La escasez hídrica en el Estado de México ha dado pie a un mercado negro del agua tolerado durante años. El control del líquido vital se ha convertido en una herramienta de poder: algunas organizaciones sociales reparten pipas a cambio de votos o favores, revelando cómo la falta de acceso se entrelaza con la corrupción y el clientelismo.
El lunes 27 de octubre de 2025, decenas de camiones cisterna de agua (pipas) bloquearon los accesos a la Ciudad de México, paralizando la zona metropolitana desde temprano. Durante más de nueve horas, los choferes de las pipas y dueños de purificadoras protestaron con pancartas que mostraban “No somos delincuentes, somos trabajadores” y “El agua es de todos”.
La manifestación, que afectó vialidades principales en municipios conurbados como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Lerma, fue una respuesta al Operativo Caudal: un despliegue realizado el viernes anterior (24 de octubre) por las autoridades mexiquenses para combatir el robo y la distribución ilegal de agua.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), intervino 189 inmuebles en 48 municipios durante ese operativo. El saldo fue revelador: se hallaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además, se aseguraron más de 320 pipas supuestamente ligadas a redes irregulares.
Las imágenes difundidas por la Fiscalía mostraron mangueras conectadas a ductos municipales y pozos perforados ocultos tras fachadas aparentemente normales. Este golpe institucional dejó al descubierto la magnitud de una red ilegal de distribución de agua que llevaba años operando en el Edomex.
La investigación oficial señaló incluso la participación de varias organizaciones sociales que operaban bajo la apariencia de sindicatos, obteniendo ganancias millonarias de este negocio clandestino.
Entre los grupos identificados figuraban la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo y La Chokiza —cuyo líder apodado “El Choko” enfrentaba acusaciones por delitos graves.
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Contexto
La problemática de fondo no es nueva. Gran parte del Edomex padece escasez crónica de agua potable debido al crecimiento urbano y a una infraestructura hídrica insuficiente o deteriorada. Muchas comunidades de la periferia reciben agua de la red pública solo de forma intermitente, si es que llega, y en condiciones a veces deficientes. Esto ha dado lugar a un mercado alterno: en colonias donde el suministro oficial falla, proliferan los abastecedores informales.
De hecho, en Ecatepec —el quinto municipio más poblado del país—, miles de familias dependen del reparto mediante pipas para llenar sus tinacos. “No hay agua, la que hay es de mala calidad, o la cobran aunque no la den”, resume el investigador Manuel Perló sobre la realidad cotidiana en estas zonas.
Ante la falta de agua entubada, es común que los vecinos tengan que pagar “una lanita extra” al chofer de la pipa municipal para recibir el líquido primero; y, si ni así consiguen suficiente, recurren al señor que vende agua por fuera. En esas condiciones, el contrabando de agua —popularmente llamado huachicol de agua, en analogía al robo de combustible— se volvió parte de la vida diaria.
Las autoridades conocían desde hace tiempo esta situación. En la CDMX, el Sistema de Aguas llegó a reconocer en 2022 que un tanque de distribución en la alcaldía Gustavo A. Madero estaba “secuestrado” por un grupo que controlaba la distribución del líquido.
Así mismo, estudios del Banco Mundial ya habían documentado en 2016 la existencia de más de 1 000 conexiones ilegales en el Sistema Cutzamala —la principal fuente de agua para el Valle de México— operadas por tomas clandestinas.
Estos antecedentes mostraban que el fenómeno excedía por mucho a pequeños “piratas” aislados: se había consolidado una red amplia y tolerada de saqueo de agua, alimentada por la demanda de miles de personas sin acceso pleno al servicio.
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Causas
Diversos factores estructurales confluyeron para convertir el agua en un botín de poder. Por un lado, la demanda insatisfecha creó un incentivo económico enorme: vender agua al margen de la ley se convirtió en un negocio lucrativo. Por otro lado, fallas de gobernanza permitieron su expansión. Expertos señalan que estas redes ilegales florecieron al amparo de la corrupción y la omisión de las autoridades.
“Ha existido una tolerancia enorme, tanto por el deterioro de la infraestructura como por la corrupción. No solo se trata de piperos o sindicatos, sino también de funcionarios municipales que desvían pipas o facilitan tomas ilegales”, explica Manuel Perló, especialista en gestión del agua.
En efecto, durante años, las instancias encargadas del agua carecieron de controles efectivos: no había un padrón completo de pipas particulares ni monitoreo riguroso de los acuíferos, lo que facilitó que los pozos clandestinos y conexiones ilegales proliferaran prácticamente a la vista de todos.
Además, el contexto socioeconómico jugó su parte. En localidades con altos niveles de pobreza, la gente se vio obligada a recurrir a cualquier medio para conseguir agua, creando una base social que legitimó (por necesidad) a los distribuidores informales.
A su vez, algunos líderes comunitarios vieron oportunidad de capitalizar políticamente esa necesidad, organizando la repartición de agua para ganar influencia local. La complicidad —ya sea por acción u omisión— de ciertas autoridades municipales con estos esquemas reforzó el círculo vicioso.
