Kenia Inés Hernández Montalván es mujer, feminista, abogada, madre, afroindígena amuzga, activista y, desde 2020, persona privada de su libertad en el reclusorio Neza Sur por protestar. Se enfrentó al Estado representado en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), quien no ha querido conciliar. Su caso llegó tres veces a presidencia y, al menos, tres veces a las mañaneras de dos administraciones.
Hoy, familiares, amigos y más de 400 organizaciones civiles exigen su libertad.
“Se le va a dar un trato justo y lo va a atender Rosa Icela (Rodríguez)”, prometió el expresidente López Obrador en diciembre de 2022.
Kenia está en prisión por presuntamente levantar la pluma en la caseta la Hortaliza, en Almoloya, y permitir el paso de vehículos, que habría generado una pérdida de 7 mil pesos, lo que le costó una pena de 10 años que se acumulan al del presunto robo de un celular valuado en 2 mil pesos. Ambas casetas están concesionadas a Aleatica-OHL.
“Tenemos hasta el lunes (último día de mandato) para ver si se puede lograr su libertad”, más que solicitar, anheló el expresidente el 27 de septiembre de 2004.
En la administración de Claudia Sheinbaum, se han realizado dos acercamientos: el primero, cuando su hijo Joel Hernández Montealbán logró entregarle en la Región de la Montaña, Guerrero, una carta a la presidenta en la que explicó la situación.
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Este martes, la reportera Jordana González, de Ruido en la Red, cuestionó a la presidenta sobre la situación, a lo que la presidenta respondió que se está “revisando el caso, para ver las acusaciones y bajo qué mecanismo se podría ayudar”.
¿Qué soluciones hay?
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero informó, en un comunicado, que la guerrerense tiene dos opciones: el procedimiento abreviado, es decir, que Kenia acepte que delinquió y, en consecuencia, cargue con antecedentes penales; o el acuerdo reparatorio, que implica no llegar a juicio, no aceptar los hechos ni el delito, y pagar la reparación del daño para solventar el proceso. Esto último depende principalmente de la decisión política de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Criminalización de la protesta
Para el abogado y activista Antonio Lara Duque, el caso de la activista Kenia Hernández es el ejemplo perfecto de “criminalización de la pobreza”, ya que hay una actitud punitiva por parte de Capufe que no apuesta por la conciliación solo «para mandar el mensaje de que ‘a nadie se le ocurra seguir protestando en las casetas del país'».
Activista Kenia Hernández no está sola
Más de 400 organizaciones, colectivos, sindicatos, activistas, instituciones académicas, organizaciones campesinas, legisladores y ciudadanos se sumaron al llamado a “Capufe para que se concrete el acuerdo preparatorio como una solución a las persecuciones judiciales en su contra”.
