Escuelas en riesgo de quedar en ruinas

Los burócratas del PRI que administran la educación pública en el país y los estados han  fracasado en todo, incluso en el intento para su privatización ─programado a largo plazo calculado entre diez y quince años, con una lista clara de beneficiarios en el negocio de la impartición privada de preescolar, primaria y secundaria por […]

Los burócratas del PRI que administran la educación pública en el país y los estados han  fracasado en todo, incluso en el intento para su privatización ─programado a largo plazo calculado entre diez y quince años, con una lista clara de beneficiarios en el negocio de la impartición privada de preescolar, primaria y secundaria por venir─, sin embargo en su acometida burocrática con alto contenido de irracionalidad, han cometido errores por su desconocimiento de la lógica interna de las escuelas construidas entre el pueblo y el estado como un logro de la revolución mexicana, las que hoy sufren las consecuencias de manera desastrosa; los desaciertos de la autoridad están colocando a las instituciones educativas en riesgos de quedar en ruinas.

Ante la irresponsabilidad del estado para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional a que está obligado, entre otras la de mantener y actualizar una infraestructura educativa acorde a las innovaciones pedagógicas inherentes a los modelos y tendencias mundiales, la escuela para subsistir fue obligada a implementar formas de organización con los padres de familia y hacer de la institución el “orgullo educativo de la comunidad”, por supuesto en un incontable número de casos el único centro de conocimientos y cultura de las poblaciones y rancherías ubicadas en zonas marginadas y de pobreza extrema.

En este indocumentado contexto, se colocó en el escenario educativo la disposición de apoyo de los padres de familia a través de cooperaciones económicas y faenas de trabajo, las que funcionaron hasta antes del dos mil doce; con la puesta en marcha de la mal llamada reforma educativa con cambios diversos en la Ley General de Educación, por su sentido negativo destaca la prohibición de aportaciones económicas ─cooperaciones escolares─, a las asociaciones de padres de familia de las escuelas, ocasionando el detrimento de la infraestructura al no contar ya con recursos para su mantenimiento y mucho menos para solventar el gasto corriente de la propia escuela.

El funcionamiento se basó en la apertura de cuentas mancomunadas entre el directivo escolar y el presidente de la asociación de padres de familia, para concentrar y administrar las llamadas en su momento cuotas de inscripción ─satanizadas de manera recurrente a partir de dos mil doce al asociarlas a una ilegal exigencia para brindar el servicio educativo─, recursos utilizados para el pago del gasto escolar, el mantenimiento y diversas necesidades urgentes de la propia lógica escolar.

No omito hacer notar que esto ocurría por la irresponsabilidad del gobierno para garantizar la subsistencia de la escuela y cumplir con el mandato constitucional de brindar educación gratuita al pueblo, a la fecha la autoridad únicamente aporta el salario del personal directivo y docente, sin importarle el mantenimiento de edificios y mucho menos los gastos de operación a que está obligado, lo cual desde ningún punto de vista puede ser sinónimo de gratuidad.

Ante la prohibición y la campaña permanente de no cooperar, así como la prohibición de la participación de los directivos en el uso de las ahora llamadas cooperaciones voluntarias ─se dice suena más rimbombante para denotar modernidad, ¿será?─, el manejo de los recursos quedó en manos única y exclusivamente del presidente y tesorero de las asociaciones de padres de familia, predominando su determinación y unilateralidad en contravención de las propias necesidades institucionales y la siempre presente intención de malversación de los fondos y una constante tendencia a la corrupción en el manejo del dinero.

Es imaginable y ocurre con la figura del presidente y tesorero de estas asociaciones, quienes con un supuesto “poder escolar” dañan a muchas escuelas, llegando a extremos como los ataques directos al profesorado que no es de su agrado o que no se prestan a sus cochupos, extralimitándose incluso en actos ilegales como pretender correr a los maestros de las instituciones en asambleas preparadas y a modo para desprestigiar y mal informar, tanto da su desconocimiento que ahora pretenden involucrase en asuntos estrictamente académicos de las escuelas.

No omito mencionar escuelas al 100 y sus comités integrados al vapor, sin un proyecto de acondicionamiento pedagógico y de subsistencia escolar,  que si bien es cierto contempla la participación del director y el titular del comité, también es cierto que la generación de números crecientes de prácticas de sobrefacturación entre los proveedores y los participantes autorizados son ya de conocimiento público, las ganancias notorias de los involucrados empiezan a ser cuestionados, sin embargo esto denota otro gran fracaso de los administradores de la educación en turno.

En estas condiciones si la gente no actúa, pronto veremos escuelas en destrucción, edificios en ruinas que hoy por hoy han iniciado con su deterioro exterior, propiciados por las reformas del PRI que hoy impone candidato a su sumisa militancia para competir por la gubernatura estatal.

Lo reiteramos de nueva cuenta, la corrupción y la impunidad penetró al país en sus tres niveles de gobierno y en los tres poderes reconocidos; en tanto los titulares de las dependencias no vuelvan a la Constitución Política en sus actuaciones, el pueblo es el obligado a hacerlos cumplir, las cúpulas jamás lo harán, no es su incumbencia mientras ellos exploten bien a la indefensa sociedad desorganizada.