de salarios a los altos funcionarios y el recorte de privilegios, el plan está compuesto por al menos cincuenta puntos con los que se establecerá el presupuesto para el 2019. Además de los ya mencionados, estas son las directrices del Plan de Austeridad Republicana.

  • Reforma al Artículo 108 para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y corrupción.

 

  • Suspensión de fueros y privilegios para funcionarios públicos.

 

  • Reforma a la Ley para tipificar como graves los delitos de tráfico de influencias y corrupción. Además, se penalizan la asociación entre funcionarios y particulares para incurrir en fraude a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Se bloquean las fianzas para estos delitos.

 

  • Autonomía de la Fiscalía General. No recibirá órdenes de la Presidencia y sus actividades se apegarán al principio del Derecho liberal, que establece que “al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”.

 

  • Garantía de elecciones limpias y libres por parte de la Fiscalía Electoral. Será responsable de prevenir, investigar y sancionar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público o de bienes para beneficiar partidos y candidatos.

 

  • Instauración de la Fiscalía Anticorrupción. Perseguirá por fas la corrupción para castigar la impunidad y podrá hacerlo con absoluta libertad para castigar a quien cometa delitos de esta nomenclatura, incluidos compañeros, funcionarios, amigos y familiares. “Un buen juez por la casa empieza”.

 

  • Declaración obligatoria de bienes para funcionarios y sus familiares. La información será pública y transparente.

 

  • Reducción del salario al 50 por ciento para el presidente. Ganará menos de la mitad de lo que recibe el Presidente Enrique Peña Nieto, sin compensaciones.

 

  • Los funcionarios no recibirán automóviles nuevos.

 

  • Los organismos de gobierno no adquirirán equipo de cómputo nuevo en el primer año de Gobierno. “En algunos casos, sobre todo en los gobiernos que ha habido, se hacen esas compras nada más para robarse el dinero, para el moche, para sacar provecho del personal”.

 

Foto: Diario Ciudad Victoria.

  • Reducción de los asesores en la Secretaría de Gobierno Federal. No habrá más de cinco asesores por Secretaría en el Gobierno federal.

 

  • Asignación exclusiva de secretarios particulares. Aplicable a secretarias del Gabinete o similares.

 

  • Anulación de bonos y canonjías.

 

  • Limitación de viáticos. Sólo se eroga lo indispensable.

 

  • Supresión del gasto médico privado.

 

  • Anulación de la caja de ahorro especial. Deja de existir la partida de “Seguro de separación individualizada”.

 

  • Autorización obligatoria de viajes al extranjero. El Secretario debe certificar la validez de la salida y otorga una partida correspondiente limitada a lo indispensable.

 

  • Cancelación de fideicomisos y mecanismos que faciliten la opacidad. Se prohíbe emplear recursos para ocultar fondos, evadir legalidad y dificultar la transparencia.

 

  • Limitación de protección personal a exclusivamente funcionarios de seguridad pública.

 

  • Centralización de funciones a unidades coordinadas. Todos los programas como las estructuras duplicadas, además de las oficinas mayores y de prensa, junto a las funciones correspondientes, se reducen a una sola área.

 

  • Reducción del personal a un 70 por ciento. Con respecto al personal de confianza.

 

  • Reducción de sueldos para funcionarios que generen más de un millón de pesos anuales.

 

  • Reducción de la flotilla aérea a lo indispensable. Se prohíbe el uso de aviones y helicópteros privados y se venderá la flotilla del Gobierno federal para dedicar exclusivamente los vehículos aéreos para seguridad, protección civil y asistencia médica.

 

Foto: El nuevo diario.

  • Cancelación de pensiones a ex presidentes.

 

  • Prohibición del uso de transportes oficiales o bienes públicos para fines particulares.

 

  • Prohibición de familiares en la nómina pública. No podrán contratar familiares para ocupar cargos públicos.

 

  • Trabajadores de confianza laborarán 6 días a la semana, mínimo ocho horas diarias. De Lunes a Sábado, cubrirán al menos las horas laborales determinadas.

 

  • Prohibición de laborar bajo la influencia y consumir enervantes en oficinas públicas.

 

  • Reducción al 50 por ciento de gasto en publicidad de Gobierno.

 

  • Prohibición de actividades recreativas con contratistas, empresarios, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas. Aplicable para funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía y otras áreas del Gobierno federal.

 

  • Prohibición del uso de trabajadores del estado.  Ningún funcionario público puede emplearlos si no se le otorga, primero, permiso para hacerlo.

 

  • Prohibición de alterar el orden vial funcionarios . Queda estrictamente prohibido que, sin causa justificable,  no respeten el reglamento se vialidad, cierren vías de comunicación, detengan el tráfico, no respeten la señalización o estacionen en doble fila.

 

  • Se prohíbe la adquisición de mercancía cuya existencia en almacenes sea  suficiente.

 

  • Se prohíbe la adquisición de mobiliario lujoso en oficinas públicas, además de las remodelaciones innecesarias.

 

  • Limitación de conductores particulares a los secretarios y subsecretarios del gobierno.

 

  • Incorporación del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ocupará de la protección, vigilancia de espacios públicos, instalaciones estratégicas y seguridad pública.

 

Foto: Informador.

 

  • Devolución del territorio correspondiente a la residencia presidencia de “Los Pinos” al parque del Bosque de Chapultepec. Se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.

 

  • Eliminación de la partida de indumentaria especial para presentaciones protocolarias del Presidente, colaboradores y familiares.

 

  • Cancelación de cualquier actividad de espionaje que afecte el derecho a la privacidad de los mexicanos. Por su parte, el sistema de inteligencia gubernamental se empleará exclusivamente para la prevención de delitos, combate a la delincuencia y la preservación de la seguridad nacional.

 

  • Obligación de salvaguardar y procurar los bienes de las oficinas públicas. Son un patrimonio colectivo que debe protegerse.

 

  • Trato igualitario y servicial a ciudadanos en oficinas públicas.

 

  • Consolidación de las compras del Gobierno. Se realizarán mediante convocatoria, a través de observación ciudadana y de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas.

 

  • Eliminación de la partida de presupuesto para uso de los miembros del Congreso de la Unión. Se pone fin a los “moches”.

 

  • Prohibición de otorgar y recibir regalos a funcionarios superiores a los 5 mil pesos.

 

  • Prohibición del contrato a despachos, consultores o asesores externos para la elaboraciones de proyectos de Ley. Incluye planes de desarrollo, informes de labores o cualquier tipo de análisis, redacción o recomendaciones que pueden ser llevados a cabo por la capacidad profesional de los servidores públicos.

 

  • Privilegio a gobiernos honestos para el establecimiento de relaciones comerciales y financieras con empresas internacionales.

 

  • Revisión obligada de contratos con empresas, nacionales o extranjeras, establecidos mediante influyentismo o corrupción que dañe a la Hacienda Pública. En caso de ofensas, se pedirá la participación del Congreso de la Unión y los tribunales nacionales o internacionales.

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