Este 4 y 10 de abril, las dos iniciativas para crear la nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) cumplen un año sin ser analizadas en comisiones de la Legislatura local, pues los grupos que las promueven no se han puesto de acuerdo. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, advirtió la necesidad de que los universitarios sean quienes se pongan de acuerdo y den el contenido y sentido más adecuado a esta nueva ley, ya que son ellos quienes conocen la universidad y serán regidos por estos cambios.
Consideró que, bajo las condiciones actuales, de emergencia sanitaria y los conflictos internos en la Máxima Casa de Estudio será más complicado que rebasen ese 70 por ciento de coincidencias con el cual arrancaron en abril del 2019.
La reforma universitaria se empezó a trabajar formalmente hace dos años: por un lado, un grupo de profesores e investigadores, y por el otro, el Consejo Universitario, quienes mantienen como principales diferencias los temas de reelección, elecciones abiertas, crear un Consejo Electoral y organizar elecciones para nombrar a un nuevo rector.
El tema no está considerado como prioritario para ningún grupo parlamentario en este periodo ordinario de sesiones, ni para el siguiente, en el cual se enfocarán a resolver temas con fecha de caducidad, por ejemplo, el paquete fiscal, las tablas de valor, las cuentas públicas, entre otros.
La reforma universitaria se empezó a trabajar formalmente hace dos años: por un lado, un grupo de profesores e investigadores, y por el otro, el Consejo Universitario, quienes mantienen como principales diferencias los temas de reelección, elecciones abiertas, crear un Consejo Electoral y organizar elecciones para nombrar a un nuevo rector.
Los primeros en entregar la iniciativa fueron los integrantes del grupo disidente: lo hicieron a través de la bancada parlamentaria de Morena el 4 de abril de 2019.
Sus propuestas cimbraron la Casa Verde y Oro, porque entre otras cosas pidieron elecciones por voto directo y secreto, se negaron a la reelección, propusieron dar 30 días naturales para nombrar a un nuevo rector o rectora, después de que se aprobara la ley.
Asimismo, pidieron crear un Consejo Electoral Universitario, a propuesta de la Legislatura local, para que organizará por única ocasión las elecciones de directores, consejeros y del rector; además, propusieron dar voz y voto a todos los planteles, incluidas las preparatorias en el Consejo Universitario, así como crear un Tribunal Universitario para juzgar y sancionar actos y controversias de responsabilidad universitaria y administrativa.
También, plantearon establecer causales de revocación del cargo de rector por mal manejo de recursos financieros, hacer obligatoria la presentación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos; que los legisladores nombren al auditor externo, entre otros aspectos educativos. La propuesta del Consejo Universitario llegó cuatro días después a la Cámara local, la propuesta del Consejo Universitario, acompañada de una marcha y manifestación de cientos de universitarios, así como de un documento que llevaba seis meses en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, esperando turno para ser presentada al Congreso, pues la UAEM no tiene facultades para proponer ajustes a la legislación.
Para nadie fue una sorpresa el sentido de las propuestas. Todas ya se habían ventilado en una consulta que hicieron en abril del 2018 y con la iniciativa se oficializó la idea de permitir la ratificación en el cargo por un periodo inmediato siguiente, por sólo una ocasión, siempre y cuando tenga el apoyo mayoritario de los tres sectores de la comunidad, lo cual opera tanto para directores, como para el rector, sin aplicar para los actuales.
Además, aceptaban someterse a todas las auditorías que determine el gobierno federal y estatal, aunque eso es una obligación legal, a la cual no puede oponerse de manera interna ninguna universidad, pese a su autonomía.
El mecanismo más criticado de esta iniciativa fue el de la ratificación, aunque no entraría en vigor en esta administración. Este mecanismo opera en al menos 80% de las instituciones públicas de educación superior del país, entre ellas la UNAM que constantemente hace uso de esta figura.
La diferencia de posicionamientos entre los diputados locales convocó a los dos grupos a ponerse de acuerdo, sin que lograran una sola reunión, por lo cual a la fecha subsisten las mismas diferencias: reelección, creación de un Consejo Electoral para renovar el Consejo Universitario y nombrar a un nuevo rector, así como el voto abierto y secreto.
Ninguno de los temas ha encontrado un justo medio y las iniciativas siguen en espera de una fecha para ir a comisiones y ser discutidas.