La permanencia de Alejandro Gómez Sánchez como Procurador de Justicia es igual de insostenible que la versión oficial sobre los hechos de la masacre en Tlatlaya.
La falta de transparencia del procurador sobre el asesinato múltiple más grave de los últimos tiempos, donde están involucrados elementos del Ejército, podría costarle el puesto a Gómez Sánchez, pues ahora las evidencias en su contra apuntan a encubrimiento y obstrucción de justicia.
Sin explicar aún qué pasó en Tlatlaya, la atención está encima del arresto de militares de infantería de bajo rango participantes en lo que cada vez más toma la forma de una ejecución sumaria de 21 presuntos delincuentes que se habían rendido, más el abatimiento de otro que habría muerto en condiciones de enfrentamiento, según los testimonios e imágenes publicadas por la prensa nacional e internacional.
En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que ocho uniformados fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar y están en la prisión del Campo Militar 1-A.
El oficial está acusado de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes, mientras que el resto sólo de infracción de deberes.
La desobediencia en actos del servicio es castigada con un año de prisión y la infracción de deberes es sancionada con un mínimo de tres meses de prisión.
El pasado 30 de junio en San Pedro Limón, integrantes del Batallón 102 de Infantería reportaron un enfrentamiento donde murieron 22 personas y rescataron a 3 mujeres supuestamente secuestradas dentro de una bodega en está comunidad.
La mayor parte de las personas abatidas por un grupo de militares tenían entre 17 y 24 años de edad.
Versión que 48 horas después el procurador Gómez Sánchez respaldo sin titubeos ante la opinión pública y que hoy en día con testimonios, arrestos militares e imágenes hacen suponer que la información siempre fue errónea.
Resulta imposible que en tan poco tiempo personal de la Procuraduría General de Justicia estatal, se desplazará hasta la zona de los hechos en Tlatlaya, recopilara las evidencias de la escena del crimen, trasladara los cadáveres hasta el edificio ubicado en Toluca, practicara 22 necropsias que avalaran las declaraciones hechas por el procurador, mismas que repitió el gobernador Eruviel Ávila durante una gira de trabajo por el Valle de México horas después de la masacre, donde exculpaba a militares por su actuar, según sus evidencias.
Ahora se sabe que en la operación participaron al menos una veintena de militares.
Un General de División retirado explicó que en operaciones como las que desarrollan en el territorio nacional no es habitual que sólo participen dos escuadras (un cabo y tres soldados) u ocho elementos.
Otros mandos militares en activo dijeron que la puesta a disposición de ocho militares ante un juez castrense obedece a que son los "responsables directos" sobre los hechos.
Hasta el momento ninguno de los familiares de las 22 personas abatidas han interpuesto una denuncia penal.
Falta conocer la postura del general comandante de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León sobre el batallón 102 de infantería que mató a 22 civiles en Tlatlaya.
Cabe señalar que los militares fueron señalados de matar a 4 personas el diciembre pasado en Arcelia, Guerrero, incluidos el director y subdirector de transporte municipal.
El batallón 102 también está implicado en otro caso en el año 2012, soldados pertenecientes al 102, recibieron dinero para informar a “La Familia Michoacana”, sobre las operaciones que realizarían, dejando como resultado seis elementos, incluidos dos oficiales, acusados formalmente.