El Ayuntamiento de Toluca afirmó que los tres exservidores públicos remitidos al Ministerio Público fueron llevados a esa instancia por obstruir las vías primarias de comunicación, «luego de que en días anteriores tomaron un edificio, lanzaron amenazas y realizaron conductas que alteraron el orden». Los trabajadores continuaron con el bloqueo de calles para denunciar que no falta de pagos de salario, de prestaciones y despidos injustificados.
Para entender mejor: Tres meses de protestas en Toluca por conflictos laborales en el ayuntamiento
A través de un comunicado, la versión de la administración que encabeza Raymundo Martínez sostiene que:
«en diversas ocasiones, los ex empleados del Ayuntamiento fueron conminados a sostener un diálogo para valorar su situación laboral; sin embargo, sistemáticamente rechazaron los exhortos y optaron por la vía del bloqueo y la presión política para resolver su condición administrativa«.
Además, el municipio afirmó que el pasado 17 de febrero, «los involucrados tomaron el edificio de Protección Civil y Bomberos, impidiendo la salida de vehículos de emergencia, solicitando destituciones, con lo que se atribuyeron indebidamente funciones». En esa ocasión, el Ayuntamiento de Toluca se comprometió con trabajadores de Protección Civil y Bomberos a remover al subcoordinador Marco Antonio Hernández Peralta y sus mandos medios, acusados de presuntos actos de corrupción, abuso de poder y acoso laboral.
Con respecto a las manifestaciones de este lunes, el gobierno municipal afirmó que los exservidores públicos «invadieron la vía pública […] generando conflicto».
«La problemática con los ex servidores públicos data de administraciones anteriores, cuando se creó la figura de los ‘comisionados’, que permite la apertura de plazas para personas que son designadas como resultado de algún tipo de negociación política o cuota de grupo y no de criterios de eficiencia, que son los que rigen la contratación en la actual administración municipal.
Uno de ellos fue ‘comisionado’ a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos donde incurrió en conductas que determinaron que su estancia en la misma se limitaba a un período de dos meses, dejando el área con diversos señalamientos administrativos.«
El Ayuntamiento de Toluca señaló como «supuesta organización gremial» al grupo de trabajadores denominado Justicia para todos y afirmó que carece de sustento legal.
«Otro de los involucrados generó conflictos y violencia desde el área a la que estaba adscrito derivada de la falta de pago de salarios al personal, durante la pasada administración.«
«Derivado de ajustes presupuestales y administrativas, obstruyó el acceso a las instalaciones y amenazó con bloquear diversas vialidades de Toluca exigiendo a las autoridades de la Coordinación General de Protección Civil que cesara a la línea de mando de los bomberos por supuestas faltas e infracciones. Adicional a ello, realizó amenazas directas contra una representante legal del Ayuntamiento de Toluca» [sic].
Daniel Castillo, trabajador afectado, explicó en entrevista que no hay una respuesta clara por parte del ayuntamiento sobre el estatus en que se encuentra. “Me han mandado a Recursos Humanos, delegación administrativa y ninguna me da respuesta. Dicen que no nos van a pagar, que debemos de firmar la renuncia a cambio de nuestro pago”.
La coalición Justicia para Todos se mantuvo movilizada en el mes de diciembre para exigir el pago de sueldos y aguinaldo a Juan Rodolfo Sánchez. Por ello, acudieron a la mañanera para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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