La presidenta Claudia Sheinbaum ya habló. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación de oficio. La Fiscalía General de Justicia realiza actos de investigación. Legisladores, regidores y dirigentes partidistas han exigido explicaciones y responsabilidades.
Pero hay una voz que sigue ausente.
A más de 3 días de que los videos difundidos por AD Noticias colocaran a Metepec en el centro de la conversación nacional, el Gobierno del Estado de México no ha emitido un posicionamiento público sobre los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción, donde se observa al alcalde Fernando Flores acompañado de escoltas armados, una patrulla municipal y una confrontación que derivó en agresiones físicas.
La ausencia de una postura oficial contrasta con la magnitud política que ha alcanzado el caso.
Un caso que ya llegó a Palacio Nacional
La controversia dejó de ser un asunto local cuando la propia presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina.
La mandataria informó que instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, revisar el caso y cuestionó abiertamente la forma en que se observa al alcalde ingresar al club deportivo acompañado de personas armadas.
“Fue una entrada con enorme soberbia”, afirmó la presidenta.
Toda la información en: Ordena Sheinbaum investigar caso Metepec tras nuevos videos revelados por AD Noticias
La declaración convirtió un conflicto inicialmente municipal en un asunto de interés nacional.
A partir de ese momento, la discusión dejó de centrarse únicamente en lo ocurrido dentro de un club deportivo para abrir preguntas sobre el uso de recursos públicos, la actuación de servidores públicos y los límites del ejercicio del poder.
Las instituciones ya reaccionaron
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó la apertura de una investigación de oficio.
En su pronunciamiento, la CODHEM señaló que las personas observadas en los videos habrían ingresado al inmueble con una actitud “intimidatoria y agresiva”, una situación que pudo poner en riesgo la integridad y seguridad de quienes se encontraban en el lugar.
La Fiscalía mexiquense también inició actos de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
De manera paralela, legisladores federales, diputados locales, regidores y dirigentes partidistas han solicitado investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas.
Incluso el caso llegó al Cabildo de Metepec, donde se pidió una sesión extraordinaria para que el alcalde explique la actuación de servidores públicos municipales y el posible uso de recursos públicos durante los acontecimientos.
El silencio incómodo
La ausencia de un posicionamiento estatal resulta especialmente llamativa porque la actual administración llegó al poder con una narrativa centrada en el combate a los abusos de autoridad, la corrupción y los privilegios políticos.
Durante la campaña que puso fin a casi un siglo de gobiernos priistas en el Estado de México, uno de los mensajes más repetidos fue la promesa de construir una nueva forma de ejercer el poder público, más cercana a la ciudadanía y menos tolerante frente a los excesos de quienes ocupan cargos de gobierno.
Por ello, el silencio institucional frente a un caso que involucra presuntos servidores públicos, escoltas armados y recursos municipales ha comenzado a generar cuestionamientos entre actores políticos y ciudadanos.
La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en La Asunción.
También es por qué el Gobierno estatal ha decidido no pronunciarse sobre un caso que hoy investigan autoridades estatales y federales, que ya motivó una intervención presidencial y que colocó a Metepec bajo el escrutinio nacional.
Una definición pendiente
Hasta ahora, el Gobierno del Estado de México no ha informado si realizará alguna revisión propia, solicitará información a las autoridades competentes o fijará una postura política sobre los hechos.
Mientras las investigaciones avanzan, la definición que sigue pendiente no es la de la oposición, la de los organismos autónomos o la del Gobierno federal.
Es la del propio gobierno mexiquense.
Y en política, cuando el silencio se prolonga frente a hechos de interés público, la frontera entre la prudencia y la complicidad comienza a desdibujarse
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