Toluca, Méx.- El Congreso mexiquense determinó aplazar la entrada en vigor de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, conocida como “Ley Atenco”, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine su constitucionalidad.
Como se recordará, la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, promovió un recurso de inconstitucionalidad – folio 25-2016 – y, una vez que la SCJN emita su resolución y llegase a proceder, el cuerpo cameral hará las modificaciones a que haya lugar.
Los diputados, por mayoría, modificaron el artículo segundo transitorio del Decreto 75, el cual se publicó el 18 de marzo del presente año, en el cual se señalaba que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública entraría en vigor 90 días después de su publicación; esto es, el 9 de Agosto próximo.
Además se acordó fusionar dos iniciativas que sobre el particular recibió la Cámara de Diputados, una del Ejecutivo del Estado de México, y otra de la propia Junta de Coordinación Política que por ser coincidentes se analizaron al mismo tiempo..
En la misma sesión, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Antonio López Lozano, sometió a consideración del pleno la iniciativa con proyecto de decreto que plantea la adecuación del Código Penal del Estado para ofrecer a los grupos más vulnerables protección de sus derechos con el respaldo de la ley.
Dicha propuesta plantea principal interés en las mujeres para brindarles seguridad al realizar sus demandas, dando seguimiento a su caso conforme a Derecho, garantizando así la salvaguarda de los derechos primordiales de toda la ciudadanía.
El legislador calificó a la violencia intrafamiliar como el flagelo que destruye la célula de la sociedad, dejando claro su afectación a un grupo vulnerable como lo es el de las mujeres, al ser las principales víctimas de violencia en cualquiera de sus expresiones: físicas, psicológicas, sexuales y hasta patrimoniales.
Incluso refirió que en el Estado de México muchas mujeres se enfrentan a esta situación, asegurando que se ha convertido en un factor determinante de los hoy llamados feminicidios, por lo que aseveró el compromiso del Grupo parlamentario del PRD, y exhortó a los diferentes miembros de la LIX legislatura de la entidad a trabajar para la erradicación de este problema.
Además planteó que la reforma y adición del artículo 218 del Código Penal del Estado de México servirá para que en el caso de que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas o advertencias de causar algún daño, en contra de la víctima, denunciante o terceros, derivado de la noticia criminal que se haya hecho del conocimiento de la autoridad, la pena se incrementará hasta en una mitad.
La iniciativa fue sometida a votación, por lo que al aprobarse por unanimidad se pretende que la reforma entré en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.