Ordena juez federal restituir a cinco ediles en Valle de Bravo

Un juez federal ordenó devolver el cargo a cinco ediles de Valle de Bravo, destituidos sin sustento legal. La alcaldesa Michelle Núñez podría enfrentar consecuencias por estos hechos
junio 4, 2025
Martillo de juez

Un juez federal falló contra la presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, por la destitución anticipada de cinco integrantes del cabildo. El tribunal ordenó su restitución, el pago de sueldos retenidos y una respuesta formal a sus solicitudes.

De acuerdo con DigitalMex, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo, con sede en Toluca, concedió el amparo 143/2025 a los funcionarios cesados el 28 de junio de 2024: Pastor Nava Montoro, síndico municipal; María Magdalena Rodríguez Benítez, primera regidora; Edgar Lezama Bernal, segundo regidor; Adrián Carlos Benítez García, sexto regidor; y Alejandro Reyes Jaramillo, séptimo regidor.

Los cinco ediles fueron dados de baja de la nómina, sustituidos por sus suplentes y se les restringió el acceso a sus oficinas desde el 22 de mayo de 2025, por órdenes directas de la presidenta municipal.

El juez determinó que la alcaldesa —reelecta para el periodo 2025–2027— carece de competencia legal para suspender el pago de salarios ni cesar a miembros electos del cabildo. Solo el Congreso del Estado de México tiene la facultad para destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

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Reparación ordenada por el tribunal:

  • Dejar sin efecto el oficio que instruyó la suspensión de pagos.
  • Restituir los sueldos dejados de percibir desde su destitución.
  • Emitir respuestas legales y congruentes a las solicitudes ignoradas por el Ayuntamiento.

Los ediles señalaron que su separación del cargo fue unilateral. Acusaron que Michelle Núñez activó los nombramientos de suplentes a través de la tesorería, sin consultar al Congreso, lo cual violó su derecho al cargo.

Michelle-Núñez Valle
Michelle Núñez, presidenta municipal de Valle de Bravo. / Foto: Especial.

El caso aún no cierra. Está pendiente la resolución de un incidente por presunta falsificación de firmas en documentos oficiales utilizados para responder la demanda. Si se comprueba, podría derivar en responsabilidades penales.

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