En lo que va del año se han registrado 600 homicidios dolosos de los cuales 28 casos están relacionados a hechos ligados con la delincuencia organizada, así lo dio a conocer el Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, quien además negó que México sea uno de los países con mayor impunidad frente al delito.
El funcionario mexiquense destacó que tan sólo en el último año, en el Estado de México se obtuvieron más de cinco mil sentencias condenatorias en comparación con el 2013 cuando se registraron tres mil 500. En este marco, en días pasados la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015, ubicó a México en el segundo lugar como el país más corrupto en un ranking de 59 países.
El Procurador Estatal argumentó que derivado de la reforma para la instauración del Sistema Oral se privilegia el acuerdo y reparación del daño, esto es, que no todos los delitos tienen que ser consignados ante el juez, solo aquellos delitos de alto impacto; rubro en el cual aseguró se registran indicadores a la baja.
“Lo que te puedo decir es que ha disminuido, llevamos ahorita cerca de un cinco por ciento menos en homicidios en términos generales en comparativo con el año pasado”.
Pidió reconocer las diferencias entre la seguridad pública y ciudadana vinculada a la prevención, y la procuración de justicia donde se enfocan los esfuerzos para evitar la impunidad con hasta cinco mil ingresos más en penales de delincuentes ya en vía de sentencia, dijo.
Sin embargo, en el índice global de impunidad se exhibe a México en el segundo lugar de los 59 países con mayores niveles de impunidad; sólo superado por Filipinas y seguido por Turquía, Colombia y Rusia.
Además destaca que en México la mitad de la población de los centros de readaptación social, 46 por ciento, no cuenta con una sentencia judicial, lo que evidencia la deficiencia del sistema de justicia.
De acuerdo con la investigación, las autoridades nacionales requieren “optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad”. Recomiendan no invertir más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones.
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