El gobierno del estado de México aún no se presenta, mucho menos procesa a los responsables de torturar a dos testigos del caso Tlatlaya, a 11 días de aceptada la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); hasta el viernes 15 de noviembre ambas mujeres seguían en la cárcel pese a ser inocentes ya que fue en la procuraduría mexiquense donde se les fabricaron delitos y falsas declaraciones.
Pese a la gravedad del asunto, ya que la CODHEM, cuenta con la suficiente evidencia para constatar actos que las testigos fueron torturadas, en un primer momento para acreditar su relación con las personas fusiladas en la bodega de San Pedro Limón, y posteriormente para evitar que dieran detalles sobre la actuación de los militares el 30 de junio pasado en ese lugar; hasta el momento el gobierno estatal, a través del procurador, Jaime Alejandro Gómez Sánchez se ha limitado a informar que se indemnizará a las víctimas de los hechos, aunque no especifica a quienes.
De acuerdo con la recomendación las víctimas que el gobierno estatal debe indemnizar son las tres testigos que fueron torturadas por personal de la Fiscalía Regional de Tejupilco y Fiscalía de Asuntos Especiales, funcionarios a los cuales aún no se les separa de su cargo, o bien se les inician los procesos administrativos y penales correspondientes por sus actos, tal como lo señala el documento.
De hecho, hasta el viernes 17 de noviembre el ex presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, revelaba que las 2 testigos seguían detenidas en una prisión federal en Nayarit, acusadas de portación de arma, pese a que este delito también les fue fabricado en la procuraduría mexiquense, tras ser golpeadas, asfixiadas, y amenazadas con violarlas.
La recomendación señala que el gobierno debe solicitar el ingreso de las testigos al Registro Nacional de Víctimas, a efecto de acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley general de Víctimas y se remita constancia que se acredite su cumplimiento.
El documento advierte que el gobierno estatal cuenta con 15 días para enviar pruebas del cumplimiento de la recomendación, tras la aceptación de la misma, de los cuales ya transcurrieron 11, y no existe declaración del procurador o del propio gobernador, Eruviel Ávila Villegas sobre el proceso emprendido contra los funcionarios que torturaron a las testigos.
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