Doce años después, México sigue sin saber qué ocurrió con 40 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Tampoco cuenta con una explicación judicial completa sobre la participación de policías, criminales y autoridades en los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Este sábado, madres y padres de los normalistas marcharon nuevamente del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. La autoridad capitalina calculó una asistencia de 5 mil personas; otras estimaciones la situaron por encima de 7 mil.
Con las fotografías de sus hijos al frente, las familias exigieron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes —GIEI—, la entrega de los archivos militares pendientes y la extradición de los exfuncionarios que abandonaron México antes de enfrentar a la justicia. www.ssc.cdmx.gob.mx

Tres gobiernos federales han intervenido en el expediente. Ninguno ha podido responder la pregunta esencial: dónde están los estudiantes.
Edomex recuerda a los 43
En Toluca, el aniversario tuvo una expresión cultural y universitaria.
El Centro Toluqueño de Escritores presentó Ecos: Documental UAEMéx, un trabajo audiovisual sobre la participación de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México en las movilizaciones de 2014.
El documental reconstruye el efecto que Ayotzinapa tuvo en la comunidad universitaria y en sus formas de organización política. Aquellas protestas alcanzaron facultades, preparatorias y espacios públicos del Valle de Toluca. lajornadaestadodemexico.com
El 23 de septiembre, integrantes del Comité Cerezo también realizaron una brigada en Ciudad Universitaria. Colocaron carteles y distribuyeron información sobre Ayotzinapa y la desaparición forzada.
En el Estado de México no se registró una movilización semejante a la marcha nacional. La conmemoración quedó concentrada en actividades de difusión, memoria y recuperación documental.
La conexión con el peñismo mexiquense
Ayotzinapa ocurrió en Guerrero, pero una parte de su historia política conduce al Estado de México.
Enrique Peña Nieto, originario de Atlacomulco y exgobernador mexiquense, ocupaba la Presidencia de la República cuando desaparecieron los estudiantes.

Durante su administración, la entonces Procuraduría General de la República afirmó que los jóvenes habían sido entregados por policías municipales a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.
El procurador Jesús Murillo Karam bautizó aquella explicación como la “verdad histórica”.
Los peritajes independientes y los informes del GIEI desmontaron sus elementos centrales. Las investigaciones posteriores documentaron torturas, declaraciones obtenidas ilegalmente, irregularidades procesales y manipulación de evidencias.
Peña Nieto sostuvo esa versión incluso después de que había sido cuestionada científicamente. No está imputado por el caso, pero encabezó el gobierno durante la desaparición y la construcción de una explicación oficial que pretendió cerrar las investigaciones.
Al terminar su mandato, en 2018, se retiró de la vida pública. Estableció su residencia en España y ha pasado largas temporadas en Punta Cana, República Dominicana.
Las familias de los normalistas, en cambio, continúan recorriendo las calles cada septiembre.
Tomás Zerón: del Edomex a Israel
La conexión con el aparato de seguridad mexiquense aparece con mayor claridad en la trayectoria de Tomás Zerón de Lucio.
Antes de encabezar la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Zerón ocupó cargos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Fue coordinador de Investigación y Análisis bajo el mando de Alfredo Castillo Cervantes y se integró al grupo de funcionarios de seguridad formado durante el gobierno de Peña Nieto.

En 2013 pasó al Gobierno federal. Un año después se convirtió en uno de los principales responsables de las diligencias sobre Ayotzinapa.
Las investigaciones documentaron irregularidades en una actuación realizada en el río San Juan, así como torturas contra detenidos y manipulación de elementos empleados para apuntalar la “verdad histórica”.
Zerón enfrenta órdenes de aprehensión por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Huyó de México y desde 2019 permanece en Israel. Las solicitudes para extraditarlo no han prosperado. www.jornada.com.mx
Su paso por la Procuraduría mexiquense permite rastrear el origen de una élite de investigadores que después ocupó posiciones centrales en el Gobierno federal.
Alfredo Castillo no está imputado por Ayotzinapa. Sin embargo, la dependencia que dirigió fue la plataforma desde la cual Zerón llegó al primer círculo de la seguridad peñista.
Murillo Karam sigue sin sentencia
Jesús Murillo Karam enfrenta procesos por desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
En julio de 2026, un juez sustituyó su prisión domiciliaria por el uso de un brazalete electrónico y restricciones de movilidad. El exprocurador continúa procesado, pero fuera de prisión por razones de salud.

Es el funcionario de mayor rango llevado ante un juez por la construcción de la “verdad histórica”. Cuatro años después de su detención, no existe una sentencia.
El caso acumula expedientes, acusaciones y órdenes de aprehensión, pero todavía no ofrece a las familias una explicación completa ni castigo para todos los responsables.
Los documentos militares
Otro punto sin resolver son los 853 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala.
Las familias consideran que contienen información recabada por las Fuerzas Armadas antes, durante y después de los ataques. Un juez ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la totalidad de los documentos, pero los representantes de los padres sostienen que la información sigue incompleta. elpais.com
El Ejército vigilaba a los normalistas, tenía información sobre las actividades de Guerreros Unidos y recibió reportes mientras ocurrían las agresiones.
Falta establecer hasta dónde llegó su intervención: si hubo únicamente seguimiento y omisiones o si algunos militares participaron directamente.
El GIEI dejó México en 2023 después de denunciar que las Fuerzas Armadas impedían el acceso completo a sus archivos. En la marcha por el duodécimo aniversario, las familias pidieron nuevamente el regreso de los expertos.
La detención de Ángel Aguirre
La investigación registró uno de sus mayores movimientos en agosto de 2026 con la detención de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes.

La FGR lo acusa de obstaculizar las investigaciones y participar en el ocultamiento de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala. En esos videos habría quedado registrado el paso de uno de los autobuses ocupados por los normalistas.
Aguirre fue detenido en el Estado de México y permanece recluido en el penal federal del Altiplano. Su procesamiento llevó la investigación hasta el responsable político del gobierno estatal de aquella época. alertaamber.fgr.org.mx
La Fiscalía también indaga si Guerreros Unidos utilizó crematorios de funerarias de Iguala para desaparecer cuerpos. Ocho personas han sido detenidas desde finales de 2025 por esa línea.
Los familiares la observan con recelo. Después de la fabricación de la “verdad histórica”, cualquier nueva hipótesis necesita pruebas científicas independientes y una cadena de custodia sin irregularidades.
Tres identificados; 40 desaparecidos
En doce años solamente han sido identificados restos de Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Los otros 40 estudiantes permanecen desaparecidos.

El expediente rebasa los 3 mil tomos y contiene alrededor de cinco millones de páginas. Su tamaño revela la magnitud del caso, pero también el laberinto burocrático en que terminó convertido.
Una parte de la información fue manipulada. Otra continúa bajo control militar. Algunos de los funcionarios señalados salieron del país. Varias pruebas fueron obtenidas ilegalmente y facilitaron la liberación de detenidos.
Peña Nieto vive retirado fuera de México. Tomás Zerón permanece en Israel. Murillo Karam no ha recibido sentencia. El Ejército conserva documentos reclamados por las familias.
Los padres siguen marchando.
En Toluca, las imágenes de las protestas universitarias de 2014 volvieron a proyectarse doce años después. Los rostros son los mismos y también la pregunta:
¿Qué ocurrió con los 43 normalistas y quiénes decidieron ocultarlo?


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