El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos respalda la controvertida ley de inmigración de Texas, permitiendo su entrada en vigor mientras continúa el proceso legal. La SB4, conocida por su severidad hacia los migrantes, autoriza a la policía a detener y deportar a aquellos sospechosos de ingresar irregularmente al país.
El caso ha generado un intenso debate entre la administración Biden y defensores de los derechos de los migrantes, liderados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). La decisión del Tribunal Supremo, con seis votos a favor de Texas y tres en contra, refleja una marcada división ideológica en la corte.
Podría traer un conflicto en la jurisdicción
La jueza Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo con la decisión, destacando que la ley de Texas podría entrar en conflicto con la jurisdicción federal sobre asuntos de inmigración.
La Casa Blanca ha rechazado enérgicamente la decisión del Tribunal Supremo, argumentando que la SB4 no solo pone en peligro la seguridad de las comunidades de Texas, sino que también socava los principios constitucionales y el equilibrio de poder entre el gobierno federal y estatal.
Por otro lado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la decisión del tribunal como una victoria sobre las mociones de emergencia presentadas por la administración Biden y la ACLU. Paxton enfatizó que la ley ya está en efecto, respaldando así las políticas antiinmigrantes promovidas por el gobernador Greg Abbott.
Una de las leyes más severes
La SB4, una de las leyes más severas en la historia de Estados Unidos en cuanto a inmigración, convierte en delito el ingreso irregular al estado, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión para reincidentes. Además, otorga a la justicia estatal la autoridad para ordenar la deportación sin un proceso legal y permite a la policía detener y deportar a individuos sospechosos de ingresar ilegalmente al país.
A pesar de la decisión del Tribunal Supremo, los defensores de los derechos de los migrantes, liderados por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, continúan desafiando la ley, argumentando que socava los principios fundamentales del debido proceso y la integridad de las leyes de inmigración de Estados Unidos.
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