La temporada de lluvias en el Estado de México no es imprevisible. Entre mayo y septiembre, el Valle de México recibe en promedio 700 a 900 milímetros de precipitación anual. El dato es constante. Lo que cambia es la capacidad del sistema para resistirla.
Y esa capacidad está rebasada.
Los atlas de riesgo municipales y estatal ubican desde hace años los mismos focos rojos: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Atizapán concentran las zonas con mayor probabilidad de inundación, sobre todo en áreas bajas, antiguos vasos lacustres o colonias con drenaje insuficiente.
No es coincidencia que cada año se repitan los mismos nombres.
Valle Dorado en Tlalnepantla, San Cristóbal en Ecatepec, colonias de Chalco y Valle de Chalco, así como zonas de Izcalli y Naucalpan, forman parte de una geografía del riesgo que no cambia.
Tampoco cambia la respuesta.
Para 2026, al menos siete municipios del Valle de México aprobaron presupuestos que en conjunto superan los 10 mil millones de pesos para la gestión hídrica. La cifra sugiere músculo financiero. El destino del gasto revela el problema: mantenimiento reactivo.
Desazolvar, limpiar rejillas y reparar bombas permite que el sistema funcione hoy.
No lo hace más grande, ni más eficiente.
En Naucalpan, el programa anual de desazolve retiró cientos de metros cúbicos de azolve en puntos críticos. En Tlalnepantla, el sistema depende de cárcamos capaces de desalojar hasta 1,200 litros por segundo. En Nicolás Romero, brigadas han retirado toneladas de basura de cauces convertidos en tiraderos.
La operación es constante. El sistema sigue siendo el mismo.
Gran parte del drenaje del Valle de México funciona con redes combinadas, donde aguas pluviales y residuales comparten tuberías. A esto se suma un problema físico: ciudades que crecieron sin redimensionar su infraestructura. Colonias diseñadas hace décadas para miles de habitantes hoy concentran poblaciones mucho mayores, con suelo impermeabilizado y menor capacidad de absorción.
El resultado es previsible: el sistema se satura.
A esa ecuación se agrega un factor que no es técnico, sino social. La basura. Colchones, llantas y residuos domésticos bloquean colectores completos. Cada objeto arrojado al drenaje se convierte en un punto de colapso potencial.
El gasto público termina compensando una conducta privada.
La gestión, entonces, opera en modo emergencia permanente:
amnistías fiscales para recuperar ingresos, compra de refacciones, uso intensivo de maquinaria, reparación de bombas. Todo orientado a evitar el colapso inmediato.
No a prevenir el siguiente.
El diagnóstico técnico no es nuevo: separar redes, construir infraestructura de absorción y redimensionar colectores primarios. Son decisiones de largo plazo que implican inversión mayor, planeación y continuidad política.
Y ahí está el punto de fondo.
El problema de las inundaciones en el Estado de México no es solo hidráulico.
Es estructural.
Mientras el gasto siga orientado a contener y no a transformar, cada temporada de lluvias seguirá funcionando como una auditoría natural del sistema urbano.
Las inundaciones no son una anomalía.
Son la consecuencia previsible de un modelo que administra el problema en lugar de resolverlo.
(Con información de Daniel Rodriguez)
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