I. Diagnóstico: el cuerpo enfermo del Estado
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) se ha convertido en la metáfora exacta del Estado: abultado, cansado y obligado a financiar su propio deterioro. Lo que fue diseñado como un modelo solidario de previsión y salud para los servidores públicos terminó convertido en un sistema de reparto sin reparto, un esquema actuarial que paga el pasado hipotecando el futuro.
Los números son inapelables: la reserva actuarial prácticamente se agotó, el gasto médico supera el 80 % de las cuotas, los municipios deben más de cuatro mil millones de pesos, y las transferencias extraordinarias desde la Secretaría de Finanzas apenas sostienen la respiración del organismo. Cada mes, el ISSEMyM vende activos para pagar pasivos; cada año, recorta prestaciones para sostener la nómina médica.
Pero el problema es más profundo: no es contable, sino estructural. El modelo vigente se apoya en una lógica que ya no responde a la demografía, al mercado laboral ni a la justicia social contemporánea. Más pensionados, menos cotizantes, más vida, menos solvencia. Un equilibrio imposible sostenido por discursos que cambian de signo ideológico pero no de ecuación.
II. Historia de una quiebra anunciada
El origen del colapso no está en los últimos gobiernos, sino en la larga continuidad de la impunidad institucional. Desde los años noventa, el ISSEMyM fue usado por los gobiernos priistas como caja auxiliar de gasto corriente y red clientelar. Las cuotas patronales se atrasaban, los ayuntamientos se endeudaban, las reservas se invertían sin rendimientos y las licitaciones médicas se convertían en negocios familiares.
Con los gobiernos posteriores llegó la retórica de modernización, pero sin cirugía de fondo. Se informatizó la administración, se auditaron procesos, se renovaron edificios… pero nadie quiso tocar el corazón del problema: el modelo actuarial. El ISSEMyM siguió funcionando como un Estado paralelo que subvenciona a sus servidores, no a sus ciudadanos.
La llegada del nuevo gobierno de Delfina Gómez ofrecía una oportunidad histórica de recomponer ese pacto. Sin embargo, la prudencia política y la herencia sindical la han obligado a postergar la cirugía. El diagnóstico está hecho —Ignacio Salgado lo sabe—, pero la decisión se ha aplazado en nombre de la gobernabilidad.
III. Lectura estructural: la crisis del Estado asistencial corporativo
El ISSEMyM no es un instituto quebrado; es una forma de Estado que se agotó. Representa el paradigma del asistencialismo burocrático, donde la seguridad social no es un derecho universal sino un privilegio sectorial. Un Estado que protege a sus trabajadores antes que a su sociedad termina erosionando su propia legitimidad: paga pensiones dignas, pero mantiene hospitales públicos sin insumos.
En términos estructurales, el ISSEMyM funciona bajo una trampa de incentivos:
• Los municipios prefieren no pagar porque el costo político de hacerlo es mayor que el de incumplir.
• Los sindicatos defienden conquistas de un modelo demográfico extinto.
• El gobierno estatal subsidia el déficit con recursos que restan a educación, infraestructura o combate a la pobreza.
• Y los trabajadores jóvenes cotizan para un futuro que no recibirán.
El resultado es una pirámide invertida que se sostiene con discursos y transferencias, no con base fiscal sólida. El déficit no es sólo financiero: es ético.
IV. Marco ideológico: ni neoliberalismo ni populismo, sino justicia social sostenible
Reformar el ISSEMyM exige romper un falso dilema: no se trata de subir cuotas ni de recortar derechos, sino de diseñar una nueva arquitectura de solidaridad. La discusión no puede ser contable, sino moral.
Una reforma progresiva implicaría que los altos ingresos y los entes patronales asuman el mayor peso, mientras se protege a las bases. A la par, habría que reordenar la edad de retiro con incentivos positivos, fomentar la permanencia voluntaria, y establecer mecanismos de trazabilidad del gasto médico: subastas inversas, control digital de insumos, auditorías ciudadanas.
En paralelo, el ISSEMyM debería separar de una vez los fondos de salud y de pensión, con reglas de operación autónomas, valuaciones actuariales anuales y rendición pública de flujos trimestrales. Un modelo de Estado de bienestar moderno no se mide por el número de empleados protegidos, sino por la capacidad de proteger a toda la comunidad.
El Estado debe abandonar la lógica corporativa de “yo te cuido si trabajas para mí” y avanzar hacia la ética republicana de “te cuido porque eres parte de la sociedad”. La seguridad social no es privilegio gremial, es pilar civilizatorio.
V. Escenarios de salida
1. La reforma progresiva y solidaria
La ruta más viable, aunque políticamente costosa. Requiere aumentar la aportación patronal, establecer un plan de saneamiento financiero a diez años y blindar la reserva con instrumentos regulados. Es el camino del bienestar sostenible.
2. La inercia administrativa
La opción de todos los sexenios: sostener el déficit con transferencias discrecionales, vender activos y mantener la apariencia de equilibrio. Política barata, futuro caro.
3. La privatización encubierta
El escenario que se disfraza de modernización: subcontratar servicios médicos, fondos o aseguradoras. Solución falsa que convierte la seguridad social en mercado y destruye el principio de solidaridad pública.
El único camino compatible con la ética del humanismo mexicano es el primero: reforma progresiva con base en derechos.
VI. Conclusión: el Estado que se salva a sí mismo
El ISSEMyM es mucho más que una institución en crisis: es el espejo del Estado agotado, ese que gasta más en sostener su burocracia que en construir bienestar colectivo. Su colapso técnico no es el problema, es el síntoma. La verdadera enfermedad es un modelo de poder que confundió justicia social con nómina.
El desafío no es contable, sino civilizatorio: pasar del Estado que paga a sus servidores al Estado que sirve a su gente. Si el gobierno de Delfina Gómez logra emprender esa reforma con equidad y rigor, el ISSEMyM podría convertirse en lo que siempre debió ser: la columna vertebral del bienestar público, no su carga.
Porque en un Estado de bienestar auténtico, la salud y la vejez no son privilegios laborales, sino derechos humanos.
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