Cabe señalar que el robo y acaparamiento de agua no es un fenómeno exclusivo de México. Reportes internacionales muestran que en regiones áridas de otros países hasta el 50 % del agua disponible puede llegar a extraerse de forma ilegal.
Casos documentados en lugares tan diversos como Australia o California revelan prácticas similares de toma clandestina y mercado negro del agua. Este contexto global sugiere que, cuando el recurso es escaso y valioso, siempre surgirán incentivos para quien pueda controlarlo por vías extralegales.
Efectos
Las consecuencias de este huachicol del agua son profundas. Se estima que entre el 30 % y el 40 % de la población en el Edomex se abastecía a través de redes informales antes del reciente operativo. En otras palabras, una porción significativa de mexiquenses dependía parcial o totalmente de un sistema clandestino para obtener un bien básico.
Esta realidad implica serias brechas de inequidad: hogares que no reciben agua de la red terminan pagando precios elevados a piperos privados, ya sea en sobornos para acelerar el servicio oficial o directamente comprando agua de procedencia ilícita.
A menudo, el líquido que se distribuye así no está correctamente potabilizado, representando un riesgo sanitario latente para las comunidades que no tienen otra opción.
En el terreno político y social, la proliferación de redes ilegales de agua ha generado distorsiones igual de preocupantes. El agua, en vez de ser un derecho garantizado por el Estado, se convirtió en moneda de cambio en ciertos ámbitos locales.
“Hay clientelismo. Algunos líderes de organizaciones sociales usan el acceso al agua como herramienta de control: reparten pipas a cambio de votos o favores”, apunta Perló, describiendo cómo el recurso hídrico ha sido utilizado para tejer lealtades políticas.
Esto ha erosionado la confianza ciudadana en las autoridades: cuando la gente ve que la única forma de tener agua es a través de favores o vías ilícitas, la legitimidad del gobierno para gestionar el servicio queda en entredicho.
El Operativo Caudal, aunque dirigido a corregir estos abusos, trajo efectos inmediatos. Las autoridades aseguraron que el cierre de pozos clandestinos no afectaría el abasto doméstico; sin embargo, admitieron que sí golpeó a hoteles, negocios y purificadoras que dependían de esas fuentes irregulares.
En los días posteriores, se reportaron compras de pánico de agua embotellada ante el temor a desabasto, al tiempo que algunas instalaciones —incluso hospitales públicos— tuvieron que buscar fuentes alternas, dado que solían recurrir a las redes ilegales.
Mientras que la protesta masiva de los piperos evidenció el poder de organización de este gremio: fueron capaces de paralizar una ciudad de más de 20 millones de habitantes por un día, mostrando la influencia que habían alcanzado.
Este choque entre Estado y distribuidores informales dejó claro que desmantelar el huachicol del agua no será sencillo ni indoloro.
Escenarios
Hacia adelante, el Edomex enfrenta el reto de recuperar el control sobre el agua y asegurar su distribución equitativa.
En un escenario optimista, las medidas implementadas podrían comenzar a revertir la situación: si hoy alrededor del 30 % del agua circula por vías irregulares, el objetivo razonable sería reducir ese porcentaje a 20 % en el mediano plazo.
Para ello, expertos proponen una estrategia integral que incluya la coordinación estrecha entre autoridades federales, estatales y municipales, la creación de un censo nacional de pipas y tomas clandestinas, así como un programa de regularización que incorpore a los repartidores informales honestos y combata a las organizaciones criminales.
Parte fundamental de la solución sería también fortalecer las alternativas de abasto legal: nuevas inversiones en infraestructura hídrica, rehabilitación de la red de agua potable y programas que garanticen servicio continuo en las zonas marginadas.
Con ello, se podría fomentar la denuncia ciudadana —hoy, prácticamente inexistente por temor o resignación—, ya que la gente estaría dispuesta a reportar el robo de agua solo si tiene asegurado un suministro formal confiable.
Por el contrario, en un escenario negativo, si no se abordan las causas estructurales, el mercado negro del agua seguirá prosperando. La clausura puntual de pozos y la confiscación de pipas tendrán un efecto temporal si la población afectada no recibe una alternativa viable de abastecimiento.
En este caso, es probable que las redes clandestinas se regeneren o adapten, posiblemente con mayor clandestinidad y protección, perpetuando el círculo vicioso.
Incluso podría escalar la conflictividad social: más bloqueos de carreteras, enfrentamientos entre autoridades y comunidades sedientas. Y un recrudecimiento del clientelismo donde actores oportunistas ofrecen “soluciones” fuera de la ley ante la ausencia del Estado.
El desenlace dependerá en gran medida de la voluntad política y la capacidad institucional para afrontar el problema. Convertir el agua de nuevo en un bien común administrado con equidad implicará romper con inercias de corrupción y negligencia de décadas. Lo cierto es que el Operativo Caudal ha puesto el tema sobre la mesa: evidenció cómo el agua se volvió poder en el Edomex y abrió una ventana de oportunidad para que ese poder regrese a donde debe estar: en manos de la ciudadanía a través de instituciones transparentes y eficientes.
