«Me acusaron de homicidio calificado y me sentenciaron a 42 años y medio de prisión. Dejé a mi hija de dos años; ahora tiene 27 y es mamá de dos niños», resume Ivón.
En febrero pasado fue beneficiada con la libertad anticipada por buen comportamiento y haber estado (compurgado) 24 años y 4 meses en prisión.
El 15 de febrero salió tras haber sido acusada de un delito cometido por su pareja. Esperaba que la acusaran solo de encubrimiento, que se sanciona con una penalidad de 6 a 3 años de prisión, según le dijo su defensor de oficio. Sin embargo, le dieron la misma sentencia que al autor intelectual y material.
«Estuve allí por un hombre con el cual me junté cuando mi hija era chica. Me vine de provincia aquí, en la Ciudad de México, con él».
Ivón narra que llegó a la capital del país en enero y nunca antes había venido. La detienen en junio y la sentencian en octubre, fue algo muy rápido. No había quien la señalara, solo por ser pareja del homicida la hicieron pagar.
Violencia doméstica
Ella era una mujer golpeada, sometida, sin mayores estudios que secundaria, con una hija de dos años, de una relación previa, y a quien su nueva pareja también maltrataba.
Incluso, narra que cuando fue detenida iba con marcas de golpes, porque defendió a su bebé. Intentó poner una denuncia, pero el Ministerio Público (MP) no le hizo caso.
Al ser detenida, a la niña se la llevaron a un albergue. Su padre biológico fue a buscarla, no se la quisieron entregar pese a comprobar la paternidad y le pidieron testigos. Del interior del país llegaron varios familiares de ambas partes, y solo así, tras varios meses, la niña regresó al lado de los suyos.
«Ella iba en muy malas condiciones. Tenía su pelo largo y se lo cortaron. La entregaron muy mal». Las lágrimas le brotan.
En prisión no recibía visitas, solo muy esporádicas, porque no había recursos para viajar al penal de Santa Martha, en la Alcaldía Iztapalapa.
Ahora la situación económica no les ha cambiado mucho. En esos 24 años, Ivón ahorró dinero, pero a tres meses de haber salido el sistema penitenciario no se los ha entregado. Aunado a ello, no puede trabajar porque salió con restricciones; no puede salir de la ciudad y debe portar un brazalete, por el que le cobraron 30 mil pesos, pero no se lo dieron, porque no hay. El dinero se lo prestaron a través de la asociación civil Mujeres Unidas por la Libertad México, conformadas por exinternas.
Y como no tiene el brazalete, debe pasar lista vía telefónica tres veces al día y mandar su ubicación; eso no le permite estar en un empleo en donde no sepan su pasado, y esta sociedad estigmatiza a los exinternos.
Así que, sin dinero y sin permiso para viajar, no puede acudir a ver a su hija, a quien lleva 24 años sin ver.
Síguenos