A más de dos meses de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas (una menor de edad y 21 hombres) murieron abatidos por elementos del Ejército Nacional, las autoridades correspondientes permanecen herméticas ante los hechos.
Los hechos ocurrieron en el poblado de San Pedro Limón, donde de acuerdo a una versión emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), los presuntos delincuentes abrieron fuego contra el convoy de militares que se encontraban en la zona.
En su versión, la SEDENA sostiene que durante el enfrentamiento murieron las 22 personas y que sólo un militar resultó herido, argumento que fue respaldado 15 días después por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), la cual en un comunicado afirmó que “no existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.
Horas después de registrarse la masacre, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció y agradeció la labor del Ejército Mexicano por actuar con firmeza para combatir a los delincuentes, tal como ocurrió en el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en este municipio.
Frente a estas declaraciones, un periodista de la agencia Asociated Press, publicó un artículo en el que afirmaba haber constatado múltiples elementos que sugieren que lo que pasó en Tlatlaya se trató de fusilamiento.
Versión que no ha sido refutada por las autoridades y que hasta el día de hoy la Procuraduría General de la República informó que hay una investigación abierta sobre los hechos, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que sostengan la versión de una ejecución de parte del ejército, aseveración que no confirma ni desmiente nada y, mucho menos, revela datos sobre las personas que perecieron.
Por otro lado, el día de ayer en una publicación emitida por la revista Esquire México, se reveló la declaración de “Julia” (nombre utilizado para proteger la identidad de la testigo), quien contrasta las versiones emitidas por la SEDENA y la PGR.
En esta revelación, la testigo asegura que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. En las horas siguientes, afirma, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron:
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. (…)Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…).
En un comunicado de prensa, la Organización Internacional defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) exigió al gobierno mexicano esclarecer e investigar la muerte de 22 civiles a manos de efectivos militares. En el documento subrayó que “denuncias creíbles generan dudas sobre la versión oficial de los hechos”.
A esta exigencia se suma, Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, quien tajantemente declaró para Sin embargo.mx que, el gobierno mexicano debe esclarecer lo ocurrido en Tlatlaya, pues sin importar la culpabilidad o inocencia de las 22 personas muertas, el Ejército no tiene la atribución de hacer justicia por su propia mano. Agrega que, de no hacerlo, el gobierno abonará a que prevalezca la impunidad, que reconoce como uno de los elementos que ha propiciado la “deformación” de la función la defensa nacional.
Frente a las contradicciones, provocadas por las declaraciones oficiales, la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales requieren aclarar los hechos, ya que los años de la guerra contra el narcotráfico han dejado como principal vestigio las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos por las fuerzas armadas.