Un juez decretó este sábado la liberación por falta de pruebas de 11 manifestantes, incluido un estudiante chileno, recluidos en penales de alta seguridad por unos disturbios ocurridos la semana pasada en una protesta por la desaparición de 43 jóvenes en Guerrero (sur).
La decisión judicial fue inmediatamente celebrada por el gobierno de Chile, que había llevado a cabo gestiones diplomáticas reservadas para la liberación de su compatriota Laurence Maxwell.
«Esta es una muy buena noticia para su familia, para Laurence, para sus amigos, y por supuesto para el gobierno de Chile», expresó el canciller Heraldo Muñoz.
Los 11 manifestantes -ocho hombres y tres mujeres- habían sido detenidos durante una multitudinaria marcha el 20 de noviembre que derivó en un enfrentamiento con petardos y palos entre un grupo radical y policías antimotines en la neurálgica plaza del Zócalo de Ciudad de México.
Los detenidos fueron acusados por la fiscalía de crimen organizado, tentativa de homicidio y motín, pero familiares y ONG’s como Amnistía Internacional denunciaron que el proceso había sido arbitrario y no había evidencias en su contra, exigiendo su inmediata liberación.
Este sábado, el juzgado decimoséptimo de distrito de Xalapa, capital del estado de Veracruz (este), decretó su puesta en libertad «por falta de elementos a favor de los once detenidos», informó el oficial Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en un comunicado.
Tanto los ocho hombres, recluidos en un penal de alta seguridad de Xalapa, como las tres mujeres presas en otro centro similar en Tepic (oeste), «saldrán en libertad en cuestión de horas», dijo a la AFP una fuente del Consejo.
Desde el juzgado de Xalapa, el padre del chileno Maxwell expresó su alegría por la liberación de los detenidos, de quienes dijo «que no habían cometido ningún delito», y avanzó que podrían proceder contra autoridades mexicanas por violación de derechos humanos.
«Nuestra lucha por la inocencia de nuestros hijos es la lucha constante de todos los padres de América Latina por la libertad», dijo Alberto Maxwell.
Laurence Maxwell, que negó haber participado en los disturbios, estudia un doctorado en la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor del país.
– «Desalentar las protestas» –
La manifestación fue la última de una serie de protestas en México por la desaparición y posible masacre hace dos meses de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero) a manos de policías coludidos con narcotraficantes.
Este atroz crimen generó la peor crisis política en México desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en 2012 y agudizó la gran desconfianza ciudadana ya existente hacia las fuerzas de seguridad.
Amnistía Internacional expresó sus sospechas de que las detenciones pudieron tener el objetivo de disuadir futuras protestas.
La reclusión en penales de alta seguridad de los detenidos y la debilidad de las acusaciones, basadas únicamente en el testimonio de policías, «plantean la cuestión de si existe un intento deliberado para desalentar las protestas legítimas», dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según el juzgado de Xalapa, «los imputados declararon no conocerse entre sí ni pertenecer a ningún grupo delictivo» y «ninguno de ellos reconoció haberse encontrado» frente a la entrada al Palacio Nacional, donde ocurrieron los disturbios.
Aunque las manifestaciones más contundentes se han registrado en Guerrero, en Ciudad de México también han tenido lugar varias marchas masivas. En una de ellas, el 8 de noviembre, un grupo de manifestantes trató de derribar y prender fuego la puerta principal del emblemático Palacio Nacional.
La fiscalía mexicana no se ha pronunciado sobre la decisión judicial, pero el viernes volvió a ser objeto de críticas de abuso de autoridad debido a otra detención, la del estudiante de la UNAM y activista Sandino Bucio, quien fue llevado a declarar a la unidad especial contra el crimen organizado y después liberado sin que se especificara de qué delitos era sospechoso.
Compañeros y políticos, como el diputado federal por el izquierdista PRD Fernando Belaunzarán, denunciaron que la detención de Bucio -de la que han circulado imágenes- fue a manos de policías vestidos de civil que lo introdujeron en un coche no oficial y después lo amenazaron y golpearon.
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