El sur del Estado de México está compuesto por una geografía de barrancas y llanuras, conectadas principalmente por caminos de terracería y brechas. Es una región con acceso a recursos naturales relevantes: clima templado, disponibilidad de agua y suelos que favorecen la agricultura y la ganadería. Además, en el subsuelo se han identificado yacimientos de minerales como uranio y metales diversos, lo que ha motivado el interés económico en la zona.
Pese a este potencial, el sur mexiquense registra indicadores de marginación social y altos niveles de incidencia delictiva en comparación con otras regiones de la entidad.
En este contexto opera la organización conocida como Nueva Familia Michoacana —frecuentemente referida como Familia Michoacana—, con presencia consolidada en diversos municipios del sur estatal. Diversos análisis indican que, ante la limitada presencia institucional, factores como la pobreza estructural y la colindancia territorial con Michoacán han facilitado el establecimiento de esta estructura criminal, la cual ha ocupado espacios de poder a través de prácticas como la cooptación de autoridades y el uso de la violencia.
“Es dirigida por los hermanos Hurtado Olascoaga, ‘El Pez’ y ‘El Fresa’, y actualmente es el tercer grupo de macrocriminalidad que hay en el país, detrás del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación”, explica en entrevista con AD Noticias David Saucedo, consultor en seguridad y crimen organizado.
La organización ha sido vinculada a diversos delitos, entre ellos homicidio, robo, narcotráfico, secuestro, trata de personas y lavado de dinero. No obstante, distintos informes y testimonios coinciden en que la extorsión es su actividad más extendida, especialmente en sectores económicos locales.
Existen reportes de control de precios en productos básicos como pan, huevo, carne, pollo y aguacate, así como en materiales de construcción. Además, se ha documentado la imposición de cuotas en comercios, festividades patronales y rutas de transporte. En algunos municipios, también se ha señalado su intervención en el manejo del presupuesto público.
Con los últimos operativos del gobierno mexiquense, Enjambre y Bastión, y el reciente aumento de la recompensa por su captura por parte de Estado Unidos, La Familia Michoacana ha vuelto a la conversación pública. En este reportaje se presentan los elementos clave para comprender el alcance territorial, político y económico de la Familia Michoacana en el Estado de México.
Control del presupuesto municipal
Una de las estrategias empleadas por la Nueva Familia Michoacana para consolidar su presencia en el sur del Estado de México ha sido el control de recursos públicos municipales.
“La Familia Michoacana sí se dedica a la producción de drogas ilícitas y su exportación a los Estados Unidos. Pero tienen zonas donde ejercen dominio sobre los gobiernos municipales. El grupo criminal se percató de que el principal empresario de los municipios es el propio gobierno municipal por los recursos que recibe del ramo 33”.
David Saucedo
El Ramo 33 son recursos federales asignados a los municipios con condiciones de mediana y alta marginación, con el objetivo de financiar obras públicas como pavimentación, electrificación y sistemas de agua potable.
“Entonces, lo que hicieron fue financiar candidatos, apoyar proyectos políticos de todos los partidos que estuviesen en condiciones de ganar. Una vez con la victoria en la bolsa, les imponen a los alcaldes la designación de los titulares de obra pública o, en su caso, se apoderan de la inversión en la infraestructura”, explica el experto.
A diferencia de otras organizaciones delictivas, como el Cártel de Sinaloa o el CJNG, la Nueva Familia Michoacana ha extendido su influencia en distintos niveles de las administraciones locales, no solo en los cuerpos de seguridad.
“Los alcaldes, en retribución al apoyo político que recibieron, les entregan direcciones de obra pública, de policía y de fiscalización. Es decir, es una penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político. También están detrás de la organización de ferias regionales. La Familia Michoacana cuenta con promotores artísticos, constructoras y con un circuito de bares, donde se comercializan drogas ilícitas y se ejerce la trata de personas de mujeres jóvenes, con fines de explotación sexual”.
De Michoacán al Estado de México
Los orígenes de la Familia Michoacana no están plenamente definidos. Algunos informes señalan que un sector de Los Zetas se escindió en 2006 para formar esta organización. Otros especialistas sostienen que surgió en los años ochenta como un grupo de autodefensa, versión respaldada por David Saucedo.
