Al analizar el último sexenio priista, en materia de violencia y derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto se caracterizó por tener cinco históricas tragedias colectivas, en donde los principales implicados fueron las fuerzas del Estado.
Primero se conoció el caso Tlatlaya y tres meses después, a nivel mundial, se habló de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sobre la cual se construyó una ‘falsa verdad histórica’, de acuerdo con las pruebas presentadas durante el actual gobierno.
La madrugada del 30 de junio de 2014, un grupo de 22 civiles fueron asesinados en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, a manos de militares. De acuerdo con una declaración, “alrededor de las 6:00 de la mañana había 20 muertos… Habían sido ejecutados, a uno lo habían desnucado y otros cuatro habían sido brutalmente golpeados en todo el cuerpo”.
El 26 de septiembre de ese mismo año, 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron desaparecidos. Uno más de los estudiantes, Julio César Mondragón, apareció golpeado y desollado. El gobierno de Peña Nieto, a través de la Procuraduría, aseguró que los muchachos “fueron quemados en un basurero”, lo que llamaron “verdad histórica”.
El doctor Emmerich indicó que lo primero que hay que reconocer es que esa llamada “verdad histórica” nunca fue aceptada por la sociedad mexicana. Es así como el gobierno de Peña Nieto entró en una crisis definitiva tras su incapacidad de gestionar siquiera a nivel informativo la tragedia de Ayotzinapa.
La sospecha de que su gobierno tuvo algo o mucho que ver con la masacre quedó establecida a la misma altura de la sospecha de que no pudo, no supo y no quiso resolver la situación de las víctimas y la culpabilidad de la tragedia por los compromisos políticos y el grado de criminalidad al que había llegado el Estado mexicano, señaló.
Después, llegó el caso de Apatzingán, donde policías federales ordenaron: “¡Mátenlos como perros!”, refiriéndose a un grupo de civiles que se manifestaban en los portales del Palacio Municipal. Los hechos sucedieron a las 2:30 de la madrugada, el 6 de enero de 2015.
El 22 de mayo de 2015, un grupo de la Policía Federal asesinó a decenas de civiles desarmados en un rancho de Tanhuato, Michoacán. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el operativo, los agentes dispararon 4 mil proyectiles desde un helicóptero, a esto se sumó que una persona fue quemada viva.
Al año siguiente, el 19 de junio de 2016, entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde, tuvo lugar en Nochixtlán, Oaxaca, la masacre de ocho personas, incluido un menor de edad, a manos de la Policía Federal, estatal y la Gendarmería.
En ese mismo hecho, más de un centenar de personas fueron heridas con armas de fuego y también la CNDH reconoció casos de tortura física, sexual y psicológica. La masacre se dio a propósito de las protestas en contra de la Reforma Educativa. Sin embargo, aquel junio, el pueblo había salido a bloquear la entrada a los policías, ya que temían una tragedia como la de Atenco, durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
En medio de los abusos de las fuerzas armadas, la imposición criminal como diálogo y la matanza como una marca del gobierno de Peña Nieto continuaban con el “combate al narcotráfico”, que como en el sexenio de Felipe Calderón, incrementó exponencialmente las ejecuciones extrajudiciales; casos de tortura, desaparición forzada y descubrimientos de fosas clandestinas.
“Durante el sexenio de Felipe Calderon Hinojosa las violaciones a los derechos humanos y el retroceso de la calidad democrática estuvieron acompañadas por infinitos debates sobre si la guerra era un éxito o un fracas. Pero nunca se debatió ni se intentó debatir si la guerra debería existir o no.
“En tanto, el gobierno de Peña Nieto decidió abandonar la retórica de guerra sin abrazar ni una retórica ni una política pública de paz, mientras prometía la creación de una fuerza de intervención denominada Gendarmería. En los hechos, la guerra continuó intacta, al igual que las masacres contra civiles, con un margen de comunicabilidad y control de daños cada vez menor”, señaló Emmerich.
Agregó que el cartel de Sinaloa siguió creciendo mientras Los Zetas, el cartel contrainsurgente, iba decayendo. La captura, huida y recaptura del “El Chapo” Guzmán terminó por no tener grandes consecuencias ni al interior del propio cartel ni en la vida social del país en general. El Cartel de Jalisco Nueva Generación (¿sin apoyos políticos?) se transformó en el nuevo gran actor del mapa criminal mexicano. Aunque desde 2010 ya era un factor claro de preocupación geopolítica por su centralidad en el locus de poder mexicano, la ciudad de México.
“Todavía en 2014 había textos académicos que se referían al CJNG como un actor desconocido y sin importancia, aunque todo México conocía a los ‘matazetas’. Así, la continuidad fue la principal característica del gobierno de Peña Nieto, en relación con el crimen organizado”, puntualizó el politólogo.
A esto, Emmerich agregó que el sexenio peñista no fue una dictadura militar, más bien fue volcándose a ser todo lo contrario, un gobierno débil y blando, que siempre fue civil y con pocas ataduras con los mandos militares que terminaron por deshacerse de él, como todo el país.