El Senado de la República aprobó el 20 de abril la Ley de Amnistía. Si bien para los especialistas no es la panacea que resolverá el problema estructural del sistema de justicia en México, sí es un primer paso.
El proyecto fue entregado a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre del 2019. Tras su aprobación, Notimex consultó a cuatro especialistas quienes coincidieron en que, en primera instancia, no beneficiará a un gran número de personas por enfocarse sólo en delitos federales.
Pese a que hay quienes no encuentran sentido a dicha ley, para otros expertos y defensores de Derechos Humanos se trata de un mensaje político importante con el cual, desde el Ejecutivo federal, se reconoce la injusticia que representa para las personas privadas de la libertad que no debieran estar presas.
¿Qué propone la ley?
El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.
Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de éste formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.
El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación.
Pocos presos con delitos federales
De acuerdo con datos de la Comisión de Gobernación del Senado, habría más de dos mil 600 personas privadas de la libertad por delitos del fuero federal que serían potencialmente beneficiadas.
Para Karla Michel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, esta ley solamente tendrá un efecto útil en la medida en que los estados la adopten, pues la mayoría de las personas que están presas lo están por delitos del fuero común.
«Es de llamar la atención que una de las poblaciones a las que busca beneficiar la ley es a las mujeres presas, ya sea por aborto o por homicidio en razón de parentesco, pero no hay ninguna a nivel federal, pero sí hay muchas a nivel de los estados», expresó la abogada.
Si bien, la aprobación de la legislación se dio en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, Enrique Bouchot, investigador del programa de Justicia de México Evalúa, dijo que es necesario visualizar el tema no desde ese enfoque, sino desde una discusión que existe desde el año pasado.
En palabras del experto, tanto para la pandemia como de manera general, la Ley de Amnistía tendrá un impacto limitado.
«Es una ley federal que establece que sólo se aplicará a nivel federal (…) En general creo que es una forma de avanzar en la discusión, por lo menos en lo que refiere a los derechos a decidir y a la legalización de algunas sustancias; es un pasito, primero amnistiar y siempre y cuando se abra la discusión para el penalismo», opinó.
Bouchot coincidió con Salas en que lo que hace falta es que llegue a los estados, donde están la mayoría de los presos, pues más del 90 por ciento de los reos a nivel nacional cumplen sentencias por delitos del fuero común.
No obstante, Gabriel Martín Barrón Cruz, profesor, investigador y criminólogo, consideró que no es de utilidad crear una legislación para un número reducido de personas. «Veo que en lugar de ir viendo progresivamente los beneficios para los internos, estamos hablando por partes, no estamos viendo el conjunto».
Ángela Guerrero Alcántara, coordinadora de la organización Centro de Estudios y Atención para la Justicia Social, expuso que tras la aprobación de la ley lo que se verá en las próximas semanas es que los estados trabajen en sus respectivas leyes de amnistía. Hasta ahora, ya hay iniciativas en Jalisco, Puebla y Oaxaca (esta última muy ambiciosa).
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