El modelo de financiamiento para infraestructura local en el Estado de México enfrenta una reconfiguración estructural. A través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) 2026, el Gobierno federal dispersará 714.2 millones de pesos de manera directa a 589 pueblos originarios reconocidos. El dinero ya no transitará por las tesorerías de los ayuntamientos; se administra mediante cuentas del Banco del Bienestar controladas por comités comunitarios.
A nivel nacional, la bolsa de este fondo asciende a 13 mil 506.1 millones de pesos. En la entidad mexiquense, la ejecución de los recursos tiene como protagonistas a las comunidades otomíes (ñähñu) del norte y la zona conurbada, quienes utilizan la asignación directa como una herramienta para frenar la expansión inmobiliaria y materializar su autonomía.
San Francisco Magú: 10 años de litigio y 7.1 millones para infraestructura
En Nicolás Romero, San Francisco Magú representa uno de los núcleos otomíes de mayor actividad política en la región. Originalmente llamado Nacazcahuacán, el pueblo de 15 mil habitantes y 12 localidades satélite libró un proceso legal de una década (2011-2021) para ser integrado al Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas del INPI. Su organización por usos y costumbres detuvo el avance de proyectos urbanísticos como «Bosques del Paraíso», que proyectaba fraccionar sus zonas forestales.
Para este ejercicio fiscal, la clave de la localidad de Magú recibió 7 millones 175 mil 472 pesos. El comité de administración, electo en asamblea general, somete a escrutinio público el destino del capital. Las prioridades en debate incluyen pavimentación, obras de drenaje y una propuesta de intervención mayor para ampliar y equipar la clínica de salud local bajo los requerimientos del sistema federal IMSS-Bienestar.
San Francisco Chimalpa: contención urbana en Naucalpan
San Francisco Chimalpa, ubicado en Naucalpan y colindante con la región otomí de Huixquilucan, funcionó en la época prehispánica como una frontera defensiva hacia el Valle de México. Hoy, con una población que supera los 25 mil habitantes, su línea de defensa se concentra contra la especulación inmobiliaria.
Tras obtener su reconocimiento formal en el catálogo del INPI entre 2024 y 2025, la comunidad obtuvo acceso al financiamiento federal directo. Este año administrarán 3 millones 813 mil 781 pesos. Las asambleas y recorridos barriales definen el uso del recurso para infraestructura básica. Los lineamientos del FAISPIAM exigen participación equitativa, lo que ha llevado a la integración de mujeres en posiciones clave para la gestión de los fondos, como la tesorería comunitaria.
Villa del Carbón: autonomía y rescate cultural en Loma Alta
El tejido indígena en Villa del Carbón opera con mayor dispersión geográfica, pero sostiene un estricto manejo forestal y proyectos de ecoturismo en demarcaciones como Las Moras y San Gerónimo Zacapexco. En la comunidad de Loma Alta Taxhimay, la asamblea notificó la recepción de 1 millón 929 mil 967 pesos correspondientes a 2026.
La propuesta central de los comités es inyectar el fondo en la segunda fase del Centro Cultural y de Reunión Comunitaria, una obra civil iniciada con los recursos de 2025. El proyecto arquitectónico dotará a la población de un recinto para el sistema de asambleas, la enseñanza de la lengua otomí y el desarrollo de un tianguis comercial.
El reto de la ejecución directa
No todos los municipios registran el mismo nivel de difusión pública. En Tepotzotlán, zona con presencia otomí ancestral, no existen registros abiertos de asambleas o montos individuales para 2026. Dado que el financiamiento opera por localidad y no por demarcación municipal, las comunidades con menor densidad demográfica o rezago social manejan asignaciones proporcionales que rara vez trascienden.
La transferencia de los 714 millones de pesos a los 589 pueblos mexiquenses elimina la opacidad atribuida históricamente a los gobiernos municipales. Sin embargo, traslada la responsabilidad legal y contable a los propios habitantes. El esquema obliga a las comunidades a comprobar técnicamente la obra pública ante la Secretaría de Bienestar y a ejecutar una estricta rendición de cuentas interna para conservar su estatus como sujetos de derecho público.
Síguenos