“La Familia surgió como grupo de autodefensa para proteger a productores ganaderos forestales de la actividad criminal. Con el tiempo ese grupo sufrió una conversión y empezó a practicar lo mismo que decían combatir”, explica el especialista.
La organización adquirió presencia pública poco después del inicio del gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), quien implementó en Michoacán —su estado natal— una estrategia nacional contra el narcotráfico.
La política de seguridad federal consistió en enfrentar directamente a las organizaciones delictivas mediante operativos de la Policía Federal y el Ejército, con el objetivo de detener a sus líderes. Calderón, junto con su entonces zar antidrogas, Gerardo García —quien posteriormente fue señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa—, concentró los esfuerzos en combatir a Los Zetas en Tamaulipas y a la Familia en Michoacán.
Al mismo tiempo, una ruptura entre líderes derivó, en 2010, en la escisión del grupo en dos nuevas facciones: la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Ambas en disputa y con Los Zetas, quienes buscaban ampliar su presencia en Michoacán y tomar el control de el narcotráfico, la extorsión y el secuestro en la entidad.
Por otro lado, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó un reacomodo. “En 2013, su líder Nemesio Oseguera, alias El Mencho, expande su organización a Michoacán y forzó el desplazamiento de algunos grupos criminales michoacanos hacia otras entidades”.
Este conjunto de factores contribuyó a la desarticulación de la organización original. “Las mafias michoacanas se dividieron. Surgieron los Cárteles Unidos, Los Viagras, los Blancos de Troya… Toda una constelación de grupos criminales. A veces es difícil trazar las fronteras entre los grupos porque es difícil mapear todas las alianzas, rupturas y cambios del bajo mundo criminal en Michoacán”, comenta David Saucedo.
Los Caballeros Templarios evolucionaron en una nueva estructura que daría origen a la agrupación conocida como Nueva Familia Michoacana, que actualmente tiene presencia en el sur del Estado de México. Sin embargo, esta organización difiere de la creada por Nazario Moreno González, “El Chayo”.
“Nazario Moreno vestía de blanco y adoctrinaba a sus sicarios con la religión evangélica”, relata Saucedo. El líder mantenía un código de conducta al interior del grupo: estaba prohibido que los miembros consumieran drogas o alcohol y existían sanciones por violencia contra mujeres.
Una característica adicional en su primera etapa fue la implementación de acciones sociales en comunidades bajo su influencia. Se involucraban en la construcción de escuelas, resolución de conflictos locales, apoyo asistencial y actividades preventivas con jóvenes. Estas prácticas, según especialistas, favorecieron su arraigo local en contextos donde la presencia institucional era limitada.
Familia Michoacana mexiquense, herencia de Peña Nieto
La administración estatal encabezada por Enrique Peña Nieto (2005-2011) permitió el ingreso de la Familia Michoacana al sur del Estado de México, según investigaciones judiciales y periodísticas que han documentado vínculos entre autoridades y organizaciones delictivas.
Así lo establece la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/2008, realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El expediente, dado a conocer por el periodista Ricardo Ravelo en la revista Proceso, señala que la Familia Michoacana operaba en el sur mexiquense con el respaldo de José Manzur Ocaña, quien fungía como delegado de la PGR en el Estado de México.
De acuerdo con testimonios de integrantes del grupo delictivo, Manzur Ocaña —quien ocupó el cargo entre agosto de 2007 y julio de 2008— habría negociado con diversas organizaciones criminales como la Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y los Beltrán Leyva para permitir sus actividades en la región, a cambio de pagos semanales de cinco millones de pesos.
En septiembre de 2008, fueron hallados 24 cuerpos en un paraje de La Marquesa. Según el libro Tierra Narca, del periodista Francisco Cruz, las víctimas eran jóvenes trabajadores de la construcción, asesinados con disparos en la cabeza. Este caso es considerado uno de los primeros asesinatos múltiples de este tipo en el Estado de México. Tras los hechos, la PGR abrió una investigación por delincuencia organizada contra Manzur Ocaña, quien actualmente se encuentra prófugo.
