La Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) activaron recientemente un operativo contra el huachicol fiscal —el contrabando de combustibles que evade impuestos— y colocaron en el foco a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California por el PAN.
Ruffo figura como socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., compañía vinculada al megadecomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila el 7 de julio. En paralelo, 14 personas —entre marinos y funcionarios— ya fueron detenidas por su presunta participación en una red que durante al menos dos años permitió el ingreso ilegal de hidrocarburos por Tampico y Altamira.
El papel de Ingemar y la defensa de Ruffo
Constituida en 2018 para actividades inmobiliarias y de relaciones públicas, Ingemar modificó en 2019 su objeto social para operar en el mercado energético —almacenamiento, compraventa e importación de hidrocarburos, e incluso contratación con gobiernos— y en 2023 obtuvo un permiso federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolinas y diésel, pese a carecer de infraestructura propia.
Las autoridades sostienen que la firma maquilló documentos aduaneros para introducir diésel y gasolinas como “otras sustancias” y así eludir el IEPS. En ese circuito aparece Crismón Hidrocarburos como único cliente y comercializador autorizado por la entonces CRE; Ruffo afirma que esa vinculación fue decidida por el Gobierno federal y que él no tuvo injerencia.
El exmandatario sostiene que su “conciencia está absolutamente tranquila” y se dice dispuesto a colaborar, declaró el 24 de julio a medios de comunicación. Atribuye las irregularidades a comercializadores y operadores entre refinerías y gasolineras, y deslinda a Ingemar de la manipulación física del combustible.
Sobornos, buques y puertos
La investigación de la FGR perfila una organización delictiva que involucró a personal de Marina, funcionarios aduanales, agentes y empresarios. El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda— y su hermano, el contralmirante Fernando, están señalados de pagar 1.7 millones de pesos por cada buque que descargara huachicol en recintos fiscales.
Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y hoy testigo protegido, admitió 24 millones de pesos en sobornos por facilitar el arribo de 14 barcos, y detalló el reparto discrecional de “los sobres” entre mandos y verificadores.
Un juez federal —Mario Martínez Elizondo, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez— vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos al vicealmirante Farías y a otros nueve marinos y funcionarios.
Ratificó la prisión preventiva oficiosa y concedió seis meses para la investigación complementaria. Entre los procesados destacan los siguientes capitanes de navío:
- Humberto Enrique “L.” (exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas)
- Clímaco “A.” (Décima Región Naval, Salina Cruz)
- Sergio “V.” (exsubdirector de Vigilancia y Control en Tampico)
- Carlos de Jesús “E.” (exsubdirector de Operación en Tampico)
- Fernando Ernesto “M.” (exsubadministrador en Altamira)
- Endira Xóchitl “P.”, Anatalia Jocelyn “G.”, Ismael “R.” y Perla Elizabeth “C.” (esta última en arraigo domiciliario por embarazo).
Los varones quedaron en el Altiplano y dos de las tres mujeres en el penal femenil de Morelos.
Entre los casos figura el Challenge Procyon, asegurado a inicios de año con 10 millones de litros importados por Intanza. El juez consideró que no es indispensable acreditar la ilicitud barco por barco si existen elementos de estructura criminal; además, redujo a tres los presuntos jefes de la red: los dos sobrinos políticos del exsecretario Ojeda y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz (prófugo).
Solo el vicealmirante Farías está detenido. Por denuncias de amenazas en el Altiplano, el tribunal dio vista a la FGR. Esta semana se definirá la situación de Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de ASIPONA Tampico.
Las investigaciones también involucran al empresario Héctor Portales Ávila, de San Luis Potosí, con nexos políticos locales y contratos con Pemex. En el flanco empresarial, el expediente que roza a Ruffo liga a Ingemar con las 15 millones de litros incautados en Coahuila.
Muertes y deslindes
El 8 de septiembre, el capitán de Marina Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira —mencionado por el exdirector de la Aduana de Tampico como receptor de hasta 100 mil pesos por barco— fue hallado sin vida. SEMAR lamentó el deceso y ofreció colaborar para esclarecerlo. El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó después que se trata de un asunto “de orden personal” y que el capitán no estaba vinculado con los casos que lleva la FGR.
En paralelo, el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, no está relacionado con el huachicol fiscal, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien apuntó como línea principal una represalia de “Los Metros”, célula del Cártel del Golfo.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido “cero impunidad, tope donde tope”. Explicó que la red fue detectada cuando un buque en Tampico declaró una sustancia no combustible con permiso temporal, pero en realidad descargó diésel. Ante el abuso de permisos temporales sin impuestos —que se justificaban por procesos industriales en México— el Gobierno eliminó esa puerta, también para otras mercancías.
La Onexpo describe el esquema como la simulación de importaciones de combustibles “disfrazados” de lubricantes, alcoholes o aditivos para evadir el IEPS. La mandataria añadió que incluso se hallaron ferrotanques provenientes de EE UU, y que la investigación sigue abierta.
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