Hay 250 denuncias electorales, y aún no arrancan comicios

Toluca, México; 9 de abril de 2018. Silvia Alonso Félix, directora general de política criminal y vinculación en materia de delitos electorales de la Fepade, reveló este lunes que a unos días del arranque de campañas, ya se han recibido 250 denuncias, siendo el 80% de ellas por alteración al Registro Federal, lo que implica condicionamiento de programas sociales o servicios públicos, compra y coacción del voto y utilización de bienes para campañas. En entrevista para el rotativo La Jornada, Alonso Félix complementó que el mayor número de denuncias recibidas generalmente vienen de entidades con mayor población o consideradas “conflictivas”,
abril 9, 2018

Toluca, México; 9 de abril de 2018. Silvia Alonso Félix, directora general de política criminal y vinculación en materia de delitos electorales de la Fepade, reveló este lunes que a unos días del arranque de campañas, ya se han recibido 250 denuncias, siendo el 80% de ellas por alteración al Registro Federal, lo que implica condicionamiento de programas sociales o servicios públicos, compra y coacción del voto y utilización de bienes para campañas.

En entrevista para el rotativo La Jornada, Alonso Félix complementó que el mayor número de denuncias recibidas generalmente vienen de entidades con mayor población o consideradas “conflictivas”, tal es el caso del Estado de México y Veracruz; sin embargo, hasta el momento es arriesgado dar un diagnóstico sobre la entidad más denunciante pues aún no concluye el proceso electoral.

La directora de política criminal presentó este lunes el cuaderno “Diez delitos electorales que debemos conocer y denunciar” mismo que imprimirá 4 mil ejemplares además que se podrá encontrar en páginas de Internet de la Fepade y el Inacipe.

Dentro de los delitos electorales que se señalan en el cuaderno destacan los relativos a las sanciones que pueden obtener los servidores públicos que condiciones la entrega de servicios públicos o programas sociales a fin de obtener el voto hacia determinado partido. Este delito, incluso, puede ser castigado con una pena de 2 a 9 años de prisión.

Además 50 a 100 días de multa a quienes intimiden por conseguir el sufragio hacia determinado partido; en caso de hacer la intimidación con el uso de armas, la pena podría aumentar hasta en una mitad.

Por otro lado para los servidores que rebasen el tope de gastos de campaña se les podrá sancionar con 5 mil días de multa y 15 años de cárcel mientras que destruir material electoral, o dañarlo, podría ocasionar de 2 a 6 años de prisión.

Silvia Alonso Félix hizo un llamado a la sociedad mexicana a denunciar cualquier anomalía que detecte por parte de servidores públicos, candidatos o partidos políticos que incurran en los delitos anteriormente mencionados pues, recordó, esta elección del próximo 1 de julio será la más grande en la historia de México por los 3 mil 406 cargos políticos en contienda.

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