Entrevistados de manera simultánea por AD Noticias, los especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), José Javier Niño Martínez, en Sociología Política, y Cristina Pablo Dorantes, en Derecho, coincidieron que el caso Texcaltitlán es reflejo de un problema delicado, donde el recurso de “legítima defensa” —que acreditó la Fiscalía mexiquense— marca un cambio en la aplicación de la Justicia en Edomex.
El gran reto para el Estado mexicano en los próximos años en materia de seguridad, coincidieron, será revertir el proceso de incapacidad para cuidar de la población y sus propiedades, al margen de una sociedad “harta” de no tener respuesta de sus autoridades.
Para José Javier Niño Martínez, doctor en Sociología Política por la UAEMex, la perspectiva del caso Texcaltitlán, vista desde este campo de las ciencias sociales, evidencia uno de los grandes retos del Estado mexicano que consiste en garantizar dicha seguridad a pobladores y sus propiedades.
El especialista en estudios de violencia precisó que los hechos ocurridos en Texcaltitlán pone al descubierto la restricción que tiene el Estado en ciertas regiones para cumplir su función, obligando a la población a recurrir a la legítima defensa para resguardar su integridad.
Otro factor, dijo, es la expansión territorial y la diversificación de actividades de grupos del crimen organizado, como el cobro de piso, que se convierte en un impuesto adicional que tiene que pagar la población por su seguridad.
Este fenómeno en la zona sur, agregó, afecta principalmente a comerciantes y productores agrícolas, como fue el caso de los pobladores de Texcapilla, que habían sido sujetos desde hace ya años al pago de una cuota o comisión que les exigían estos grupos.
“La región del sur se ha visto inmersa en este proceso de crecimiento del control de los grupos criminales. Por lo tanto, se somete a una condición que los pone en franca vulnerabilidad. Como sabemos, este es un fenómeno que tiene ya varios años y que es evidencia de la reducción de capacidades del Estado y, además, la expansión a su vez de los grupos criminales”, detalló.
La seguridad debe ser permanente
En cuanto a las medidas adoptadas por el gobierno estatal, el profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, opinó que las fuerzas de seguridad se deben mantener en esta región de manera continua.
Asimismo, sugirió diseñar planes de intervención para proteger a las comunidades locales, desincentivar la incorporación de jóvenes a actividades delictivas y aplicar medidas legales que reduzcan la capacidad económica de los grupos criminales.
“No creo que en el corto plazo se puedan ver resultados, pero sí creo que se pueden implementar medidas de garantía de los derechos de la población para establecer una mayor seguridad en sus actividades. Entonces se habrá dado un paso decisivo para el bienestar de la región”, puntualizó.
Respuesta gubernamental y legítima defensa
Por su parte, la investigadora de la Facultad de Derecho de la UAEMex y especialista en temas de seguridad, Cristina Pablo Dorantes, comentó que el caso Texcaltitlán es un problema muy delicado, pues muestra como la sociedad está harta de no tener respuesta por parte de las autoridades.
Por ello, elogió la política aplicada por la gobernadora Delfina Gómez, quien asistió inmediatamente a la población.
“Fue allá directamente para ordenar las actividades y las estrategias que se realizarían, era algo que nunca se había visto”, abundó.
La especialista en Derecho consideró como algo extraordinario el uso de la legítima defensa a favor de los habitantes de Texcapilla, en Texcaltitlán, ya que marca un cambio en la aplicación de la justicia.
Resaltó que es la primera vez que se hace uso de este recurso, que previamente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se usó mal jurídicamente cuando surgieron las autodefensas.
“Es la primera vez que se da y eso nos genera a los ciudadanos mexiquenses un aspecto de que vamos a contar con el apoyo de las autoridades, pues estamos viendo que realmente se aplica la justicia”, afirmó.
Pablo Dorantes recordó que la Procuraduría, ahora Fiscalía, siempre había temido no ejercer la acción penal. Ahora, en el caso Texcaltitlán, se está haciendo un análisis jurídico de las acciones que deben realizar, aplaudió.
“Así debe de ser, la Fiscalía debe de tomar la decisión, no aventársela como siempre lo ha hecho al Poder Judicial. Se tiene que hacer desde la Fiscalía porque allí es donde está la investigación, las áreas de inteligencia que conocían la problemática y que conocen la situación actual”, enfatizó.
La catedrática consideró que hubiese sido injusto que, además de no darles apoyo, ni protección de sus derechos humanos, ni garantía de una vida con paz, a los pobladores de Texcaltitlán se les hubiera negado la figura de la legítima defensa y se ejerciera contra ello acción penal para enviarlos a la cárcel.
“La reacción que tuvo la población ante estos sujetos que llegaban armados y que ellos no tenían la misma proporcionalidad en responder con armas, porque es gente de bien y utilizó solamente sus herramientas de trabajo, pues jamás podía no acreditarse como una acción de legítima defensa, es decir, la reacción de ellos fue proporcional, hasta menos, en cuanto al ataque con armas de fuego”, subrayó.
Cristina Pablo además mencionó que quizá pudiera hablarse de un exceso de legítima defensa por parte de los pobladores, al quemar los cuerpos, pero indicó que se cuadra en esta hipótesis de la legítima defensa por el hostigamiento que sufrieron.
“Yo aplaudo esta reacción política de la gobernadora de agarrar el toro por los cuernos y ver qué es lo que se requiere. Ahora, faltarían políticas a largo plazo para poder recuperar estos territorios y buscar a los desaparecidos y tomar acciones para recuperarlos”, advirtió.
Texcaltitlán, un caso particular
Ambos especialistas coincidieron que el caso Texcaltitlán podría marcar un precedente para las autoridades en la garantía de la seguridad. Sin embargo, descartaron que los pobladores de otras comunidades de la entidad que están en esta misma situación puedan tomar las mismas medidas, sabiendo que no habrá acción legal en su contra.
“Definitivamente, no podríamos generalizar las consecuencias de esta situación porque como sabemos cada contexto es particular. Evidentemente, es una suma de factores que desencadenaron esta situación. No creo que vaya a ser una respuesta generalizada de la población que está siendo objeto de este tipo de abusos, porque asumo que las autoridades van a darle un seguimiento a las condiciones que fueron generando esta situación”, dijo Niño Martínez.
“Es muy difícil que se repita esta situación, pues la decisión de la población al enfrentarse con el crimen fue una decisión muy fuerte. Vivieron antes, durante y después con miedo. Entonces, es muy difícil que alguna otra comunidad tenga el valor de enfrentarse solamente motivados porque no se va a ejercer acción penal en contra de ellos”, señaló Cristina Pablo.
La catedrática universitaria concluyó que, sin duda, ver la reacción inmediata y la presencia de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, la Guardia Nacional y todas las policías para dar apoyo y brindar tranquilidad a la población serán un factor importante para las decisiones futuras de los mexiquenses.
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