Sabemos que en nuestro país a la educación superior sólo accede una minoría de los jóvenes. También se sabe que una razón por la cual no todos cursan una carrera universitaria es por el costo de la misma (incluso en instituciones públicas). Casi cada año hay movilizaciones en diversas partes del país cuando, tras los exámenes de admisión que aplican algunas universidades, muchos quedan fuera y exigen poder ser incorporados aludiendo su derecho a recibir educación. Ayer miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó este asunto y lo hizo a propósito de un amparo que se había otorgado a una estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para que no tuviera que pagar por su educación, mismo que habían protestado las autoridades universitarias de la vecina entidad.
La resolución es trascendente porque aclara jurídicamente en qué caso es justificado que el Estado no cobre por la educación superior a los estudiantes. La resolución que la Primera Sala ha tomado indica que el Estado mexicano no está obligado a ofrecer educación superior gratuita, pero que ello tampoco está prohibido. Por esta razón es que entidades federativas, como Michoacán, pudieron incluir en su Constitución Política que la Educación Superior que se imparta en su territorio será gratuita.
A la luz de esta sentencia de ayer queda claro que las entidades de la República son libres de poder colocar la gratuidad de la educación superior en sus leyes y, si lo hacen, se trataría de un derecho ganado que ya no podría ser negado (por el principio de progresividad del derecho), amenos que -dice la resolución- el Estado pueda comprobar jurídicamente que no posee presupuesto suficiente para garantizar ese derecho.
En el caso específico de la estudiante de Biología que se amparó, el estado de Michoacán no pudo comprobar esa insolvencia económica y por ello se le otorgó y ratificó el amparo que le exenta de pagar sus colegiaturas. Pero, además, los efectos de este amparo obligan al gobierno del estado a transferir a la Universidad michoacana los recursos económicos necesarios para garantizar la gratuidad de la educación de la chica que interpuso el recurso.
En el Estado de México la Constitución local no garantiza la gratuidad de la educación superior; pero ahora dice la Suprema Corte de Justicia que no está prohibido que lo diga, así que en caso de existir voluntad política para ello (así como la hay en ocasiones para aprobar rápidamente leyes para el uso de la fuerza pública, por ejemplo) se podría incluir y sería un derecho ganado para todos los jóvenes. Ahora ¿eso es lo más conveniente? Es otro gran tema que valdría la pena discutir particularmente. Será en otra ocasión.
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