Luis Zamora Calzada
Ahora con policías federales serán evaluados –del 4 al 26 de noviembre de 2017– todos los maestros estatales y federales cuyos nombres hayan sido ingresados en las fatales listas de aplicación por sus autoridades inmediatas; ellos y los que se manifiesten en contra serán nuevamente agredidos por la policía federal que comanda “el sargento Nuño” (como es conocido en muchos medios quien aún se ostenta como secretario de Educación Pública del país).
Es un verdadero abuso lo que ha hecho la autoridad: contrario a derecho, ha autorizado el ingreso de la fuerza pública a los salones de aplicación del examen para la permanencia en 2017, lo que constituye un acto ilegal. Se extralimita en sus funciones, y no le importa que haya nuevas movilizaciones de resistencia de los maestros; a final de cuentas, ya habrán pasado las elecciones para gobernador en varios estados de la república –programadas para el 4 de junio– y las presidenciales estarán muy lejos, hasta julio de 2018. Tiempo suficiente para el olvido del nuevo agravio, tal y como está ocurriendo con el gasolinazo, que alcanzó nuevamente –según los cálculos oficiales– los precios de enero de este año.
Quien en verdad piensa que los maestros no leemos –y que con un choro mareador quiere engañar a los profesores, incluso ofendiendo e insultándonos con su partido– es uno de los candidatos a gobernador del Estado de México: el del brazo flexionado con señalamiento no especificado, arremangado en pose amenazadora, totalmente autoritario, quien indicó el 3 de abril que los maestros no serán vulnerados en sus derechos en la aplicación de lo que su pariente presidente bautizó como “reforma educativa”.
Es notorio que el primazo de Peña Nieto no conoce los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en educación básica y media superior en el ciclo escolar 2017-2018 (LINEE-04-2017): los citados lineamientos (publicados en el Diario Oficial de la Federación a finales de marzo de este año) tienen un agregado doloso y de mala fe en su apartado de la “Organización y operación del proceso”, que afecta a todo el magisterio.
El subapartado “De la aplicación de los instrumentos de evaluación”, artículo 40, fracción VI, textualmente señala: “VI. Que la fuerza pública se abstenga de ingresar al aula de aplicación de los instrumentos de evaluación, salvo en las condiciones excepcionales debidamente acreditadas que lo ameriten…”, con lo que la autoridad otorga todas las facultades a los aplicadores para acreditar esas “condiciones excepcionales” y autorice el uso de la fuerza pública en los salones; quizá Nuño quiera sacar a los maestros que se resistan a ser evaluados o que busquen el apoyo de sus compañeros para evitar el examen a última hora, como ocurrió en aplicaciones anteriores.
La fuerza pública ya no estará únicamente en los alrededores de los centros de aplicación “para brindar seguridad” –como manifestó el sargento Nuño en años anteriores, al intentar justificar la presencia de la policía federal–: ahora podrán entrar a las aulas y someter a los docentes que, desde su óptica, sean “revoltosos”; la evaluación será un verdadero acto de violación de derechos del profesorado y de sometimiento policiaco, como si el maestro fuera un delincuente educativo.
En los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño de personal en funciones de docencia, dirección y supervisión en educación básica y media superior 2015 (LINEE-05-2015), en el subapartado “De las sedes y aplicación de instrumentos”, en ninguno de sus diez artículos se hace alusión al uso de la fuerza pública; su sola presencia era ilegal. Con el agregado, se institucionaliza la presencia de la policía federal –y quizá más tarde la del ejército– para someter a los docentes.
¿Qué explicación darán a este tema los maestros que están en abierta campaña a favor del candidato priista? En particular los docentes estatales que abandonan sus jornadas laborales para promocionar al primazo de Peña Nieto, o los profesores de Nueva Alianza, que van en coalición con el junior de la “familia real” que quiere seguir gobernando el Estado de México.
Quizá valdría la pena preguntar a estas personas, con plazas docentes pero en desempeño proselitista, si han leído los lineamientos para la evaluación a los maestros de 2017 (lo que seguramente no han hecho, pues se dice que la lectura no se les da).
Como consecuencia lógica, y con calidad moral, hay que requerirles que no devalúen con sus funciones partidistas la imagen de los buenos docentes. Con su actuar dañan al profesorado, a los maestros de verdad, los que están frente al grupo, los vigilados de siempre por el director de la escuela, el supervisor… y ahora hasta por la policía federal.
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