La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma del Estado de México permanece cerrada desde hace más de tres meses, pese a que cerca de 500 estudiantes han exigido formalmente el regreso a clases presenciales.
El conflicto comenzó el 30 de abril, cuando una votación convocada en el plantel arrojó un rechazo mayoritario al paro: 454 votos en contra y 301 a favor, de un total de 761 sufragios. Sin embargo, días después, una asamblea autodenominada Madriguera Cacomixtles tomó las instalaciones y expulsó a docentes y administrativos.
Desde entonces, apenas entre 15 y 20 personas —menos del 2% de la matrícula— permanecen dentro del plantel, bloqueando los accesos con ramas, sillas y butacas. Según estudiantes inconformes, no todos ellos pertenecen a la facultad.
El 12 de agosto, un grupo opositor logró ingresar por una salida lateral para exigir diálogo y denunciar que la asamblea excluye voces, permite consumo de alcohol y drogas en las instalaciones y ha usado espacios académicos para fiestas. También señalaron problemas sanitarios, como hongos en la biblioteca y la cocina.
La rectora Martha Patricia Zarza se reunió posteriormente con los estudiantes que dicen no sentirse representados, quienes entregaron un documento con más de 500 firmas en favor de reanudar las clases. “Ya no nos sentimos respaldados; no queremos que decidan por nosotros”, afirmó una alumna.
Pese a los intentos de mediación, los acuerdos para limpieza parcial y participación conjunta en mesas de diálogo no se han cumplido. La fecha clave será el viernes 15 de agosto, cuando se prevé un nuevo encuentro entre la asamblea y las autoridades.
Mientras tanto, la facultad sigue paralizada y la fractura interna se profundiza: un grupo reducido defiende la continuidad del paro, mientras la mayoría reclama recuperar las aulas.
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