Bajo el lema “Ser no debería doler”, colectivos de la diversidad sexual del Estado de México convocaron a una movilización nocturna para el próximo 23 de mayo en el municipio de Tlalnepantla. La protesta responde al clima de violencia y a los recientes crímenes de odio perpetrados contra la población LGBTIQ+ en la entidad.
La convocatoria es impulsada por la organización ColorEs Diversidad Tlalnepantla y por el activista Fermín Eduardo Pérez. El contingente partirá a las 16:00 horas de un costado de la Asociación de Charros de Tlalnepantla, ubicada en la Avenida Somex 1, y concluirá su ruta en la Avenida de los Ejidos 16, en la zona de Los Reyes Ixtacala.
A través de sus canales oficiales, los organizadores han estructurado la marcha sobre cuatro exigencias puntuales: visibilidad, respeto, igualdad y diversidad. El objetivo es articular a la comunidad LGBTIQ+ de la zona metropolitana del Valle de México y reclamar espacios seguros en un contexto donde el activismo territorial se ha convertido en la principal línea de defensa contra la impunidad.
La caminata en Tlalnepantla se organiza a escasos días del asesinato de Acinorev Estefanía Delgado Jiménez, mujer trans de 27 años conocida en el ámbito sonidero y digital como «La Chica del Pelo Blue». El pasado 7 de mayo, fue hallada sin vida y con signos de violencia por arma blanca al interior de su domicilio en la colonia San José, municipio de Mexicaltzingo.
Delgado Jiménez se desempeñaba como Secretaria de Diversidad Sexual del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y era una activa defensora de los derechos trans. Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) atrajo el caso mediante la Fiscalía Especializada de Feminicidios. A cinco días del crimen, las autoridades no reportan personas detenidas ni un móvil esclarecido.
Este caso evidencia una crisis de seguridad estatal a sectores vulnerables, según acusan. Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+, el Estado de México cerró 2024 en el segundo lugar nacional en transfeminicidios y agresiones por homofobia. En ese mismo periodo, la organización Fuera del Clóset documentó 25 ataques directos contra la comunidad en la entidad.
La letalidad ha mantenido su curso durante el primer cuatrimestre de 2026. El 16 de febrero, autoridades reportaron el asesinato con violencia extrema de una mujer trans no identificada. Semanas después, en el municipio de Melchor Ocampo, se registró el hallazgo de otra mujer trans maniatada y sin vida en un camino de terracería del barrio de Tepetongo.
Estos crímenes se suman a carpetas de investigación previas que reclaman justicia, como el asesinato de la pareja de activistas gays Jesús Laiza González e Isaí López Rodríguez, acribillados en junio de 2025 en los límites del Estado de México e Hidalgo tras participar en una marcha del orgullo.
Las movilizaciones en el Valle de México y el Valle de Toluca ocurren en un momento de transición jurídica. El 25 de noviembre de 2025, el Congreso local publicó el decreto que adiciona el Artículo 281 Bis al Código Penal del Estado de México, con lo que se tipificó oficialmente el delito de transfeminicidio.
La legislación impone penas de 40 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer trans o a una persona con expresión femenina motivado por odio, identidad o expresión de género. El Estado de México es actualmente la tercera entidad del país en contar con esta herramienta legal.
El desafío actual de las instituciones de procuración de justicia radica en la aplicación rigurosa de este andamiaje legal. El reclamo de los colectivos y de quienes marcharán este 23 de mayo es claro: la existencia de las leyes debe reflejarse en las carpetas de investigación desde el levantamiento de los indicios, evitando la revictimización y el archivo sistemático de los crímenes bajo el estatus de homicidios comunes.
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