La solidez de un Estado se mide por su capacidad para desmontar los poderes paralelos que secuestran espacios de gobernabilidad. La Fiscalía del Estado de México ha dado señales de madurez institucional al enfrentar a “Los 300” y a “La Chokiza” en Ecatepec, reconociendo que detrás de la retórica gremial suelen ocultarse estructuras de extorsión y coerción social. El siguiente paso inevitable se llama ACME: una alianza que, bajo el disfraz de organización civil, se ha constituido en grupo de presión asociado a los intereses económicos y políticos más oscuros de la región, con capacidad para condicionar flujos de transporte, articular bloqueos y disputar el control territorial. Hay suficientes denuncias, testimonios y evidencias para abrir expedientes formales y sostener investigaciones con rigor procesal. La congruencia demanda que la Fiscalía no se detenga: cuidarla es exigirle que sea pareja, que lleve su línea de acción hasta el clímax y demuestre que la justicia mexiquense no distingue entre enemigos coyunturales y aliados tácticos, porque de eso depende que la ciudadanía confíe en que el cambio va en serio.
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Los monstruos de Ecatepec
Los llamados “300” y “La Chokiza” no surgieron de la nada, son producto de un ecosistema político que durante años cultivó clientelas violentas para administrar el territorio y contener a la sociedad en los márgenes. Su origen está en colonias olvidadas de Ecatepec, donde el abandono institucional fue reemplazado por liderazgos de facto que ofrecían seguridad, control de transporte, acceso a recursos y hasta favores judiciales a cambio de obediencia. Estas organizaciones crecieron bajo el amparo de gobiernos locales y estatales que encontraron en ellos operadores útiles: servían para movilizar votos, disciplinar opositores o garantizar cuotas de poder en barrios donde la policía no entraba sin permiso. Durante lustros fueron tolerados porque encajaban en la lógica priísta de la gobernabilidad basada en caciques y en la administración del miedo. Hoy, cuando la Fiscalía actúa contra sus líderes, conviene reconocer que esos especímenes son criaturas del régimen: nacieron de la negligencia, se alimentaron de la impunidad y sirvieron a los mismos intereses políticos que los dejaron multiplicarse hasta volverse un cáncer social.
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El patrón repetido
La captura de Luis “N”, alias El Conejo, y de Alejandro “N”, alias El Choko, confirma un modelo que se repite con alarmante precisión: líderes que construyen su poder en la intersección entre la delincuencia organizada, el clientelismo político y la fachada de liderazgo social. «Los 300» y «La Chokiza» crecieron al amparo de gobiernos que toleraron sus abusos porque resultaban útiles para movilizar votos, controlar colonias o administrar la violencia. Esa misma lógica explica la trayectoria de Jafet Sainz y la Alianza ACME: un gremio que nació como organización de transportistas pero se transformó en grupo de presión capaz de bloquear carreteras, condicionar el transporte y disputar la autoridad municipal, particularmente en Cuautitlán Izcalli. Como El Conejo y El Choko, Jafet construyó legitimidad con el disfraz de líder social y protección a los suyos, mientras acumulaba denuncias por extorsión, abusos de grúas y presuntos vínculos con redes políticas locales. El patrón es claro: el sistema político mexiquense no solo toleró a estos especímenes, los cultivó porque servían a sus intereses. La diferencia es que mientras unos ya cayeron, otros siguen operando con la misma impunidad que los engendró.
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La fractura texcocana
El 150 aniversario de Texcoco dejó más que discursos conmemorativos: exhibió la ruptura de un grupo político que hasta 2017 se presentaba compacto, disciplinado y casi invulnerable. En el acto oficial brillaron por su ausencia las tres figuras más relevantes de la política texcocana actual —la gobernadora Delfina Gómez, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte y el presidente de la Jucopo Francisco Vázquez—, una postal impensable cuando todos marchaban al unísono bajo la égida de Higinio Martínez. La plaza fue ocupada por este y por los cuadros de Mexiquenses de Corazón, recordando que en política la forma es fondo: si el grupo de Texcoco ya no camina como bloque, es porque los caminos se bifurcaron entre proyectos, intereses y lealtades. La ausencia conjunta de Delfina, Horacio y Paco no puede explicarse como accidente de agenda; es la manifestación pública de que aquella fuerza monolítica se ha transformado en un mosaico de corrientes en pugna, donde la cohesión quedó atrás y la fragmentación marca la pauta del futuro inmediato.
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El evasor consentido
Los intereses de Ricardo Salinas Pliego en el Edomex son múltiples y estratégicos para sus intereses económicos: contratos de Total Play, Banco Azteca y TV Azteca con el propio gobierno estatal; beneficios fiscales y regulatorios para Elektra e Italika; además de privilegios inmobiliarios en enclaves de élite como Malinalco, Valle de Bravo y Huixquilucan. El problema no es que el magnate diversifique, sino que el mismo Estado que presume transformación siga inyectando dinero público al gran evasor fiscal convertido en opositor feroz de la 4T y de la presidenta; un empresario que en su activismo mediático se ha vuelto protagonista central de la ultraderecha mexicana. La congruencia mínima exige cancelar esos contratos y cortar ese cordón umbilical: de otro modo, el gobierno mexiquense corre el riesgo de financiar con recursos locales la plataforma política y mediática de quien no solo evade impuestos, sino que pretende minar desde la riqueza y el odio la legitimidad del cambio democrático.
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