La familia Manzur, originaria del municipio de El Oro, tiene vínculos documentados con el llamado Grupo Atlacomulco. José Manzur Ocaña es medio hermano de José Manzur Quiroga, quien en 2008 presidía el Consejo Técnico de Seguridad del Estado de México. Anteriormente, entre 2003 y 2007, había ocupado la Subsecretaría General de Gobierno en las administraciones de Arturo Montiel Rojas y posteriormente de Peña Nieto.
Manzur Quiroga también es ahijado político de Humberto Benítez Treviño, secretario general de Gobierno de Peña Nieto entre 2005 y 2009. Otro hermano, Eduardo Manzur Quiroga, fue asesinado en diciembre de 2008 por impactos de arma de fuego. En ese momento, se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Coacalco. Su homicidio fue relacionado con un posible ajuste de cuentas del crimen organizado.
El Pez y La Fresa: historias de traiciones
En 2011, el liderazgo de la Familia Michoacana pasó a manos de José María Chávez Magaña, “El Pony”, quien delegó el control de Guerrero y del Estado de México a los hermanos Bartolo y Felipe Viveros García, conocidos como “5-5” y “El F”.
Según el periodista Héctor de Mauleón, fue El Pony quien permitió la expansión de la Familia Michoacana en el sur del Estado de México en 2006. También fue quien asignó a Johnny Hurtado Olascoaga como jefe de plaza en el municipio de Amatepec. Años después, Hurtado Olascoaga asumiría el liderazgo de la Nueva Familia Michoacana.
Bartolo Viveros García fue detenido en agosto de 2011 y murió en el penal del Altiplano el 17 de junio de 2012. Su hermano Felipe fue capturado en 2013, tras un presunto acto de traición por parte de dos sublugartenientes: los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga. El primero es conocido como “El Pez”, “Señor Pez”, “El Fish” o “El Mojarro”; el segundo, como “La Fresa”.
A partir de entonces, El Pez y La Fresa asumieron el liderazgo de la organización en el Estado de México, mientras El Pony permanecía al frente a nivel general. Sin embargo, con el paso del tiempo se generaron tensiones internas que culminaron el 30 de junio de 2014 con un enfrentamiento en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. En ese hecho, elementos del 102 Batallón del Ejército mataron a 22 personas, de las cuales al menos 12 habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con investigaciones oficiales y organismos de derechos humanos.
A más de una década del suceso, los motivos detrás del operativo siguen sin ser esclarecidos. Una de las hipótesis plantea que el ataque fue promovido por los hermanos Hurtado Olascoaga en colaboración con elementos militares, como parte de una disputa interna por el control de la organización. En esta versión, El Pony habría sido responsabilizado de los hechos como parte de una estrategia para desplazarlo del liderazgo.
Otra interpretación, documentada por Proceso, indica que las personas asesinadas habrían sido campesinos y empleados locales que fueron forzados a colaborar con la organización delictiva. En ese sentido, medios como AD Noticias han señalado que uno de los posibles móviles fue la defensa de intereses económicos relacionados con la minería. Algunas de las víctimas habrían manifestado oposición a proyectos extractivos establecidos en la zona con respaldo del grupo criminal.
Por su parte, La Silla Rota sostiene que la masacre de Tlatlaya fue resultado de una serie de rupturas internas entre los hermanos Hurtado Olascoaga y antiguos aliados, con la intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según esta versión, El Fresa habría establecido una alianza con la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, para obtener respaldo en la disputa interna. El CJNG habría retirado su apoyo a Felipe Viveros «El F» para facilitar que El Pez asumiera el control en el Estado de México.
De acuerdo con La Silla Rota, algunas de las personas asesinadas en Tlatlaya serían integrantes de Guerreros Unidos, grupo que se había aliado recientemente con la facción de El Pony. El episodio habría sido utilizado como pretexto para consolidar el liderazgo de los hermanos Hurtado.
Un día después de los hechos en Tlatlaya, El Pony fue capturado. Desde entonces, el liderazgo operativo de la organización recae en El Pez, lo que marcó el inicio de la estructura identificada como la Nueva Familia Michoacana.
Ejército, gobiernos locales y mineros: aliados clave
La consolidación territorial de los hermanos Hurtado Olascoaga en el sur del Estado de México se ha atribuido, según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, a la cooperación de actores del ámbito empresarial, autoridades locales y elementos castrenses.
