Hay estructuras que no hacen ruido porque están diseñadas para no sonar. No son clandestinas, pero sí invisibles. No portan armas, pero garantizan impunidad. En el Estado de México hay mecanismos de poder que no gobiernan, pero deciden; no legislan, pero definen destinos; no votan, pero certifican lo ilegal con cara de legal. Esta columna no busca denunciar todo. Solo quiere saber: ¿cuántas de estas madrigueras seguimos alimentando… sin atrevernos a nombrarlas?
1. ¿Quién le da fe a la fe pública?
En el mundo ideal, un notario da certeza jurídica. En el Estado de México, da certezas… pero al mejor postor. Los casos de despojos blanqueados, escrituras exprés, patrimonios lavados y arreglos inmobiliarios a favor del poder ya no caben en la categoría de excepción: son rutina disfrazada de legalidad. Una notaría no es un encargo, es una franquicia millonaria. Y el silencio del gobierno se parece demasiado a la complicidad.
a) ¿Cuántos de los más de 200 notarios del Estado de México pueden mirar de frente sin que les tiemble la mano… o el expediente?
b) ¿Por qué hablar de “fe pública” si cada firma puede valer una fortuna y cada sello abre la puerta al despojo con sonrisa legal?
c) ¿En qué momento una notaría dejó de ser un encargo de honor para convertirse en una mina de oro con pergamino oficial?
d) ¿Cuántos tienen denuncias abiertas, investigaciones inconclusas… o favores vigentes con políticos de todos los colores?
e) ¿Y si en vez de limpiar al sistema desde adentro, seguimos premiando a los notarios como si fueran santos laicos del capital legal?
Moraleja: El papel lo aguanta todo… incluso el saqueo, si lo certifica el notario adecuado.
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2. El negociazo de los verificentros
Dicen que para conseguir la concesión de un centro de verificación vehicular no hace falta conciencia ecológica, sino relaciones útiles y capacidad de retorno. No es un negocio: es una máquina de dinero negro disfrazada de política ambiental. Las cifras son opacas, pero los favores son evidentes. ¿Cuánto deja al mes una línea de verificación? ¿A quién se le paga primero: a la autoridad, al partido o al padrino?
a) ¿Cuántos verificentros operan como caja chica de funcionarios ambientales y caja grande de negocios particulares?
b) ¿Por qué la corrupción del humo es tan invisible para las autoridades, pero tan palpable para quien tiene que pagar doble para obtener su engomado?
c) ¿No se suponía que los hologramas eran para cuidar el medio ambiente, y no para calibrar cuánto puedes pagar por evitar una multa?
d) ¿Quién decide qué vehículos contaminan más: la máquina de análisis… o el tamaño de la cartera?
e) ¿Y si alguna vez, solo por accidente, se hiciera una verificación real, cuántos autos del propio gobierno quedarían fuera de circulación?
Moraleja: Cuando la corrupción se mide en partes por millón, el aire no es lo único que se vuelve irrespirable.
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3. Los señores del uniforme
En los 125 municipios del Estado de México hay jefes de policía que deberían estar en el penal de Almoloya, no al frente de una patrulla. Muchos llegaron al cargo no por méritos ni por carrera policial, sino por recomendación de alcaldes, padrinos o directamente del crimen organizado. Algunos acumulan casas, terrenos y relojes imposibles de justificar con su salario. Otros han sobrevivido a más trienios que un regidor. ¿Quién los nombra? ¿Quién los vigila? ¿Quién se atreve a tocarlos?
a) ¿Cuántos directores de policía municipal en Edomex podrían aprobar un examen patrimonial sin vomitar cifras imposibles?
b) ¿Qué porcentaje llegó al cargo por sus vínculos con alcaldes… y qué porcentaje por sus pactos con criminales?
c) ¿No es escandaloso que haya comisarios que han durado más que los alcaldes que los nombraron, como si fueran virreyes blindados?
d) ¿Cuántos policías honestos han sido desplazados, silenciados o relegados por estos caciques de uniforme que controlan territorios como feudos?
e) ¿Y si un fiscal con valor se atreviera a revisar expedientes y cuentas, cuántos de esos jefes terminarían como lo que son: delincuentes uniformados?
