Tras 48 horas de permanecer en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México los tres trabajadores del Ayuntamiento de Toluca detenidos durante una protesta fueron puestos en libertad la noche del miércoles 2 de marzo. Su caso evidenció la falta de protocolos adecuados por parte de la policía municipal y la existencia de señalamientos oficiales que no fueron acreditados.
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El pasado lunes 28 de febrero más de una veintena de elementos de la policía detuvieron a los extrabajadores y una mujer. El hecho sucedió cuando realizaban una protesta frente al ayuntamiento de Toluca luego de que se les pidió la firma de su renuncia, por lo que cerraron la calle Independencia.
Detienen a mujer de la tercera edad que no estaba implicada en la protesta
“Mi mamá es una señora ya grande con enfermedad. En la ambulancia me dijeron que si baja más su oxigenación puede pasar a mayores; es una persona ajena a la manifestación solo les estaba brindando alimentos y no se me hace justo”, explicó Estela Carrillo, hija de la detenida.
Ella llegó el pasado lunes a la Fiscalía del Edomex, tras enterarse que su madre Elvia Pérez Reyes fue detenida junto con los trabajadores que protestaban a las afueras del ayuntamiento de Toluca.
“Todos los protocolos se fueron a la basura, lamentablemente vivimos en un país donde el ciudadano tiene menos derechos y lamentablemente la corrupción gobierna todo”.
El caso de la señora que pasó 48 horas en la Fiscalía no fue mencionado en la tarjeta informativa que el Ayuntamiento de Toluca emitió. En esta se argumentó que los tres exservidores públicos «fueron presentados por obstruir las vías primarias de comunicación, ya que en días anteriores tomaron un edificio, lanzaron amenazas y realizaron conductas que alteraron el orden».
Una ambulancia atendió a Elvira Pérez minutos antes de que fuera ingresada a la Fiscalía. De acuerdo con su hija, la mujer sufre una enfermedad crónica, por lo que la situación la ponía en riesgo. Antes de que fuera ingresada le preguntaron si sabía el motivo de su detención; “lo desconozco solo le llevé de comer a mi esposo”, respondió.
Lo ocurrido con la señora evidenció un inexistente protocolo de actuación por parte de la policía de Toluca, ya que las autoridades no explicaron –en su momento– los motivos de las detenciones que ejecutó contra ella y los tres trabajadores del ayuntamiento de Toluca.
¿Qué dijo el Ayuntamiento de Toluca sobre los trabajadores detenidos?
En una tarjeta informativa las autoridades explicaron:
En diversas ocasiones, los exempleados del Ayuntamiento fueron conminados a sostener un diálogo para valorar su situación laboral; sin embargo, sistemáticamente rechazaron los exhortos y optaron por la vía del bloqueo y la presión política para resolver su condición administrativa.
El pasado 17 de febrero, los involucrados tomaron el edificio de Protección Civil y Bomberos, impidiendo la salida de vehículos de emergencia, solicitando destituciones, con lo que se atribuyeron indebidamente funciones; luego se manifestaron la tarde de este lunes invadiendo la vía pública y generando conflicto, motivo por el cual fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
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La problemática con los ex servidores públicos data de administraciones anteriores, cuando se creó la figura de los “comisionados”, que permite la apertura de plazas para personas que son designadas como resultado de algún tipo de negociación política o cuota de grupo y no de criterios de eficiencia, que son los que rigen la contratación en la actual administración municipal.
Uno de ellos fue “comisionado” a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos donde incurrió en conductas que determinaron que su estancia en la misma se limitaba a un período de dos meses, dejando el área con diversos señalamientos administrativos.
Ante tales hechos, creó una supuesta organización gremial denominada Justicia para Todos, misma que carece de sustento legal.
Otro de los involucrados generó conflictos y violencia desde el área a la que estaba adscrito derivada de la falta de pago de salarios al personal, durante la pasada administración.
Derivado de ajustes presupuestales y administrativas, obstruyó el acceso a las instalaciones y amenazó con bloquear diversas vialidades de Toluca exigiendo a las autoridades de la Coordinación General de Protección Civil que cesara a la línea de mando de los bomberos por supuestas faltas e infracciones.
Adicional a ello, realizó amenazas directas contra una representante legal del Ayuntamiento de Toluca.
Sin pruebas
Los trabajadores Martin Castillo, Daniel Castillo, Armando N –miembros de la coalición Justicia para todos– y la señora Elvira Pérez fueron puestos en libertad, pese a las acusaciones hechas por las autoridades municipales.
“Nos ingresan a la Fiscalía. Nos dejan 48 horas supuestamente por el delito de ataque a las vías de comunicación. A partir de ahí no entregan elementos, no entregan pruebas suficientes porque no había acción que nos incriminara. No había argumento ni sustento legal, luego de ese periodo salimos e iniciamos ya un proceso de demandas penales y laborales”, expresó Daniel Castillo, quien negó ser responsable de los delitos que señala el Ayuntamiento.
“Circulaban un comunicado donde ponen diversas cuestiones (…), nunca se llevó a cabo la toma de un edificio. Nunca se llevó a cabo una amenaza, nosotros contamos con las pruebas de lo dicho”.
Se solidarizan con trabajadores de Toluca detenidos
“Nos unimos solidariamente a los compañeros detenidos, porque es una incongruencia total. Ha habido manifestaciones de mil maneras. En Toluca puedes cerrar una calle para una fiesta, para poner juegos, para instalar un tianguis, pero no puedes manifestarte porque con todo el peso de la ley te reprimen, muy grave esto”, señaló Mario Castillo trabajador despedido.
Él forma parte del Movimiento dignificación del servicio público Toluca, que este miércoles presentó una solicitud de auditoria ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
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En su mensaje expresó su preocupación por esta situación: “ahora si nos manifestamos qué medidas va a tomar la autoridad por exigir algo que por derecho nos corresponde. No estamos inventándonos nada”.