La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el Fideicomiso para implementar el Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas no cumplió con su objetivo, pues entre los años 2014 y 2018 aprobó apoyos a 964 proyectos, pero 267 fueron cancelados y, de los 697 restantes, no todos fueron concluidos en los plazos establecidos.
De hecho, varias entidades tardaron en cancelar sus proyectos hasta dos y casi cuatro años después de que fueron aprobados, de acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública federal 2019.
El Estado de México canceló la ampliación de cuatro centros de justicia de Amecameca, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y Huixquilucan y la conclusión de la Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Servicios Periciales de Ecatepec en sus componentes de infraestructura y equipamiento.
También hubo falta de controles y de supervisión para verificar el estatus de los proyectos y la aplicación de los recursos, pues las solicitudes de cancelación presentadas en 2019 correspondieron a proyectos aprobados entre 2015 y 2017 en los estados, y eso implicó que los recursos asignados permanecieran inactivos en los fideicomisos estatales.
Además, provocó que los recursos asociados a los proyectos de co-pago tuvieran diferencias respecto a lo informado por BANOBRAS en los estados financieros del fideicomiso; y que faltara información sobre el monto total a reintegrar por parte de las entidades federativas.
“Tales resultados evidencian que los recursos asignados al fideicomiso no se administraron con eficiencia, economía, transparencia, ni para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados”, señala la auditoría.
Al fideicomiso para implementar el Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas se le asignaron originalmente 5 mil millones de pesos, pero de acuerdo con la ASF no acreditó el cumplimiento de su objetivo.
Entre 2014-2019 se dispersaron 4 mil 296 millones para apoyar a las 32 entidades federativas en la realización de 697 proyectos de infraestructura y equipamiento tecnológico, con lo cual se contó con nuevos lugares para la impartición de justicia en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 2019 había 968 millones 807 mil pesos que no fueron utilizados para la operación del fideicomiso y no sería necesario tenerlos disponibles desde un año antes, porque desde diciembre de 2018 el fideicomiso ya no podía asumir nuevos compromisos.
Ese dinero representaba tres veces el presupuesto ejercido por el sector salud para la realización de infraestructura, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud en ese año, con un gasto de 312 millones 737 mil pesos.
El Estado de México requirió la cancelación de proyectos aprobados en 2015 y 2016 hasta el 2019, las causas fueron por una terminación anticipada del contrato con la empresa responsable del proyecto y la imposibilidad de una nueva contratación para concluir en el tiempo establecido, porque no se pudo realizar la contratación de una empresa para llevar a cabo la obra, entre otras.
Al mes de diciembre del 2019 sumaban 21 los estados que no habían extinguido sus fideicomisos estatales por cuestiones como: deficiencias en el diseño y operación del fideicomiso referentes a lineamientos cuyo diseño limitaron el control, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos.