En los últimos diez años, el Estado de México (Edomex) ha invertido una cantidad histórica en seguridad pública: más de 287 mil millones de pesos entre 2015 y 2025, con una proyección que fácilmente supera los 300 mil millones si se incluyen recursos federales y ampliaciones presupuestales. La cifra impresiona. Solo en 2025, el gobierno mexiquense destinará 33,781 millones de pesos al rubro de seguridad, de los cuales 21,596 millones irán a seguridad pública, 10,110 millones a procuración de justicia y 1,220 millones a protección de derechos humanos.
Sin embargo, el miedo no ha desaparecido. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI muestra que Ecatepec, Chimalhuacán y Naucalpan siguen entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país, con niveles que superan el 85 % de sus habitantes. A nivel estatal, la percepción de que vivir en el Edomex es peligroso ha sido persistente. No ha sido por falta de dinero. Ha sido por falta de resultados.
Durante la última década, el presupuesto estatal destinado a la seguridad creció de manera sostenida: pasó de aproximadamente 18 mil millones en 2015 a más de 33 mil millones en 2025, según los decretos presupuestales y reportes del Congreso local. Se construyeron centros de control como el C5, se reclutaron nuevos elementos, se reforzaron las fiscalías y se anunciaron programas de profesionalización policial. Pero la violencia, la extorsión, el robo y el miedo a salir de noche continúan marcando la vida cotidiana de millones de mexiquenses.
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La pregunta que emerge es clara: ¿cómo explicar que este despliegue financiero no se traduzca en mayor seguridad para la población?
La clave del problema no está en la falta de presupuesto, sino en la ineficiencia institucional. Según datos del INEGI y organizaciones civiles, más del 90 % de los delitos no se denuncian y de los que sí, la mayoría no se investigan ni llegan a una sentencia. El gasto se diluye en estructuras policiales plagadas de corrupción, mandos reciclados, formación deficiente y escasa supervisión.
El Estado de México ha seguido una estrategia centrada en el control territorial y los operativos espectaculares, pero ha descuidado la inteligencia, la proximidad comunitaria y la prevención. Se ha invertido en patrullas, uniformes y vigilancia, pero no en construir una fuerza civil confiable, ni en atacar las raíces de la violencia: la desigualdad, la impunidad y la fragmentación social.
La Guardia Nacional, aunque presente en algunas zonas, no ha logrado revertir el clima de inseguridad. Y la coordinación con la federación ha sido, en el mejor de los casos, ambigua. Para 2025, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) dejó de transferir recursos al Estado, desplazando el peso casi por completo al gobierno estatal. La inversión continúa, pero sin un rediseño de fondo en las instituciones, más dinero no significará más paz.
Lo más grave es que la curva del gasto no ha generado una curva descendente en la percepción delictiva. Al contrario: en zonas como el Valle de México, la desconfianza hacia las instituciones crece, y el miedo se convierte en una constante en la vida urbana. Las mujeres, las juventudes, los comerciantes y las comunidades rurales padecen día a día una sensación de abandono, aunque el presupuesto diga lo contrario.
En contraste, otros rubros como salud y educación —aunque importantes— no han tenido incrementos proporcionales. En 2025, por ejemplo, el gasto en seguridad supera por sí solo al presupuesto completo de infraestructura, medio ambiente y cultura juntos.
Más de 250 mil millones de pesos invertidos en seguridad no han bastado para que el Estado de México se sienta seguro. La magnitud del gasto revela que el problema no ha sido presupuestal, sino estructural. Sin reformas profundas, sin depuración institucional y sin una política criminal moderna, el Edomex seguirá atrapado en un círculo vicioso: más dinero, menos confianza.
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