Por años, el crimen organizado ha controlado no solo el tráfico de drogas en el sur del Estado de México, sino también la economía cotidiana: desde el precio del pollo hasta la explotación de minas. La reciente Operación Liberación, encabezada por autoridades federales y estatales, reveló la profundidad de ese control en al menos 14 municipios donde hoy gobiernan alcaldes de distintos partidos.
La estrategia logró desmantelar una red vinculada a la Nueva Familia Michoacana que operaba bajo la fachada de negocios legales. Pollerías, carnicerías, tortillerías, casas de materiales e incluso el flujo de paquetería eran parte de una economía paralela controlada mediante extorsión, amenazas y sobreprecios. El resultado: un mecanismo criminal que imponía precios, rutas y cuotas, afectando a miles de familias y comerciantes.
¿Quién gobierna los municipios intervenidos?
Los municipios intervenidos durante el operativo están encabezados por ediles de Morena, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano. El partido predominante es Morena, con el control de 8 de los 14 municipios señalados.
- Ixtapan de la Sal – Jessica Rosalío Embriz (Morena)
- Tejupilco – Rigoberto López Rivera (PRI en coalición)
- Valle de Bravo – Michelle Núñez Ponce (Morena)
- Donato Guerra – Carmen Albarrán (Morena)
- Villa Victoria – Mario Santana Carbajal (PRI)
- Texcaltitlán – Jesús Mercado Escobar (PRI en coalición)
- San Felipe del Progreso – Jaime Torres (Morena)
- Malinalco – Marlén Nieto (Movimiento Ciudadano)
- Temascaltepec – Ahimelec Villa Peña (Morena)
- Ixtlahuaca – María Guadalupe Díaz Avilez (Morena)
- Tlatlaya – Crisóforo Hernández Mena (Morena)
- Tenancingo – Nancy Nápoles Pacheco (Morena)
- Sultepec – José Alberto Mejía Santa Olalla (Partido Verde en coalición)
- Amanalco – Iris Loreto Gómez (PRI en coalición)
Un modelo de extorsión con estructura empresarial
En estas demarcaciones, el crimen impuso un modelo económico de ocupación: precios “autorizados” por sindicatos fachada, cobro de vales para retiro de material, control de rutas y vigilancia de placas de vehículos. En Valle de Bravo, por ejemplo, la Casa de Materiales JIMEX y el sindicato “Bradosva” fueron identificados como centros neurálgicos de esta red.
Las autoridades aseguraron 6 minas de arena, grava y tepetate, además de productos como carne, pollo, huevo, cemento y varilla, que ahora serán redistribuidos por la Secretaría de Bienestar del Estado de México a comunidades afectadas o utilizados en obras públicas.
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Una economía cotidiana bajo control criminal
Más allá del golpe logístico, el operativo evidenció cómo la Nueva Familia Michoacana institucionalizó su poder en la región. No solo se trataba de violencia y extorsión, sino de una estructura empresarial con funciones claras: logística, ventas, gerencia, cobro. Una economía bajo control criminal.
La expansión del crimen organizado en la región no puede entenderse sin observar el abandono institucional. “La criminalidad en México es multifactorial, pero el crimen organizado no crece por accidente. Hay una cartografía criminógena que el Estado conoce y, muchas veces, permite”, afirma Cristina Eugenia Pablo Dorantes, catedrática de la Facultad de Derecho de la UAEMéx y especialista en prevención del delito.
Para la académica, no hay crimen organizado sin participación del aparato estatal. “No puede existir crimen organizado si no hay colaboración del Estado. No me refiero a los altos niveles, pero sí a funcionarios municipales, mandos medios, policías locales que permiten estas actividades y que, muchas veces, dan el ‘pitazo’ cuando va a haber un operativo”.
Pablo Dorantes advierte que en municipios como Ixtlahuaca, la policía local ha sido desmantelada: sin presupuesto, sin capacitación, sin equipamiento. “Esas policías ya no están en condiciones de responder. Y eso, para el crimen organizado, es un foco verde”.
Además, describe un entorno propicio para la impunidad: “Si uno recorre la zona de Jocotitlán, San José del Rincón, Villa Victoria o El Oro, se dará cuenta de que no hay seguridad pública suficiente, no hay servicios básicos, y la gente tiene que caminar horas para llegar a una clínica. Así no se puede hablar de prevención del delito”.
La alternancia política no frenó al crimen
La alternancia política en el sur del Edomex no significó un freno al crimen. En municipios como Tejupilco, Sultepec, Luvianos o Tlatlaya, la Nueva Familia Michoacana ha coexistido con gobiernos del PRI, PRD, PAN, PVEM, PT y Morena. En Texcaltitlán, donde gobierna el PRI, se registró una masacre en diciembre de 2023: 14 personas murieron tras un enfrentamiento con presuntos extorsionadores.
La pregunta que deja la “Operación Liberación” no es solo cuántos criminales fueron detenidos, sino cuántas autoridades permitieron —por omisión, por complicidad o por miedo— que un grupo criminal controlara el precio del pollo, del cemento y de la vida en buena parte del Estado de México.
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