Valle de Bravo luce exactamente como lo anuncian las postales: la bruma matutina cubriendo las laderas, techos de teja rojiza asomando entre los árboles, turistas desayunando. Pero basta con desviarse unas cuadras de la plaza central, cruzar el bulevar que lleva hacia El Fresno o la carretera a Amanalco, para que lo pintoresco dé paso a otra escena.
Desde hace cinco años —según múltiples testimonios recabados por AD Noticias— Valle de Bravo ha sido escenario de una operación criminal silenciosa, sistemática y profundamente integrada al comercio local. Lo que comenzó como una red de cobros irregulares a transportistas, terminó convirtiéndose en un monopolio regional del cemento, la grava, la madera, el acero… y el miedo. El municipio, conocido por sus cascadas, casas de descanso y arquitectura colonial, operaba en la sombra bajo un modelo de extorsión territorial que fijaba precios, rutas de distribución y cuotas semanales para comerciantes.
El 21 de julio pasado, la llamada Operación Liberación —un despliegue federal anunciado por el gobierno como “el mayor golpe a la extorsión en México”— reveló públicamente lo que muchos aquí sabían desde hace años: Valle de Bravo era parte de un ecosistema criminal con ramificaciones en Luvianos, en el sur del Estado de México, donde opera La Familia Michoacana. Tres detenciones clave confirmaron el esquema: un jefe de cementeras, un líder sindical y un comerciante de madera. Pero para los vallesanos, la noticia llegó tarde.
El pollo, los cigarros que de acuerdo con los testimonios llegan a costar por encima de los $180 pesos, incluso las cervezas se vendían con recargos fuera de ticket y solo en efectivo: “Si vas a comprar, te vas a dar cuenta de que lo anotan y el cobre es en efectivo” (…) “Nos cobran a todos. Ellos controlan absolutamente todo”, admite una empleada de ferretería. “Hasta la rosticería cerró. Ya no les salía pagar tanta cuota”.
Te puede interesar: Así extorsionaban en Valle de Bravo; pagabas el triple… o no trabajabas
El precio del silencio
“El cemento costaba 100, y ellos lo daban en 180. Pero si tú no lo vendías en 300, no salías”, relata uno de los comerciantes afectados. Su testimonio coincide con el de otros tres empresarios locales entrevistados en condiciones de anonimato. Todos describen el mismo patrón: dos únicas empresas —Materiales Jimex y Materiales Arriaga— dominaban el mercado, operaban con total impunidad y trasladaban las ganancias a través de rutas controladas hasta Luvianos. Si alguien traía materiales desde Toluca, el camión no llegaba: “lo detenían antes, o le daban el pitazo a alguien”, cuenta un proveedor.
“Era como si el IVA ya viniera incluido”, resume otro comerciante. Pero ese “impuesto” no iba a Hacienda.
La situación no era nueva. Desde 2020, las denuncias se acumulaban sin respuesta. Algunos comerciantes acudieron a la Fiscalía en Toluca, otros al Ayuntamiento. Ninguno obtuvo protección. Hubo represalias: quema de negocios en Villa Victoria, amenazas en Donato Guerra, un camionero asesinado. “Así empezó todo”, dicen.
Y mientras tanto, los precios se triplicaban. Una tabla de madera que antes costaba 100 pesos llegó a venderse en 400.
El jefe del cemento y otros nombres propios
El 27 de julio, la Fiscalía mexiquense vinculó a proceso a Eli “N”, conocido en la zona como el Jefe del Cemento. Tenía su base en Jimex, una de las dos empresas clave. Está acusado de secuestro exprés: en enero, interceptó a un comerciante, lo subió a un vehículo y lo obligó a comprar materiales exclusivamente en su negocio, además de pagarle un porcentaje semanal de sus ventas.
Días antes, el 21 de julio, fue detenido Gonzalo “N”, presunto líder del sindicato “Bradosva”, el único autorizado para distribuir materiales como arena, grava y varilla. A él se le acusa de haber interceptado, junto con sujetos armados, a un repartidor sobre la carretera libre a Toluca. Le exigieron 15 mil pesos por ingreso y 2 mil 500 por cada viaje de materiales.
Una semana después, cayó Jorge “N”, señalado como operador de las madererías locales. Según la Fiscalía, exigía pagos de hasta 100 mil pesos por permitir la comercialización de madera en Valle de Bravo, además de una cuota mensual obligatoria y la exclusividad en la proveeduría.
Los tres operaban como piezas distintas de un mismo engranaje. El dinero, como lo confirman los testimonios, terminaba en el sur del estado.
El miedo persiste
Hoy, a una semana de los cateos y operativos, la tensión no se ha disipado. Los negocios vuelven a abrir con cautela, los proveedores evalúan si es seguro regresar. “Les decimos que ya está libre, que ya no hay sindicato… pero no se arriesgan”, explica uno de los afectados que se dedica a la venta de materiales. “Todavía no saben qué va a pasar”.
La presencia militar sigue visible en algunas minas de arena y grava. Sin embargo, no hay administradores, no hay reglas nuevas, solo una custodia temporal.
Aún hoy, cinco años después del inicio de la red, lo que más sorprende no es la sofisticación del esquema ni su violencia ocasional, sino la capacidad que tuvo para insertarse en lo cotidiano. Se normalizó. «Los arquitectos sabían con quién contratar. Los repartidores sabían qué ruta evitar. Los políticos, dicen aquí, también sabían. Pero nadie actuó”, sentenció un entrevistado.
¿Valle de quién?
Bajo la postal turística, Valle de Bravo tenía dueño. Y no eran los hoteleros, ni los restauranteros, ni los turistas de fin de semana. Era un sistema de control económico y territorial cuya mayor sofisticación fue hacerse invisible: operar sin disparos, sin mantas, sin balaceras. Solo con libretas, cuotas, amenazas susurradas.
“Esto no empezó con la Operación Liberación”, insiste el comerciante. “Empezó en 2020. Desde entonces controlaban todo”.
Síguenos