Laura Benhumea ha ganado la primera batalla legal contra la nomenklatura universitaria —de la cual ella misma formaba parte hasta caer en desgracia—, con el amparo de la justicia federal. Este fallo podría convertirla en la sexta candidata a la rectoría, lo que representa un duro revés para el rector saliente, Carlos Barrera.
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Impedir la participación de Laura fue un error que contaminó el proceso desde su origen. El argumento legal utilizado en su contra era débil, y el juez que concedió el amparo así lo ratificó. A la luz de los hechos, no solo fue un error, sino también un abuso de poder.
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Laura cuenta con una base de apoyo influyente, compuesta principalmente por maestros, alumnos, trabajadores y egresados de Ciencias Políticas. Figuras conocidas como el exrector José Martínez Vilchis —actual presidente del Instituto de Transparencia—, Juan Carlos Villarreal —recientemente nombrado director del INESLE—, los exdirectores Rogelio e Ivett Tinoco, Jannet Valero Vilchis y Luis Alfonso Guadarrama Rico, entre otros, simpatizan con su proyecto.
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La institución no sufre ningún daño en su prestigio; este sigue incólume. Quienes tendrán que asumir las consecuencias son los miembros de la comisión que la excluyeron con un argumento tan frágil. El mayor perjudicado, si puede considerarse así, es el rector saliente, Carlos Barrera.
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Cualquiera de las seis candidatas —dando por hecha la inclusión de Laura— podría ganar, pero no todas tienen las mismas probabilidades. Como en toda competencia, algunas candidatas son más fuertes que otras. Laura, de entrar a la contienda, lo hará cuesta arriba y, quizá, con la animadversión de una mayoría en el Consejo Universitario.
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