Recargan crisis del ISSEMyM sobre derechohabientes

Recargan crisis del ISSEMyM sobre derechohabientes
Don Antonio es un derechohabiente de la tercera edad que lleva más de un año esperando la atención a un padecimiento que requiere cirugía. Él y su esposa —que aún se desempeña como docente— han visto de cerca el deterioró del servicio médico del ISSEMyM en los últimos15 años

Recargan crisis del ISSEMyM sobre derechohabientes

La falta de medicinas, atención médica adecuada y el gradual desmantelamiento del sistema de pensiones en el ISSEMyM ha orillado a los trabajadores afiliados a exigir el esclarecimiento de la situación económica del tercer instituto de salud más grande del país; además, demandan una reforma que los tome en cuenta.

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Falta de atención médica en el ISSEMyM Toluca

“Llegue con el médico general con diversos malestares. Ahí me programaron una consulta cinco meses después, por fin me vio el especialista y me detectaron una hernia que requería cirugía; me agendaron estudios y una posible fecha de cirugía (…). Después nos postergaron dos veces, por el argumento de la pandemia y dijeron que en semáforo verde me llamarían. El semáforo está por terminar y no llamaron”.

Don Antonio es un derechohabiente de la tercera edad que lleva más de un año esperando la atención a un padecimiento que requiere cirugía. Él y su esposa —que aún se desempeña como docente— han visto de cerca el deterioro del servicio médico del ISSEMyM en los últimos 15 años.

La pandemia es el argumento actual de que el hospital regional del ISSEMyM Toluca y la Clínica de Consulta Externa Lázaro Cárdenas no cuenten con la atención médica adecuada; sin embargo, la falta de citas y la resistencia a que los pacientes se canalicen con los especialistas es un problema que lleva años.

“Cuando ya había pasado el semáforo rojo se restableció el servicio. Me hablaron para decirme que ya estaba la consulta: pero que había sido ayer y le digo: ‘¿por qué me llama hasta ahorita?’. Volví a ir a reclamar, me anotaron en una lista especial y no me volvieron a llamar”, explica la esposa de Don Antonio, quien también ha visto de cerca la falta de medicinas y las carencias que originan una mala práctica.

Para la pareja, estas condiciones implican una privatización del sistema de salud. “A lo que obligan a la mayor parte de derecho habientes es ir al médico particular lo que genera más gastos. Te descuentan en el ISSEMyM y a parte hay que pagar en particular y medicamentos”.

Ley ISSEMyM

En 2018 la ley Issemym fue propuesta por el ejecutivo estatal que propone aumentar cuotas, modificar el sistema de pensiones y permitir endeudamientos hasta por 15 años en el pago de cuotas. Por esta razón, Antonio y su esposa decidieron participar en las protestas de la Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores y el Movimiento de Transformación social.

El motivo ha sido que no comparten las justificaciones que se han dado sobre el origen de la quiebra y los problemas financieros del instituto. Argumentan que es un problema derivado de la alta cantidad de jubilados en relación con los trabajadores en activo; sin embargo, hay cada vez más adeudos de municipios e instituciones que se siguen permitiendo y han violentado las leyes, explica Antonio.

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La defensa de la seguridad social

El pasado 7 de julio de 2021 surgió en Santa María Rayón la Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de México y municipios, en ella se integraron 14 agrupaciones convocadas por el Partido del Trabajo.

La organización es una de las seis agrupaciones que se ha conformado en el Edomex. Demandan el esclarecimiento de la situación económica del instituto y una reforma que tome en cuenta a los trabajadores.

En sus pronunciamientos han mantenido el rechazo a las reformas a los artículos 70 y 133 de la Ley ISSEMyM. Esto tendría un impacto en los montos de pensiones y el seguro de fallecimientos, ya que se reducirían porque se dejaría de tomar como referencia el salario.