De acuerdo con testimonios recabados por AD Noticiasy con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 de la entonces Procuraduría General de la República, El Pez habría mantenido vínculos con empresas mineras —legales e ilegales— en el sur del Estado de México y el norte de Guerrero. Entre los minerales extraídos, se menciona el uranio, cuyo manejo está restringido al Estado mexicano. Parte de esta producción habría sido enviada al puerto de Lázaro Cárdenas para su salida por vía marítima.
Uno de los empresarios señalados como posible colaborador es Carlos Ahumada Kurtz, de nacionalidad argentina, conocido por su implicación en los videoescándalos de 2004 que involucraron a colaboradores del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos figuraban René Bejarano y Carlos Ímaz, este último exesposo de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
El propio gobierno de Estados Unidos apunta a uno de los hermanos Hurtado Olascoaga, Ubaldo, de extraer ilegalmente mercurio y uranio.
Por otra parte, bajo el liderazgo de El Pez, la Familia Michoacana también habría extendido su influencia en gobiernos municipales, particularmente en la administración de recursos públicos. “El grupo criminal se percató que en muchos municipios el principal empresario es el propio gobierno municipal por los recursos que recibe”, explica David Saucedo. Esta estrategia se evidenciaría años después en operativos como la llamada Operación Enjambre.
Además, una de las instituciones cuya actuación ha sido señalada en este contexto es el 102 Batallón de Infantería, responsable del operativo en Tlatlaya en 2014 y encargado de las labores de seguridad en esa región.
El batallón fue instalado en 2010 en terrenos donados por el gobierno del Estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de combatir al crimen organizado. La unidad quedó bajo el mando de la Primera Región Militar, dirigida en ese periodo por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien más adelante fue nombrado secretario de la Defensa Nacional durante la presidencia de Peña Nieto.
El 102 Batallón ha sido señalado por múltiples reportajes y expedientes judiciales por posibles ejecuciones extrajudiciales y filtraciones de información. Según investigaciones del periódico Reforma, algunos de sus integrantes —desde cabos hasta tenientes— habrían colaborado con el grupo criminal.
“Inicié una amistad con el mencionado sujeto, el cual me propuso que colaborara con él proporcionándole información de las operaciones militares en que participaba. Acepté colaborar filtrando información de las operaciones militares, recibiendo la promesa de recibir mensualmente 20 mil pesos”, declaró el teniente de Infantería Omar Lugo León en un proceso de justicia militar.
De Tlatlaya a Texcaltitlán
La Nueva Familia Michoacana ha mantenido su presencia en el sur del Estado de México mediante el control de territorio, a través de prácticas como la extorsión y la confrontación con otras organizaciones criminales. A lo largo de los últimos años, la región ha registrado una serie de hechos violentos vinculados a disputas territoriales, operativos de seguridad y reacciones de la población ante dichas dinámicas.
En marzo de 2021, en el municipio de Coatepec Harinas, el grupo armado emboscó a elementos de la policía estatal y de investigación, provocando la muerte de trece agentes. En noviembre del mismo año, dos agentes ministeriales fueron asesinados y seis policías municipales resultaron heridos durante un ataque en Texcaltitlán.
En junio de 2022, en ese mismo municipio —considerado un punto de acceso a la región de Tierra Caliente— se reportó un enfrentamiento entre la organización y fuerzas policiales, con un saldo de once personas fallecidas. Meses después, en octubre, otro ataque atribuido al grupo criminal dejó veinte personas muertas en San Miguel Totolapan, Guerrero, entre ellas el presidente municipal, el perredista Juan Mendoza Acosta.
El episodio más reciente tuvo lugar en diciembre de 2023, también en Texcaltitlán, donde se registró un enfrentamiento entre integrantes del grupo delictivo y pobladores de la comunidad. El hecho dejó un saldo de catorce personas fallecidas y siete heridas, entre ellas un presunto jefe de plaza identificado como “El Payaso”.
