El acarreo de personas del municipio de Coacalco al Distrito Federal para el «Grito de Independencia», plenamente documentado en redes sociales y después fue negado por el propio ayuntamiento, podrá ser investrigado y, en su caso sancionado, hasta que exista una denuncia formal en la Contraloría del Poder Legislativo.
El contralor Victorino Barrios Dávalos, titular de dicho órgano, refirió no tener conocimiento sobre ese hecho pero que en todo caso de confirmarse, sería una falta grave y los responsables se harían acreedores a una sanción administrativa.
“Estamos a la espera de que se presente alguna denuncia formal por esta falta de respeto a los acuerdos, y lo primero que aplicaría, sería una sanción administrativa», dijo el contralor.
El pasado 15 de septiembre, en redes sociales, circuló un oficio que provenía del DIF municipal de Coacalco y en el que se subrayaba que los empleados del Ayuntamiento estaban obligados a acudir al Grito de Independencia en el Distrito Federal para evitar ser sancionados de forma administrativa.
Dicho documento presentaba la firma de la jefa de Recursos Humanos del DIF de Coacalco, Ángela Escalante Barrón, aunque después la circulación del oficio fue negado por las autoridades municipales.
Al respecto, el secretario general del PRD en la entidad, Octavio Martínez, acusó mediante un comunicado de prensa que son al menos nueve municipios tanto del Valle de Toluca como del Valle de México, que transportaron personas al Grito que dio en el Zócalo de la Ciudad de México el presidente Enrique Peña Nieto.
El perredista dice en su comunicado que solicitarán a las autoridades estatales esclarecer de dónde salieron los recursos para trasladar a las personas.