Las campañas electorales en todo el mundo son muy costosas y desde hace muchos años, en México se ha intentado limitarlas con los míticos topes de gastos de campaña, que obviamente (según los datos oficiales) nadie rebasa. La fórmula que previene la legislación electoral vigente es muy simple: “El tope de gastos de campaña, que determinará el Consejo General para cada partido político o coalición, será la cantidad que resulte de multiplicar el 34% del salario mínimo general vigente en la capital del Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado, distrito o municipio de que se trate, con corte al último mes previo al inicio del proceso electoral”
El salario mínimo vigente es de $73.04 y a su 34% corresponden $24.83, mismo que conforme a la formula señalada, solo se multiplican por el Padrón Electoral con corte al mes de agosto, (11,189,882) lo que nos lleva a $277,844,770 al día de hoy y preciso; el padrón utilizado es al 23 de septiembre, porque es el que estaba disponible en la página de internet del INE y el salario mínimo aumentara conforme a la ley a fin de año. Haciendo un cálculo del aumento tradicional no superará un digito, por lo que en el mejor de los casos dicha cantidad rondará los 300 millones de pesos. El tope lo podrá fijar la autoridad electoral hasta el 2 de abril del próximo año, pero los elementos serán los mismos y las cifras rondaran las cantidades ya citadas.
La campaña solo durará 60 días, por lo que podrán destinar hasta 500 mil pesos diarios. Eso es mucho o poco para una campaña? Para usted, para mí o cualquier ciudadano que no conoce cómo se hace una campaña electoral, estas cifras son una barbaridad, sin embargo, hay que decirlo, no se acercan ni con mucho a los gastos reales de campaña. Calcule usted espectaculares, bardas, utilitarios, grupos musicales, renta de auditorios, salones, autos, sonido y toda la demás parafernalia que acompaña a los candidatos. A todo lo anterior, hay que sumar las famosas estructuras, de las que ya me he ocupado en colaboraciones anteriores y solo como referencia recordemos que si habrá más de 16 mil casillas entonces necesitan a 32 mil representantes, más un número indeterminado de movilizadores (no menos de unos 20 mil), más las cuadrillas de propaganda y un verdadero ejercito de abogados, por citar sólo lo más elemental.
Desde hace años, los candidatos contratan servicios especializados por fuera de sus propios partidos, lo mismo de mercadologos que de cualquier tipo de asesor que supla las deficiencias propias o imaginarias de las “estructuras del partido” que les da cobijo y que en la mayoría de los casos no conocen y en consecuencia aceptan contratar externos, en vez de aprovechar el expertise de sus militantes y directivos, por lo que la mayoría se mueve con impresionantes sequitos que incluyen desde el uso de helicópteros hasta ujieres para cambio de ropa. Los gastos vistos así, francamente rebasarán los topes fijados por la autoridad electoral.
Dado que en el estado de México no se han anulado elecciones bajo este supuesto. Entonces la pregunta pertinente cambia de sentido: cómo le hacen los candidatos y sus partidos para “respetar” los límites legales y evitar que les anulen la elección?.
Héctor Aguilar Camín escribió un célebre artículo en Nexos del mes de mayo, “Nocturno a la democracia mexicana” (www.nexos.com.mx), un texto muy recomendable que analiza los males que acompañan a nuestra transición democrática y alude al fenómeno del abuso del dinero y el ejercicio extendido de la corrupción en la política mexicana, en particular y citando a Luis Carlos Ugalde (expresidente del IFE) señala que: “las campañas cuestan varias veces más que los topes que la ley establece…una campaña ganadora de gobernador requiere entre 400 y 700 millones. Las campañas se fondean con desvió de recursos público y con aportaciones de otras fuentes: contratistas que requieren asegurar negocios con el nuevo gobernador o el nuevo alcalde; constructoras que quieren ganar licitaciones de obra pública a modo; hoteleros, antreros o comerciantes que quieren permiso de uso del suelo, concesiones, otros permisos. Un aportador no infrecuente, lo sabemos ahora, es el crimen organizado” www.integralia.com.mx
La pregunta obvia es (continua Aguilar Camín): cómo pagan sus deudas los candidatos que tienen que invertir tanto por fuera de las reglas? La siguiente pregunta es: una democracia de candidatos endeudados puede esperar gobiernos transparentes”. Hasta aquí la cita.
Si nos atenemos a las cifras dadas tanto por Luis Carlos Ugalde como por Aguilar Camín, podemos deducir que la elección para gobernador de Nuevo León del año pasado, costó entre 600 y 700 millones de pesos. El Estado de México tiene alrededor de 7 millones más de electores que aquélla entidad, por lo que hagan sus cuentas. Recuerde, el tope de gastos de campaña rondara los 300 millones de pesos para el próximo año y la autoridad no puede identificar los ríos de dinero que se mueven por fuera del marco institucional ni con el INE centralizando esta actividad ni con el mejor empeño de los funcionarios del IEEM. Esta tarea no puede ser abatida sin el concurso de los electores que en vez de ahuyentarnos de las urnas, debemos denunciar los actos de corrupción que asolan a nuestra sociedad.
Es un hecho que todos los que medianamente aspiran a la postulación dentro de sus partidos, ahora mismo preparan sus propias “estructuras”, afinan los detalles de sus estrategias e invierten en estudios fotográficos, encuestas, grupos de enfoque y demás herramientas que no los agarren con los dedos en la puerta si su partido decide hacerlos candidatos, con lo que desde este momento las aportaciones “desinteresadas” de cientos de simpatizantes, avivan el fuego de la hoguera de vanidades en la que se convierten los escarceos que en estos momentos viven los febriles equipos de campaña, de las precampañas inexistentes y de los campañas que alimentan la especulación mediática, pero que realmente hasta abril del próximo año, arrancan formalmente.
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