En conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la decisión del juez federal Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, de otorgar un amparo a la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, pretende silenciar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en cuanto a sus expresiones en señales oficiales y redes oficiales.
La secretaria de Gobernación acusó al juez Santos Pérez de extralimitarse en su autoridad y de afectar la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia del país. Según Alcalde Luján, este amparo pretende “silenciar al presidente de México” y tomar decisiones que limitan su capacidad de expresión en plataformas oficiales.
El amparo otorgado por el juez Santos Pérez solicita que AMLO se abstenga de realizar expresiones con “malicia efectiva” en las señales oficiales y redes sociales, específicamente hacia la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Además, se ordena la eliminación de declaraciones y comunicados que mencionen a la quejosa en las cuentas oficiales, incluyendo las conferencias matutinas del 3, 4, ,5, 7 y 14 de julio.
La controversia surge a raíz de la publicación de los ingresos de las empresas de Xóchitl Gálvez, lo que llevó a la promoción del amparo el 18 de julio. La medida también involucra a varias entidades gubernamentales, como la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ordenando que se abstengan de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial de la senadora. Esto se justifica en aras de preservar su privacidad y el secreto bancario.
Otras suspensiones del juez
Además, Luisa María Alcalde Luján señaló que el juez Martín Santos Pérez concedió suspensiones en otros casos de impacto, incluyendo medidas en contra del acuerdo que permitía a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública hasta 2024, así como contra el programa piloto de la SEP para implementar el Plan de Estudios 2022-2023 y la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos, entre otros.