Según los reportes, el grupo solicitaba a los agricultores una cuota económica por cada metro cuadrado sembrado de haba y chícharo. Ante una temporada agrícola poco favorable, los campesinos manifestaron su negativa a pagar. De acuerdo con testimonios, se trataba de productores que enfrentaban condiciones económicas limitadas y que subsistían mediante la actividad agrícola y pese a la extorsión.
Hasta el momento, no se ha informado que alguno de estos casos haya derivado en sentencias condenatorias o reparaciones de justicia para las víctimas.
En la mira de Estados Unidos
La presencia y operación de la Nueva Familia Michoacana también ha llamado la atención del gobierno estadounidense. En febrero, durante la administración de Donald Trump, esta organización fue incluida —junto con otros cinco cárteles mexicanos— en una lista de grupos catalogados como organizaciones terroristas, en el marco de una estrategia vinculada a la crisis por el consumo de fentanilo en ese país.
El 15 de febrero, la Fiscalía Federal en Atlanta emitió una acusación formal contra el grupo, señalando que trafica fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia Estados Unidos, además de lavar las ganancias en el sistema financiero mexicano. El documento también sostiene que el cártel “envenena” a la población y “participa en actos de terror y violencia” dentro del territorio nacional.
Como parte de las acciones emprendidas, el Departamento de Justicia impuso sanciones económicas y ofreció recompensas por los principales líderes de la organización: cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto de Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga y tres millones por José Alfredo “La Fresa” Hurtado Olascoaga.
Estas sanciones incluyen la confiscación de bienes y cuentas bancarias que los hermanos puedan tener registradas en Estados Unidos.
Lo que destapa la Operación Bastión
A finales de marzo de 2025, autoridades estatales y federales llevaron a cabo un operativo denominado Operación Bastión, mediante el cual se ejecutaron cateos en 21 inmuebles presuntamente utilizados por la Nueva Familia Michoacana en seis municipios del Estado de México.
Esta acción se suma a esfuerzos anteriores como la Operación Enjambre, orientada al desmantelamiento de redes de colaboración entre gobiernos municipales y grupos criminales. Hasta el momento, las autoridades han reportado la detención de 59 personas, de las cuales 49 han sido vinculadas a proceso.
Uno de los elementos que generó mayor atención mediática fue el tipo de propiedades aseguradas: viviendas de gran tamaño, con acabados de lujo, albercas, canchas deportivas, cines privados y diversas obras decorativas. En otros casos, se documentaron ranchos con lagos artificiales y sistemas de riego. Uno de ellos, identificado como Rancho Calpa, albergaba un zoológico privado vinculado a uno de los líderes del grupo.
A pesar de la magnitud del operativo y de la cantidad de inmuebles intervenidos, no se reportaron detenciones en flagrancia.
Para David Saucedo, este despliegue evidencia la capacidad de la organización para operar en la legalidad aparente. “Lo que han hecho para evitar la persecución de la Unidad de Inteligencia Financiera son muchos esquemas de blanqueo de capitales: compra de propiedades con prestanombres, esquemas bancarios ingeniosos, etc. Incluso algunos de sus fondos están en cuentas bancarias de gobiernos municipales”, asegura.
El especialista también considera que estas propiedades y estructuras financieras no podrían haberse establecido sin cierto nivel de conocimiento institucional.
“Es imposible que se pudieran construir estas mansiones, estas operaciones, sin su conocimiento. Se tuvo que llevar material, permisos, licencias de construcción, etc”.
El operativo dejó abiertas diversas preguntas: ¿Las autoridades estatales actuales y anteriores conocían la existencia de estos inmuebles y su relación con la organización? ¿Existió alguna forma de colusión con dependencias federales o con el 102 Batallón de Infantería, previamente señalado en otras investigaciones? ¿Quiénes figuran como propietarios legales de los predios?
Sobre esta última cuestión, Saucedo plantea una hipótesis: “Algunas de las propiedades, no todas, están a nombre de político-empresarios. Es decir, políticos que después de su actividad pública se convirtieron en empresarios exitosos”.
AD Noticias prepara actualmente una investigación sobre los inmuebles asegurados durante la Operación Bastión y las identidades de sus propietarios.
Pese a los operativos Enjambre y Bastión, la organización mantiene su presencia en varios municipios del sur del Estado de México, una región donde persisten condiciones que han favorecido su expansión.
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