Toluca, México; 24 de enero de 2018. Luego de tres notificaciones hasta octubre del 2017 y una demanda impuesta en la Segunda Sala Civil de Toluca al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (Imcufidet), por parte de la Operadora Infinito, este miércoles se procedió a su embargo en el Centro de Desarrollo del Deporte, general Agustín Millán, por un monto de 4 millones 346 mil 55 pesos que se le adeudan a la Operadora, cuyo representante y dueño tuvo que batallar cerca de un año para que se le pagara.
A las 11:20 del 24 de enero, deportistas de todas las edades entran y salen del Agustín Millán, el centro deportivo por antonomasia de la capital mexiquense. Adentro, personal administrativo labora sin saber que el IMCUFIDET adeuda una fuerte cantidad de dinero a una empresa que le surtió material deportivo desde 2015, la cual ha visto apenas una mísera parte de esos pagos.
Infinito es también el enojo del dueño de la Operadora, porque, como por arte de magia, el municipio desapareció recursos destinados a una simple adquisición de material y productos que primordialmente beneficiarían a la comunidad toluqueña.
Sin embargo, el caso de endeudamientos y la cancelación de pagos por parte del Ayuntamiento es un asunto de la cotidianidad de Toluca. Este caso expone la suspensión de pagos a dicha empresa, por orden del alcalde de la ciudad, Fernando Zamora, enojado e indignado porque según él y su memoria, el endeudamiento se adquirió en un mandato anterior.
Pero hoy, 24 de enero, en las oficinas del centro deportivo nadie quiere atender al demandante ni a sus dos abogados, así como tampoco al personal del juzgado encargado del embargo y al oficial de policía que los acompaña. Al menos nadie se atreve y ni Óscar Nieves Durán, secretario de Administración del Imcufidet o su director, Jorge Luis Monroy Marín, se encuentran.
Después de más de 20 minutos de espera que el notificador del juzgado concedió indulgentemente a Juan Antonio Báez Juárez, particular del director, quien no supo cabalmente qué hacer, seguía pidiendo tiempo para que llegara un abogado.
Luego de trastabillar varias veces en su discurso, Báez tuvo que reaccionar e intentó portarse a la altura cuando el dueño de la Operadora le pidió que se dejaran de rodeos, que asumiera la responsabilidad y comenzaran las diligencias para el pago de la cantidad, o en todo caso, señalaran los bienes a nombre de la Secretaría para su embargo.
Al final, Báez se acobardó, señaló una pantalla, una mesa, cinco sillas y un librero. Con eso se cubrirían poco más de 4 millones de pesos. No pudo más con la comedia, dejó todo en manos de Armando Hernández Contreras, el supuesto abogado que llegó contradictoriamente tarde. Y contradictoriamente porque no sabía a lo que iba. Primero no, después no y al final “que siempre sí”, se haría cargo de llevar a cabo la diligencia.
Varias pasadas de bolita después, Hernández Contreras comprendía la delicadeza del asunto, asumía la responsabilidad. Una diligencia de fuerza pública no es un juego, como dijeron en voz alta los abogados de Operadora Infinito. El abogado del Imcufidet se ha molestado por el tono grosero que, dice, se usa contra él apenas a un par de minutos de su llegada.
Hay que repetirlo todo, una vez más, al abogado del Imcufidet. Así, la representante de la ley intenta razonar con el hombre.
– Llevamos más de media hora en espera –dice la ejecutante del embargo y la respuesta del abogado es que no es su deseo señalar bien alguno. El único que puede hacerlo es el director, quien se encontraba a años luz de su oficina.
Como no señalan ningún bien los acusados, cuatro cuentas bancarias serán el blanco directo de la Operadora contra el Estado. El emplazamiento es por 8 días de incertidumbre para saber si el Ayuntamiento aceptará su culpa y pagará lo que debe.
Entonces, otros 8 días.