También, se han manifestado en contra de la venta de los 22 predios del ISSEMyM y la reforma al código financiero que autorizaría plazos de pago de hasta 15 años a municipios e instituciones públicas que adeudan a la institución. Consideran que todas estas medidas no han tenido justificación clara y transparente, ni se ha incluido en su discusión a los trabajadores.

 “Se ha venido diciendo que el ISSEMyM está en crisis; nunca lo han demostrado, no han puesto sobre la mesa de manera documental los motivos (…). Nunca ha demostrado fehacientemente por qué tiene un boquete financiero”, señaló en entrevista el  Licenciado José Norberto Uribe Jiménez quien es responsable de Coordinación política  en la Asamblea.

 “Todos sabemos que es por el saqueo de los fondos sociales para financiar campañas políticas y cuestiones ajenas; por la pésima administración, porque siguen gastando a mano llena. Se siguen arrendando computadoras, vehículos, sangrías económicas gigantescas que no se reflejan en los servicios como las medicinas».

Contra la privatización del ISSEMyM

La asamblea que cuenta con un manifiesto de 20 puntos, se conformó con el principal  objetivo de impedir que se privatice el instituto. El reclamo principal es que antes de que haga cualquier modificación a la ley se realice la auditoria externa aprobada en 2019 por la legislatura, que hasta la fecha sigue sin realizarse.

“Para saber porqué hay que cambiar el modelo si durante muchos años fue autosuficiente, autosostenible y de pronto dicen que no, que aclaren porqué a donde fue a parar el dinero”, señala Norberto Uribe quien considera que la asamblea está a favor de la reforma, pero esta también debe modificar la estructura de representación del consejo directivo del Instituto.

“Sí queremos una reforma, pero una reforma sustancial donde se equilibren las fuerzas del consejo directivo, estén representados los trabajadores en activo, los pensionados y las dependencias pero no en la forma en que están ahorita. Tienen el control absoluto”.

Con acciones como la protesta del pasado 23 de noviembre en rechazo a la venta de los 22 terrenos propiedad del ISSEMyM, la asamblea ha logrado interlocución con los legisladores estatales; sin embargo, consideran que no se han promovido avances sustanciales por aquellos que se comprometieron a hacerlos.

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“Hemos presentado varios escritos ante la junta de coordinación política, ante la mesa directiva, dando a conocer nuestro posicionamiento de oposición a esos cambios. Sobre todo insistiendo en que se haga la auditoria porque la propia cámara lo autorizó, ellos la propusieron la autorizaron desde el 5 de marzo del 2019”.

Cuestionamientos a la legislatura

Para Eva Medina, responsable de la Coordinación  de organización social en la Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad Social, el movimiento ha quedado con una muy mala percepción de la actuación de la Junta de Coordinación Política presidida por Maurilio Hernández. Pese a que Morena y sus aliados tenían mayoría absoluta, no se reformó la constitución y dejaron diversas leyes y reclamos sociales como los realizados en torno al Issemym estancados.

“Se tiene que decir, Maurilio Hernández está a favor del gobierno, se han enviado oficios a su oficina. No nos ha recibido, no nos han contestado, no ha habido una respuesta del dialogo de la ley, es comparsa del gobierno, disfrazado de morenista, junto con Mónica Álvarez Nemer, no escucharon, no hablaron a favor de los trabajadores. No deja que avancen las iniciativas”.

En este panorama, para la asamblea como para otros sectores de trabajadores organizados la alternativa con la que cuentan es la movilización y la lucha legal para demandar una reforma distinta en la seguridad social.

“Estamos visualizando varios escenarios: si aprueban los artículos que presentaron en el paquete fiscal y si también les aprueban desincorporar los predios les va a dar confianza para impulsar su proyecto de reforma. Si ese es el caso no nos queda más que seguir empujando que primero se haga la auditoria, ya sea a través de movilizaciones y cuestiones legales para que se audite. Si del resultado ya se pone que no hay más opción que reformar la ley que se reforme; pero no como pretenden, que se le pregunte a los derecho habientes qué queremos”, concluye el abogado Norberto Uribe.