La iniciativa para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, enviada por la gobernadora Delfina Gómez, fue presentada este miércoles 21 de octubre ante el pleno del Congreso mexiquense, donde el diputado de Morena Octavio Martínez Vargas también presentó una propuesta propia de Ley Orgánica, acompañada de reformas a la Constitución estatal y a la Ley de Educación.
El documento del Ejecutivo recoge el proyecto aprobado por el Consejo Universitario el 17 de julio y llegó al Legislativo mediante un oficio recibido el 27 de agosto. La gobernadora lo remitió sin modificaciones, como precisa el expediente y como ella misma lo mencionó; este miércoles correspondió su presentación ante el pleno, un paso que abre la discusión legislativa, pero todavía no cambia las reglas universitarias.
Las dos iniciativas coinciden en elegir directamente a las autoridades y avanzar hacia la gratuidad, aunque proponen caminos diferentes.
La universitaria incorpora un órgano electoral y un sistema de justicia interna; Martínez Vargas plantea voto estudiantil doble, alternancia de género en Rectoría y direcciones, presupuesto participativo y reconocimiento expreso de la protesta pacífica.
Voto universal, pero con distinto peso
Para elegir Rectoría, el proyecto universitario establece el voto personal, directo, libre y secreto, pero deja al Estatuto la definición del peso que tendrá cada sector. Martínez Vargas propone que cada sufragio estudiantil cuente por dos y que los emitidos por personal académico y administrativo valgan uno.
Esa fórmula daría mayor valor a cada voto estudiantil, aunque no reservaría al alumnado un porcentaje fijo del resultado: su influencia dependería también de cuántas personas acudieran a votar. En el proyecto universitario, conocer ese equilibrio requeriría esperar la actualización del Estatuto, donde quedarían las reglas de ponderación.
La organización de las elecciones recaería, según la propuesta universitaria, en un Órgano Electoral con autonomía técnica, operativa y de gestión. El diputado plantea una Comisión Especial Electoral integrada por sorteo entre miembros del Consejo Universitario; en ambos casos, las reglas de integración y resolución de inconformidades deberán permitir que las candidaturas compitan con imparcialidad.
Rectoría con o sin reelección
Los dos textos fijan periodos de cuatro años para Rectoría, aunque la propuesta universitaria prohíbe expresamente la reelección y cualquier regreso de quien haya ocupado el cargo como titular o sustituto. Martínez Vargas establece un periodo improrrogable, sin precisar con la misma claridad que la persona no pueda volver después de otra gestión.
Su iniciativa exige, además, que quien suceda a la persona titular de Rectoría o de una dirección sea de género distinto, mientras que el proyecto universitario no establece esa alternancia obligatoria. También difieren en la edad para aspirar a Rectoría: el diputado propone más de 30 años y la universidad, más de 35.
Vargas pide gratuidad, pero no más recursos
La eliminación de cuotas sería gradual en ambos casos, por lo que ninguna propuesta implica que los estudiantes dejen de pagar inmediatamente.
El proyecto universitario ordena elaborar un plan para retirar los cobros de inscripción y reinscripción sin comprometer las finanzas; Martínez Vargas encarga al Consejo diseñar políticas para avanzar hacia la gratuidad y mantener la sostenibilidad financiera.
El presupuesto participativo que propone el diputado permitiría intervenir en las prioridades del gasto, pero falta precisar qué recursos podría decidir la comunidad. Su texto no fija un porcentaje disponible ni establece reglas mínimas para seleccionar proyectos, determinar su viabilidad y asegurar que las decisiones se lleven a la práctica.
Una iniciativa con vacíos que dejan dudas
La iniciativa de Martínez Vargas anuncia en su exposición de motivos que la consulta universitaria tendría efectos vinculantes; sin embargo, sus artículos no explican claramente qué consecuencias tendría el dictamen del Consejo para el Congreso ni cómo se atenderían las diferencias entre sus decisiones y los resultados de la consulta.
Sus tres transitorios tampoco resuelven expresamente la continuidad de las autoridades actuales o la instalación de la Comisión Electoral. El proyecto universitario dispone que las autoridades concluyan sus periodos y concede hasta 365 días para actualizar el Estatuto; entretanto, continuarían las disposiciones vigentes que no contradigan la nueva ley.
Otro punto pendiente es la prohibición de aspirar a Rectoría cuando exista una investigación abierta, prevista por Martínez Vargas sin precisar autoridad o etapa procesal, lo que podría afectar una candidatura antes de una resolución. Su propuesta de mantener el subsidio estatal al menos al nivel del año anterior tampoco incorpora una actualización expresa por inflación.
La discusión deberá atender esos vacíos y las definiciones que el proyecto universitario deja al Estatuto, especialmente el peso del voto y la integración electoral.
Para la comunidad, el alcance de la reforma dependerá de esas reglas: cuánto podrá decidir, cómo defenderá sus derechos y con qué recursos se cumplirán los cambios en la universidad.
Síguenos