Toluca, México; 13 de marzo de 2019. Las asociaciones de la comunidad LGBTTTI han trabajado desde hace mucho tiempo por la defensa sus derechos; en el 2010 presentaron una iniciativa ciudadana a la legislatura para conseguir la modificación al Código Civil -en su artículo 4.1 bis- respecto a la posibilidad de establecer un matrimonio entre dos personas y no, como actualmente se señala, entre un hombre y una mujer.
Han pasado nueve años desde que esta iniciativa fue presentada y no ha sido tomada en cuenta por los legisladores, sin embargo, el trabajo organizado de los grupos LGBTTTI ha cobrado relevancia no sólo por la participación que en sí misma, sino por los antecedentes que legales que ha generado.
Una demanda de amparo trajo como resultado la resolución emitida el 25 de febrero de 2015, exp. 591/2014, la cual dio pie a un conjunto de sentencias y resoluciones judiciales, que incentivaron las denuncia en otros estados para exigir la discusión a nivel local.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Código Civil del Estado de México es discriminatorio y falta a los tratados internacionales, pero esa situación tampoco ha hecho avanzar la iniciativa, como tampoco el desencanto expresado por la diputada del PRD, Araceli Casasola Salazar, porque su iniciativa -la presentada por la legislatura años después de la de las asociaciones civiles- no ha sido dictaminada en comisiones desde septiembre de 2018.
La iniciativa presentada por la comunidad LGBTTTI, -explicó en entrevista para AD, Patricia Mireles Sosa, presidenta del Cabildo pro diversidad sexual del Estado de México (Codisem)- tuvo un proceso que implicó la reunión de 56 mil firmas en todo el Estado se México recopiladas a partir de la pregunta básica: ¿estás a favor del matrimonio civil igualitario? ¿Estás a favor del la adopción entre personas del mismo sexo? Las firmas se entregaron a la legislatura y a la Codhem como antecedente.
En el Estado de México existen 32 asociaciones registradas, más aquéllas que no están constituidas legalmente, que participan en la defensa de los derechos humanos, las cuales se encuentran bien organizadas y promueven y exigen el matrimonio igualitario porque es un ejercicio pleno de un derecho humano, esto es, tener abierto el derecho de establecer un matrimonio civil como cualquier persona.
El paso siguiente para las personas promotoras del matrimonio igualitario -y ante la no atención de la legislatura al respecto- es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mantener la exigencia de este derecho humano.
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