El ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, informó que la dependencia a su cargo ha iniciado una investigación para esclarecer y emitir recomendaciones por el asesinado de dos internos debido a disturbios el sábado pasado en el penal de Chiconautla, en Ecatepec de Morelos.
El sábado 16 de diciembre, una nueva riña dentro del penal dejó como saldo dos internos asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Diego Reyes y Emanuel García, una de las cuales sólo llevaba interna 15 días en el penal, quienes fueron agredidos por Luis “N” en el interior del dormitorio 6, celda 11, debido a que los fallecidos se negaron a pagar “derecho de piso”.
Por lo anterior, Olvera García indicó que la CODHEM ha iniciado una investigación “…para la calificación de violaciones a derechos humanos, la situación [la riña en Chiconautla] se calificó como violación al derecho de integridad, siendo la autoridad responsable la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, por lo que se solicitaron los informes correspondientes”.
Olvera indicó que el gobierno estatal debe atender con urgencia el problema de hacinamiento y autogobierno de las 21 cárceles mexiquenses creando un proyecto integral, en coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Ejecutivo estatal, que sea transversal y que se apegue al respeto a los derechos humanos.
Desde que se hiciera pública a través de una serie de videos la forma de extorsión en los penales mexiquenses, en donde “El Tatos” lideraba a una banda dentro de los penales mexiquenses, se han suscitado varias riñas y agresiones entre los mismos internos en el penal de Chiconautla.
Por lo anterior, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Alberto Rodríguez Calderón, indicó que las autoridades penitenciarias estatales y federales necesitan la facultad de decidir los traslados de los presos, decisión que actualmente es competencia de los jueces, pues argumentó que ellos desconocen la situación de los penales.
Indicó que está en marcha una práctica que se aplicará en junio del 2018, a través del cual se pretende la implementación en todos los penales estatales y federales de México 44 protocolos de actuación, entre los que destacan el referente al uso de la fuerza, el referente a evitar fugas de las cárceles y el que indicará los procesos para lidiar con los motines en los penales.