Un viejo conocido del IEEM 

Un nombre reaparece durante décadas alrededor de contratos electorales y obliga a mirar más allá de las empresas para entender la permanencia de ciertas relaciones.
  • Un viejo conocido del IEEM  
  • Cerrar las puertas del IEEM al corruptor  
  • La frágil autoridad moral del IEEM  
  • Algo huele mal en el IEEM  
  • Corral acorralado 

Un viejo conocido del IEEM 

José Alfredo Hernández Casillas no llegó ayer a los negocios electorales mexiquenses. En 1999, su nombre apareció como representante de Cartonera Plástica en la controversia por una adjudicación que terminó con la renuncia del presidente del IEEM, José María Sáinz Gómez. En 2005 volvió a figurar en el expediente de la licitación de materiales electorales, esta vez como representante de Servicios, Asesorías y Materiales Electorales, mientras Cartonera Plástica protagonizaba otro escándalo que precipitó la caída del Consejo General. Un cuarto de siglo después, empresas vinculadas con su entorno comercial continúan obteniendo contratos del instituto. Cambian las presidencias, los consejeros y las razones sociales, pero ciertos nombres permanecen. La pregunta ya no es solamente cuánto dinero público ha pasado por esas empresas, sino qué relaciones explican semejante longevidad. El poder de seducción del dinero no reside únicamente en quien lo ofrece, sino en la disposición de quien acepta sus encantos. 


Cerrar las puertas del IEEM al corruptor 

El IEEM debe cerrarle las puertas a José Alfredo Hernández Casillas y a todas las empresas y razones sociales con las que hace negocios. Sus intereses comerciales en el organismo electoral mexiquense vienen de años atrás, mucho antes del escándalo de Guadalupe Taddei. La vigilancia no puede detenerse en una razón social mientras los intereses económicos permanecen intactos. Su relación con Taddei, las grabaciones de su intimidad familiar y la controversia sobre su difusión plantean un problema de integridad que el instituto no puede ignorar. La contratación pública no debe convertirse en un mercado de influencias ni en refugio de quienes buscan voluntades susceptibles de comprarse. Como escribió William Shakespeare en La tempestad, «El infierno está vacío y todos los demonios están aquí». La ambición mercantil parece no conocer abismos cuando el dinero se convierte en la única medida de la conducta. 


La frágil autoridad moral del IEEM 

La legitimidad de un árbitro electoral descansa tanto en la legalidad de sus decisiones como en la autoridad moral de quienes las toman. El IEEM conoce el precio de perderla. En 1999, una contratación controvertida precipitó la salida de su presidente, José María Sáinz Gómez Salcedo. En 2003, María Luisa Farrera Paniagua protagonizó el escándalo de un presunto atentado que la Procuraduría calificó como autoagresión, conclusión que ella rechazó. En 2005, las denuncias de sobornos y las irregularidades en la adjudicación a Cartonera Plástica provocaron la caída de José Juan Gómez Urbina y de todo el Consejo General. Aquella historia dejó algo más grave que funcionarios desplazados: una institución expuesta a la sospecha pública. La autoridad electoral no puede permitirse otra crisis de credibilidad. Su reputación es un bien colectivo, no patrimonio de sus consejeros ni moneda de cambio de sus proveedores. ¿Quién puede confiar en un árbitro en cuyas oficinas los intereses privados se mueven con la familiaridad de los dueños de casa? 


Algo huele mal en el IEEM 

La memoria institucional no puede ser selectiva cuando se trata de administrar dinero público. ¿Cómo explicar que, con los antecedentes de José Alfredo Hernández Casillas en las controversias de contratación de 1999 y 2005, el Comité de Adquisiciones, la alta burocracia y las consejeras del IEEM hayan permitido nuevas adjudicaciones a empresas vinculadas con su entorno comercial? Los antecedentes eran públicos y debieron formar parte del escrutinio de quienes intervinieron en las decisiones. La investigación debe esclarecer quién conocía esa historia, qué verificaciones se realizaron, cómo se justificaron las adjudicaciones y si existieron conflictos de interés. Los partidos políticos, incluido Morena, tienen facultades para exigir explicaciones y promover la revisión de los expedientes. La legalidad de un contrato no se acredita con la sola firma de quienes lo autorizaron. Como advirtió Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. En el IEEM falta saber si el hedor viene de los archivos que nadie consultó o de los intereses que nadie quiso examinar. 


Corral acorralado 

La antigüedad en el poder no concede inmunidad; acrecienta las responsabilidades. Francisco Javier López Corral lleva 22 años en el IEEM, 18 de ellos en su estructura ejecutiva superior. Como secretario ejecutivo y representante legal, conoce los resortes administrativos, las contrataciones y los antecedentes de una institución que ha sobrevivido a sus propios escándalos. Estaba allí durante la crisis de Cartonera Plástica en 2005. Su firma aparece en diez contratos con empresas vinculadas a las investigaciones del caso Taddei, incluidos los dos adjudicados directamente a Cajas Graf en 2025 por casi 17 millones de pesos. El mayor, por 15 millones 732 mil pesos, se otorgó sin licitación pública. ¿Qué sabía de los antecedentes de José Alfredo Hernández Casillas? ¿Qué advirtió a las consejeras? ¿Por qué no consta una objeción suya? La memoria institucional debería servir para impedir que los viejos escándalos encuentren nuevos contratos, no para administrar su reincidencia. 

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