Empresarios joyeros del Estado de México acusaron a la Secretaría de Finanzas de aplicar medidas intimidatorias, cobros excesivos y actos de “sobrerregulación” que, advirtieron, ponen en riesgo la permanencia de miles de negocios formales y más de 15 mil fuentes de empleo en la entidad.
Integrantes de la Unión de Joyeros, acompañados por organismos empresariales como Canaco, Concaem y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, denunciaron que desde el año pasado han recibido cartas invitación y visitas de personal de Finanzas para exigir su “regularización” con base en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial.
José Antonio Martínez García, representante de la Unión de Joyeros, aseguró que la mayoría de los establecimientos son pequeños comercios familiares que sobreviven en medio de un panorama complicado por la inflación, la inseguridad y el alza en el precio del oro.
“Somos comerciantes pequeños, nuestros giros dan sustento a nuestras familias. El comercio ya va a la baja y no podemos absorber este gasto extra”, expresó.
El líder del sector señaló que recientemente autoridades estatales instalaron un módulo afuera del Centro Joyero de Toluca para solicitar información de los comerciantes, situación que ha generado incertidumbre entre los empresarios.
“Ya tenemos licencias de funcionamiento, estamos registrados ante el SAT y aun así nos siguen acosando. Dejen de perseguirnos y déjennos trabajar en paz”, reclamó.
Los joyeros advirtieron que las nuevas disposiciones implicarían pagos de hasta 30 mil pesos anuales por establecimiento, además de posibles multas y sanciones administrativas.
A decir de los empresarios, el problema radica en que las autoridades pretenden equiparar legalmente a las joyerías tradicionales con casas de empeño o comercializadoras mayoristas, lo que consideran desproporcionado e injustificado.
Fernando Muñoz Reyes, representante de Canaco, afirmó que las exigencias establecidas por Finanzas violan principios de proporcionalidad, equidad, seguridad jurídica y legalidad.
“Regular el comercio no está mal, pero estos requisitos son excesivos y asfixian al comercio formal”, señaló.
Asimismo, indicó que las cartas enviadas por la Dirección General de Regulación contienen un tono intimidatorio al advertir sobre inspecciones, multas y suspensiones.
Los empresarios exigieron que las joyerías tradicionales sean clasificadas como unidades económicas de bajo impacto y anunciaron que preparan una estrategia jurídica para buscar su reclasificación.
Por su parte, Roberto Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, advirtió que este tipo de regulaciones generan incertidumbre y podrían extenderse a otros sectores económicos.
“Hoy son las joyerías, mañana podrían ser las carnicerías, papelerías o restaurantes”, alertó.
En tanto, Mauricio Massud Martínez, presidente de Concaem, consideró que la medida tiene un fin meramente recaudatorio y lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades estatales.
“No hay congruencia entre el discurso de apoyo a la inversión y este tipo de medidas intimidatorias”, afirmó.
El sector empresarial advirtió que el Estado de México podría retroceder en índices de competitividad si no se generan condiciones de certeza jurídica para las inversiones formales.
De acuerdo con datos del sector, en la entidad existen alrededor de 2 mil 500 joyerías al menudeo, de las cuales cerca de 250 operan en Toluca.
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