Moraleja: Cuando el crimen tiene placas, la ley no llega… ni con sirena encendida.
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4. ¿Cuántos más viven atrapados en el limbo del ISSEMyM?
La historia de María del Carmen, una mujer de 75 años con fractura vertebral que no ha recibido más que analgésicos desde enero, no es una excepción: es el síntoma de un sistema que ya no funciona. Su hija, también enferma, ha sido ignorada; otra familiar lleva 12 años esperando un trasplante de riñón. El ISSEMyM ya no es un instituto de seguridad: es un laberinto sin salida donde se pierde la salud, la esperanza y la dignidad. Esta familia vive entre el dolor y la espera, con la desesperanza de quien suplica sin ser escuchado. Por eso, más allá de los trámites y los protocolos, este bloque lanza una pregunta a la conciencia humana del director Ignacio Salgado: ¿cuánto más se puede postergar el derecho a vivir sin dolor? La técnica no justifica la inacción cuando la urgencia grita desde una cama.
a) ¿Cuántas personas mayores en el Estado de México están condenadas a una muerte lenta y silenciosa por burocracia médica?
b) ¿Cuántas solicitudes de trasplante duermen en cajones, mientras se inauguran campañas de salud que solo funcionan para la foto?
c) ¿En qué momento el derecho a la salud se convirtió en un privilegio condicionado al azar, al padrón o al palacio?
d) ¿Por qué la administración pública no responde cuando el dolor es inmediato y los oficios tardan meses en circular?
e) ¿Cuánto vale, para este sistema, la vida de una mujer que no grita… pero ya no puede moverse?
Moraleja: Cuando el Estado no escucha el dolor, se convierte en cómplice de la muerte.
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5. ¿Quién juzga a los jueces… cuando los jueces se heredan?
Con la elección por voto de jueces y magistrados, y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, se abre una puerta inédita: la del juicio público al poder que nunca ha sido juzgado. El Poder Judicial del Edomex ha sido, por décadas, una estructura cerrada, vertical, selectiva. El nepotismo no es un rumor, es una lógica interna. La corrupción no es un desvío, es una práctica sistemática. La negligencia se documenta en sentencias que destruyen vidas con errores de copia y pega. Ahora que por fin se habla de legitimidad, ¿cuál es el compromiso real? ¿Quién se atreverá a ir más allá del maquillaje institucional?
a) ¿Cuántos jueces del Edomex pueden decir que ganaron su cargo por méritos y no por apellido, lealtad o compadrazgo?
b) ¿Por qué el Consejo de la Judicatura ha sido, por años, un órgano más preocupado por la forma que por la justicia?
c) ¿Hasta cuándo los errores judiciales seguirán considerándose «fallas humanas» y no violencia institucional?
d) ¿Qué tamaño tiene la red de privilegios que impide sancionar a los jueces que venden sentencias como si fueran favores políticos?
e) ¿Y si el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial se toma en serio su nombre, cuántos magistrados terminarían enfrentando lo que siempre esquivaron: un juicio justo?
Moraleja: El poder que no se revisa no es justicia: es arrogancia con toga.
Epílogo
No se trata de saber más, sino de no seguir mirando hacia otro lado. En el Estado de México no faltan leyes, faltan nervios para aplicarlas. Cada madriguera aquí expuesta sigue operando porque nadie se atreve a cerrarla desde dentro. Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, exigen respuestas incómodas. Y si no llegan desde el poder, vendrán desde la conciencia pública. Porque dudar, en este contexto, ya no es un acto intelectual: es un deber cívico.
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