Tres ex agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México, fueron sentenciados con más de cuatro años de prisión tras ser encontrados culpables del delito de extorsión agravada en el mercado conocido como “El Piojo”, ubicado en Santa María Totoltepec.
La propia FGR confirmó las condenas y aseguró que no tolerará actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la institución.
“La Fiscalía General de la República no tolera conductas al margen de la ley en las que incurran personas servidoras públicas de la institución, por lo que será implacable en buscar sanciones ejemplares”, informó la dependencia federal.
¿Quiénes son los ex agentes sentenciados?
Los ex policías ministeriales federales condenados son:
- Mauricio Gutiérrez Sánchez
- Edwin Jair Tapia Rivera
- Gonzalo Alemán Peña
De acuerdo con las investigaciones, los tres aprovecharon su cargo como servidores públicos para cometer actos de extorsión en el mercado “El Piojo”, uno de los puntos comerciales más conocidos de la zona de Santa María Totoltepec, en el Valle de Toluca.
Tanto Mauricio Gutiérrez como Edwin Tapia fueron sentenciados a cuatro años y tres meses de prisión, pago de multa económica, destitución del cargo, inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años y suspensión de derechos civiles y políticos.
En tanto, Gonzalo Alemán Peña recibió una condena de. uatro años y dos meses de prisión, multa económica y suspensión de sus derechos civiles y políticos
¿Cómo ocurrió el caso?
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), área encargada de investigar delitos cometidos por personal de la propia FGR.
Según la carpeta de investigación, los entonces agentes federales utilizaron su investidura oficial para realizar actos de extorsión dentro del mercado “El Piojo”.
Aunque la dependencia no detalló el monto exigido ni el número de víctimas, sí señaló que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal fueron suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los tres ex funcionarios.
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